Procesaron a la anarquista que puso una bomba en el cementerio de Recoleta y terminó herida

Anahí Salcedo, la anarquista que puso una bomba en el cementerio de Recoleta, fue procesada por integrar una banda que intentó imponer sus ideas por la fuerza. También la procesaron por el delito de “estrago” en dos oportunidades: no solo por atacar la tumba de Ramón Falcón, sino por el atentado frustrado en la casa del juez Claudio Bonadio. El juez federal Julián Ercolini dispuso además un embargo sobre sus bienes por la suma de un millón de pesos.

“Teniendo en cuenta la envergadura de la investigación llevada a cabo, los recursos humanos y técnicos de las fuerzas de seguridad que se encuentran afectados a las diversas tareas que fueran encomendadas en la presente, el costo de los peritajes que ya se han realizado, como así también aquellos que se encuentran en curso y los que sean susceptibles de realizarse en el futuro; todo ello sumado a los gastos en los que se incurrió para atender el estado de salud de Anahí Esperanza Salcedo, y los daños que fueron ocasionados al mausoleo de Ramón Falcón en el Cementerio de La Recoleta, y sus inmediaciones, estimo suficiente para cumplir con el objetivo de las previsiones legales citadas, fijar el embargo a mandar trabar sobre los bienes de Anahí Esperanza Salcedo en la suma de un millón de pesos”, dijo el juez.

Salcedo era la única de la banda de anarquistas que no había sido procesada. Es que las lesiones en su cara y la perdida de tres dedos en el atentado la obligaron a estar internada hasta que, finalmente, hace unas semanas estuvo en condiciones de prestar declaración indagatoria. Trasladada a la cárcel de Ezeiza, donde permanece, Salcedo fue notificada de su procesamiento.

La semana pasada, la Cámara Federal confirmó las acusaciones y las prisiones preventivas de los otros acusados en el caso y se encaminan hacia juicio oral. Sin embargo, el juez todavía espera el resultado de una serie de medidas claves, como "el análisis de las comunicaciones efectuadas con los teléfonos celulares secuestrados en el marco de los allanamientos realizados en autos, de los que podría llegar a extraerse, en la eventualidad, información que pueda resultar útil para profundizar la investigación y las diligencias encomendadas a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal".

"Se aprecia la complejidad de la maniobra investigada, en la que han tomado intervención varias personas. Se trata de una organización de la que forman parte, cuanto menos, Hugo Alberto Rodríguez, Marcelo Oscar Medina, Juan Manuel Rodríguez, Roberto Omar Medina, Gastón Cárdenas, Clarisa Cárdenas, Ernesto Marinangeli, Álvaro Gonzalo Godoy, Julieta Fernández, Marco Nicolás Viola y Anahí Esperanza Salcedo. Además, teniendo en cuenta el estado en que se encuentra la investigación, no puede descartarse la posibilidad de que existan otros sujetos vinculados a la organización, no identificados a la fecha, que puedan prestar ayuda a la imputada para profugarse", se añadió.

Los hechos investigados ocurrieron el 14 de noviembre, cuando Anahí Esperanza Salcedo y Hugo Alberto Rodríguez fueron al Cementerio de Recoleta, en la calle Junín 1760 de esta ciudad, para dirigirse al mausoleo en el que se encuentran los restos de Ramón Falcón -bóveda identificada con el número “111”-. Allí, entre las 17:10 y las 17:24, colocaron un artefacto explosivo que detonó y provocó daños en el lugar y en sectores adyacentes. La mujer fue llevada al Hospital Fernández, donde permaneció internada hasta el 10 de enero. Presentaba heridas en su rostro y habían tenido que amputarle tres dedos de su mano izquierda, debido a la explosión de un artefacto. Su pareja fue arrestado en las inmediaciones el hospital.

Ese mismo día, a las 19.20 horas, Marco Nicolás Viola arrojó desde la vereda un artefacto explosivo de fabricación casera al interior del perímetro del domicilio particular del juez Bonadio, "poniendo de tal modo en peligro la vida del magistrado, de sus familiares y de toda persona que pudiere transitar por el lugar", señaló Ercolini.

"Ese artefacto fue arrojado por Viola hacia el vehículo del juez, que estaba estacionado en el garage semicubierto del interior de su vivienda, y contaba no sólo con poder explosivo sino también incendiario, al estar unido a garrafas de gas butano; asimismo, tenía adosada a su superficie una serpentina de caño de cobre, cuya fractura, de producirse la detonación, tenía aptitud para generar fragmentos (esquirlas metálicas) que al despedirse potenciarían su capacidad de daño y lesiones. Dicho ingenio explosivo no detonó, puesto que el sistema de detonación consistía en un artilugio de pirotecnia que una vez encendido y arrojado por el nombrado, se desprendió y cayó antes de activar el artefacto", se explicó. Viola intentó darse a la fuga pero fue atrapado, mientras que el artefacto fue denotado de manera controlada, sin producir daños ni lesiones.

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