
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a indagatoria a las ex autoridades de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) en una causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de administración fraudulenta, usurpación, desobediencia e impedimento o estorbo de acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Están imputados los ex co-presidentes de la agrupación Julián Ismael Asiner, militante del Partido Obrero; Adrián Lutvak, del movimiento de izquierda Patria Grande, y el ex titular de la Inspección General de Justicia, Diego Martín Cormick.
La causa se inició por una denuncia que presentó el abogado Ricardo Monner Sans, en la que pidió investigar en primer lugar cuál había sido la tarea de control por parte de la IGJ con respecto al accionar de la FUBA. Además denunció el manejo espurio dentro de la organización estudiantil y advirtió sobre la posible desviación de dinero hacia partidos políticos. Monner Sans hizo saber que la FUBA estaría usando espacios físicos que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires en los que llevaría a cabo una actividad comercial que le estaría generando importantes ingresos no reflejados en los libros contables que debería haber controlado la Inspección General de Justicia.
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Recibida la denuncia, el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó una serie de medidas de prueba a fin de corroborar lo manifestado en la denuncia. Entre ellas, requirió que la FUBA entregue el estatuto de constitución de dicha asociación, la nómina de autoridades y las sucesivas renovaciones de autoridades que se hubieran efectuado y todas las constancias relativas al manejo de los fondos, actividades comerciales, balances de la FUBA, como así también, aquellas relacionadas con la cesión de espacios físicos realizada por parte de la UBA. Cuando se presentó la policía en la sede de la asociación, dos personas que dijeron ser los responsables informaron que no contaban en el lugar con la documentación solicitada.
Intimados para que la entreguen en la fiscalía en el plazo de 48 horas, los co-presidentes en ese momento de la FUBA presentaron un escrito designando abogados acompañando solamente un acta de una reunión de 2015, una copia del estatuto y un listado de las autoridades. No presentaron ni libros contables ni balances ni constancias relativas al manejo de fondos de la FUBA.
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Marijuan también solicitó a la UBA que indique qué lugares físicos habían sido cedidos a la FUBA. En esos espacios cedidos, la Policía Federal constató que la Federación Universitaria cuenta con centros de copiado. También a pedido del fiscal, la AFIP realizó tareas en esos lugares que explota comercialmente la FUBA en los que verificó que el personal que desarrolla tareas en los centros de copiado -en algunos casos monotributistas- manifestaron que trabajaban para la Federación Universitaria o eran militantes de esa asociación.
Por su parte, la IGJ informó -a pedido de Marijuan- que la FUBA desde el año de su constitución y hasta la actualidad no ha presentado documentación alguna que acredite su regular funcionamiento. Adeuda la documentación correspondiente a sus estados contables desde el año 2001, celebración de asamblea y la comunicación e inscripción de sus autoridades.
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Con todos esos elementos, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que Asiner, Lutvak y Cormick sean citados a indagatoria y solicitó además que el juez ordene a la IGJ le retire la personería jurídica a la FUBA y que haga cesar la usurpación en los espacios cedidos por la Universidad de Buenos Aires.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó a prestar declaración indagatoria a Julián Asiner y Adrián Lutvak para el 5 de julio y a Diego Cormick para el 13 de este mes.
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