
A partir de una denuncia que llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre el presunto desvío de fondos en la Fundación Leo Messi, se abrió una causa judicial contra la ONG que maneja la familia del astro futbolístico.
El expediente se inició por los datos y documentos que envió por mail a la Procelac un particular que pidió reserva de identidad. El denunciante trabajó junto a la Fundación para proyectos con fines benéficos, pero que se alejó al ver "manejos poco transparentes".
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Por sorteo, la causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60 de Luis Schelgel, aunque la investigación está delegada en la Fiscalía N° 61, a cargo de Andrea Giudice.
La Procelac envío la información recibida al fiscal Ignacio Mahiques, quien en 2016 ya había tramitado una causa contra la Fundación por una denuncia realizada por Alejandro Rebosio contra Jorge Messi –padre del jugador-, por presunta administración fraudulenta.
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Rebosio era director ejecutivo de Social Team SA, una firma que se dedicaba a buscar fondos para la Fundación, destinados a proyectos en favor de la salud y educación en la infancia. Una vez terminado el vínculo comercial, Rebosio le reclamó a Jorge Messi USD 15 millones por supuestas comisiones impagas.
La denuncia hacía referencia a un acuerdo firmado en 2012 por la Fundación con la compañía uruguaya Lamfur S.A. para la comercialización de merchandising con la marca "Fundación Leo Messi".
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Parte de lo recaudado se destinaría a "generar recursos para los proyectos sociales".
En el Acuerdo aparecía como intermediaria la firma LIMECU, acrónimo por Lionel Messi Cuccittini. El pago acordado de USD 300.000no se hizo a una cuenta de la Fundación, sino a la cuenta en un banco de Andorra de una firma británica, Hanns Enterprises Ltd. Para la transferencia se utilizó el Bank of New York Mellon como intermediario. Según el denunciante, esta operatoria implicaría un desvío de fondos de la Fundación hacia una empresa privada de los Messi.
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Esa denuncia fue desestimada por el fiscal Mahiques ya que Rebosio –con el patrocinio de Fernando Burlando- no aportó documentos y no se presentó a ratificarla. Sin embargo, el fiscal en su dictamen dejó abierta la puerta a que pudiera reabrirse si surgían nuevos elementos de prueba. Desde el entorno del jugador siempre negaron el desvío de fondos hacia empresas propias, y sostuvieron que la denuncia obedecía a un intento de chantaje.
Parte de esta información, acompañada de documentación y otros elementos, fue incluida en la nueva denuncia que llegó a la Procelac y que dio origen a esta nueva causa en la Justicia argentina.
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La filial en Rosario bajo la lupa
Tras la salida de Social Team y Rebosio, la Fundación pasó a estar manejada exclusivamente por la familia Messi. En España, el presidente es el hermano del jugador, Rodrigo, y su esposa Florencia Parisi es la secretaria. Leo y su padre Jorge –quien realmente la maneja-, son vocales del Directorio.
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La sede argentina fue creada en 2009 en Rosario. La AFIP le bloqueó el CUIT (30-71114212-2) por no haber presentado sus DDJJ durante tres períodos consecutivos. No regularizó su situación y sigue en esa condición actualmente.
Según los registros de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia Santa Fe, aparece inscripta otra filial bajo el nombre Fundación Privada Leo Messi Argentina, con la misma dirección en Rosario, pero diferente CUIT (30- 71222330-4). Tiene como vicepresidenta, desde el 11 de noviembre del 2011, a la madre de Messi, Celia María Cuccittini.
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Ninguna de las dos filiales presentaron balances ante el organismo correspondiente en la provincia de Santa Fe, pese a que estaban obligadas a hacerlo por las normas que rigen en la provincia. Durante todos estos años, recibieron dinero de la Fundación en España, de donaciones y de convenios firmados con privados que le pagaron por utilizar su nombre en proyectos y productos "sociales".
La Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe abrió este último mes dos inspecciones de oficio, tanto a la filial española en Rosario, como a la filial local. Los expedientes fueron abiertos por la delegación rosarina del organismo, y según las irregularidades que detecte, podría presentar una denuncia judicial.
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