El juez Alberto Baños ordenó la liberación de los cinco detenidos por el ataque homofóbico al joven rugbier Jonathan Castellari, tras considerar la inexistencia de riesgo de fuga ni entorpecimiento de la causa. Con el pago de fianzas de hasta 50.000 pesos, los acusados lograron recuperar su libertad tras pasar en prisión más de 24 horas.
Jonatan Antony Romero Escobar, apresado en la madrugada del jueves, fue el último de los detenidos, y hoy ya había recuperado su libertad.
La Justicia todavía busca a otras dos personas que habrían participado del ataque contra Jonathan Castellari, quienes fueron identificados pero no pudieron ser detenidos ya que no se encontraban en el domicilio declarado.
Federico Méndez, abogado de la víctima, confirmó a la agencia Télam que los cinco detenidos fueron "liberados por entender que no van a entorpecer con el proceso, fueron liberados bajo caución real -una fianza- que en algunos casos fue de 50.000 pesos".
Los otros imputados que recuperaron su libertad son Alejandro y Gastón Trotta, Juan Ignacio Olivieri y Facundo Curto. Todos tienen entre 20 y 25 años y están acusados de la agresión que el 1 de diciembre sufrió Castellari, un jugador de Ciervos Pampas, el primer equipo gay de rugby del país.
Del ataque habrían participado en total ocho varones que comenzaron a hostigar a Castellari dentro de un local de comidas rápidas ubicado en Avenida Córdoba y Acuña de Figueroa para, una vez afuera, tirarlo al piso y golpearlo brutalmente. "Te vamos a matar por puto", le gritaron.
Por las lesiones ocasionadas, el joven estuvo a punto de perder la visión del ojo derecho y tuvo que permanecer varios días hospitalizado.
En un principio, la causa fue caratulada como "tentativa de homicidio agravada por la orientación sexual". Desde la ONG 100% Diversidad y Derechos denunciaron que Baños decidió cambiarla por "lesiones graves, agravadas por la orientación sexual", una versión que según el abogado de la víctima todavía no se pudo confirmar.
De todos modos, las agrupaciones LGBT destacan la importancia de que en la imputación se mantenga como agravante la orientación sexual ya que sentaría un precedente para castigar las agresiones homofóbicas.
Greta Penna, presidenta de 100% Diversidad y Derechos señaló que "igualmente las penas por lesiones son altas y lo importante es que se mantiene como agravante su orientación, porque a Jonathan le pegaron por su orientación no para robarle un celular, esto sienta un precedente y ayuda a visibilizar el problema".
La directora del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid, adelantó que insistirá para que se mantenga el cargo de tentativa de homicidio "porque con los golpes que recibió a nadie se le escapa de que lo podrían haber matado".
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