Silvia Adriana Díaz asumió en 2009 como camarista civil. Pero un año después sufrió una enfermedad que desde entonces la tiene internada en coma. Los médicos determinaron que su cuadro es irreversible.
La situación es inédita en tribunales: Dِíaz no puede ejercer más el cargo pero tampoco puede renunciar, una decisión y un trámite que es personal. Para lograr la salida será destituida en un juicio político por incapacidad física.
El caso lo lleva la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación que ya inició el proceso para apartar del cargo a Díaz.
De carrera judicial, autora de libros y profesora de derecho procesal civil en la Universidad de Buenos Aires, Díaz fue jueza civil de primera instancia y en 2009 asumió como magistrada de la Cámara. Al poco tiempo se le diagnosticó un tumor cerebral por el que tuvo que ser operada. Luego se resintió de la enfermedad y desde junio de 2010 está internada con un cuadro irreversible. El Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema concluyó que tiene una "incapacidad laboral total y permanente".
Díaz, de 58 años, sigue siendo jueza pero no puede ejercer el cargo. Los motivos para que un juez deje la función son tres: renuncia, fallecimiento o juicio político. En el caso de la magistrada no puede renunciar porque no tiene la capacidad para hacerlo y está viva. La única alternativa es el juicio político.
La ley establece ocho causales para destituir a un juez. Todas son por mal desempeño de sus funciones, lo que no ocurre en el caso de Díaz. De hecho nunca fue sancionada ni recibió ningún reproche por su ejercicio como magistrada. El último de los motivos es por "incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo".
La norma también establece que cuando un juez es destituido pierde la jubilación excepto cuando el caso es por incapacidad.
La situación causa disgusto en la Cámara Civil. "Sacarla de esa manera es una mancha. Se debería generar la vacante con un sistema más simple. Una vía es que un juez civil disponga el cese del cargo", le dijo a Infobae Claudio Kiper, compañero de Díaz en la Sala H del tribunal.
Pablo Tonelli, diputado del PRO y presidente de la Comisión de Disciplina de Acusación del Consejo, coincide. "Estamos analizando la posibilidad de presentarnos en la causa civil para que el magistrado eventualmente autorice a que el curador presente la renuncia en nombre de Díaz. Si podemos evitar el juicio político lo haremos", señaló.
Sin embargo, la situación no es sencilla. La familia de la jueza inició una causa civil en la que se determinó que la magistrada tiene restringida la capacidad para administrar y disponer de sus bienes, por lo que esa función quedó a cargo de su hijo en el rol de curador. Pero la renuncia de la magistrada no la puede realizar su hijo.
La ANSES le otorgó en agosto pasado la jubilación por incapacidad pero debe darse el cese del cargo para que la familia la pueda percibir.
Tonelli aclaró que en el juicio político se hará expresa mención a que no se debe a un mal desempeño de la magistrada sino a su situación de incapacidad.
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