Adopción: el proyecto que busca dar prioridad a las familias de tránsito después de un año

El debate sobre la protección de niñas y niños en situación de vulnerabilidad toma fuerza a raíz de un proyecto de ley que busca modificar el sistema de adopción y acogimiento familiar en el país. El texto propone que, tras un año bajo cuidado en una familia de tránsito, estos hogares puedan tener prioridad para adoptar. El proyecto también incorpora la figura del referente afectivo y plantea nuevas licencias para quienes adoptan, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad y protección.

Actualmente, la ley establece un plazo de 180 días —seis meses— para que la situación transitoria de estos niños se resuelva. Sin embargo, la realidad muestra que los tiempos suelen extenderse mucho más, llegando a uno, dos o incluso cuatro años en algunos casos. Esta extensión genera un impacto directo en la vida de los niños, quienes permanecen largos periodos bajo una medida que debía ser excepcional y breve.

La propuesta, presentada por el diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot, plantea transformar este escenario. A partir de los 365 días, la familia de tránsito podría inscribirse en el registro de adopción y ser evaluada junto a otros postulantes.

El objetivo es priorizar el vínculo ya construido si se considera que el entorno es seguro y adecuado. No implica una adopción automática, sino una evaluación prioritaria para quienes ya han acompañado el proceso desde el inicio.

Cambios en los plazos y la prioridad para la adopción

El principal cambio que introduce el proyecto consiste en ampliar el plazo transitorio de seis meses a un año antes de priorizar la adopción por parte de la familia de acogimiento. Actualmente, la ley prohíbe que estas familias adopten al niño que cuidan, una situación que la reforma busca modificar para favorecer la continuidad afectiva.

Bajo las nuevas reglas, si después de 365 días el niño continúa bajo cuidado de la misma familia de tránsito, este hogar puede iniciar el trámite de adopción. La familia será evaluada como cualquier otro candidato, pero con prioridad debido al vínculo y la estabilidad emocional ya generados. Este aspecto marca una diferencia significativa respecto a la legislación vigente, donde la imposibilidad de adopción para las familias de tránsito es absoluta desde el inicio.

El proyecto busca evitar que los niños pasen años en condiciones transitorias y que, en caso de no poder volver con su familia biológica, permanezcan en un entorno seguro y conocido. El texto no garantiza la adopción directa por parte de la familia de acogimiento, pero sí la prioridad para ser evaluada en igualdad de condiciones.

Referentes afectivos y mantenimiento de los vínculos

Otra novedad importante radica en la incorporación legal de la figura del referente afectivo. Este rol lo ocupa una persona cercana al niño durante su situación judicializada, que participa activamente en su vida diaria, lo acompaña en salidas, le celebra cumpleaños o lo visita con frecuencia. La ley actual no contempla la continuidad de este vínculo tras la adopción, una situación que puede resultar dolorosa para los niños.

El proyecto reconoce la importancia de estas relaciones y promueve su mantenimiento incluso después de la adopción o la revinculación familiar. De este modo, se busca preservar los lazos positivos formados durante la etapa de tránsito, entendiendo que los niños necesitan sumar afecto y no perder vínculos significativos.

La iniciativa también destaca la función que cumplen las familias de acogimiento. Estas familias actúan como puentes, acompañando a los niños mientras esperan una resolución definitiva sobre su futuro. El reconocimiento legal de sus lazos emocionales representa un avance respecto al enfoque anterior, que limitaba la posibilidad de mantener estos contactos.

Derechos laborales y licencias para familias adoptivas

La propuesta legislativa amplía los derechos de quienes adoptan, especialmente en materia de licencias laborales. Hasta hoy, las licencias por maternidad o paternidad para la adopción resultan muy limitadas en comparación con aquellas que corresponden a los nacimientos biológicos.

Con el nuevo proyecto, se prevé una equiparación de derechos, reconociendo la necesidad de acompañar la llegada de un niño adoptado con el mismo tiempo y protección que se otorga a otras familias. Esta medida apunta a garantizar una integración adecuada y un acompañamiento efectivo durante el proceso de adaptación familiar.

La ampliación de licencias busca reducir las diferencias y dificultades que enfrentan las familias adoptivas, fortaleciendo el proceso de adopción y la construcción de nuevos vínculos.

Objeciones y debate sobre la reforma

El proyecto no está exento de críticas. Una de las principales objeciones apunta a que priorizar la adopción por parte de la familia de tránsito después de un año podría legitimar la demora estatal en resolver la situación de los niños. La ley vigente marca un plazo de seis meses, aunque en la práctica nunca se cumple.

Premiar la demora con la opción de adopción podría desincentivar la resolución rápida de los casos y perpetuar los tiempos de espera. Además, surgen inquietudes acerca de posibles conflictos de intereses. Si una familia de tránsito espera adoptar al niño que cuida, podría verse condicionada en su acompañamiento, especialmente en situaciones donde la justicia evalúa la revinculación con la familia de origen.

El problema de fondo sigue siendo la falta de celeridad en las decisiones judiciales y administrativas. Aunque la reforma busca dar respuestas, el debate continúa abierto respecto a cómo proteger mejor los derechos de los niños y garantizar tiempos razonables en las definiciones.

Realidad de la adopción y mitos sociales

El sistema de adopción enfrenta un descenso en la cantidad de familias inscriptas y persisten mitos sobre la duración y complejidad del proceso. Muchas personas creen que adoptar lleva demasiado tiempo, cuando en realidad existen múltiples factores que influyen y que no siempre se corresponden con la percepción pública.

Las diferencias entre la demanda de bebés y niños pequeños y la realidad de los chicos que esperan una familia generan tensiones y desafíos. La nueva vía que propone el proyecto podría impactar en el perfil de las familias que se inscriben primero como tránsito con la esperanza de adoptar, lo que requiere un monitoreo cuidadoso para evitar distorsiones.

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