Muchas familias que recurren a tratamientos de reproducción asistida en Argentina enfrentan un dilema. Tras someterse a procedimientos médicos, deben decidir qué hacer con los embriones que no utilizaron. Sin un marco legal específico, la decisión sobre conservar, donar, ceder para investigación o descartar estos embriones genera incertidumbre y preocupación.
Fátima Silva, abogada especialista en derecho de familia, explicó en Infobae en Vivo que iniciar un proceso de reproducción asistida supone un gran desafío emocional.
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“Cuando no podés tener familia, el primer paso es empezar a averiguar, y eso ya implica un costo emocional enorme”, señaló. Silva detalló que habitualmente, en cada ciclo de tratamiento, las personas generan varios embriones que luego quedan almacenados, porque muchas veces logran el embarazo en el primer o segundo intento y no desean agrandar la familia.
La experta precisó que el 50% de los pacientes decide conservar los embriones sobrantes. Siete de cada diez pagan el mantenimiento anual de esos embriones, mientras que un 30% elige cederlos para investigación. Entre un 15% y un 25% opta por donarlos para que otros puedan intentar un embarazo.
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Dilemas familiares ante la falta de legislación
Silva subrayó que el principal problema surge cuando la familia no quiere o no puede tener más hijos. “El resultado de la ciencia puede ser exitoso, pero quedan embriones criopreservados que la familia no quiere volver a usar”, advirtió.

Según la abogada, la ausencia de una ley que regule el destino de los embriones criopreservados deja a las personas sin orientación ni respaldo para tomar decisiones. Antes de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los centros no se animaban a descartar embriones por temor a problemas legales.
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La aprobación de esa normativa impulsó a los centros a exigir definiciones a los titulares. “Te llaman y te dicen: ‘Tome una decisión, porque si usted no la toma en un tiempo determinado, nosotros vamos a descartar’”, relató Silva. Muchas personas prefieren donar sus embriones antes que autorizarlos a ser descartados, en parte porque donar resulta menos costoso para los receptores.
Silva aclaró que la donación de embriones no implica una transacción comercial. “No se comercializa el embrión”, afirmó. Sin embargo, remarcó que el vacío legal genera distintas respuestas judiciales: algunos jueces admiten la adopción en el momento de la transferencia, mientras otros la rechazan por falta de un marco normativo claro.
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Criterios judiciales y consecuencias sobre la identidad
La falta de regulación produce interpretaciones dispares en la justicia. “Para los jueces que admiten la adopción desde el primer momento, la vida inicia allí; otros consideran que no hay vida hasta un estadio posterior”, explicó la especialista. Estas diferencias dividen tanto a la sociedad como a los tribunales.
Silva advirtió sobre la problemática del historial genético. En la donación de embriones, los receptores no acceden a la información genética de los donantes. “Sin historial genético, los niños nacidos por esta vía no conocerán su origen ni la existencia de posibles hermanos”, afirmó. En la donación individual de óvulos o esperma, los centros sí conservan datos de antecedentes genéticos.
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La especialista señaló que la ausencia de datos puede complicar la salud futura de los niños y limitar el acceso a información relevante sobre antecedentes familiares. Además, advirtió que sin regulación, los centros no están obligados a conservar o compartir información sobre el origen de cada embrión.
Incertidumbre y decisiones individuales
Silva reconoció que muchas familias desconocen el destino de sus embriones. Algunas dejan de pagar el mantenimiento y no reciben información sobre si los embriones fueron descartados o donados. La abogada recomendó a quienes tengan dudas consultar al centro de fertilidad para obtener claridad sobre la situación.
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El costo por mantener un embrión criopreservado ronda los USD 200 al año. Silva señaló que tomar una decisión sobre el destino de los embriones implica una carga emocional, que muchas familias no logran resolver por falta de marco normativo.
Según la abogada, aunque existen bancos públicos y privados para donación de óvulos y esperma, los embriones permanecen en los propios centros y no hay bancos públicos de embriones en el país.
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Diferencias con la subrogación y el contexto internacional
Silva explicó que la donación de embriones se diferencia de la subrogación de vientre, aunque comparten algunos aspectos. En otros países existen bancos de embriones, pero la falta de legislación en Argentina impide su desarrollo. “Quienes buscan soluciones recurren a la justicia y solicitan medidas cautelares”, sostuvo Silva.
La especialista advirtió que la ausencia de regulación genera riesgos y fragilidad legal para las familias involucradas. Mencionó el caso de un niño nacido por subrogación y abandonado por sus progenitores, una situación que, según Silva, podría haberse evitado con una ley adecuada.
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Silva insistió en la urgencia de legislar sobre la donación y adopción de embriones, así como en la protección de la identidad y los derechos de los niños nacidos por esta vía. “Desde 2015 esperamos una ley. La sociedad avanza y la legislación no acompaña”, concluyó.
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