La anticipación como herramienta de justicia social y cómo planificar la vejez para vivir una vida que va a durar más

La primera vez que oí hablar sobre planificar la vejez tenía seis años. Mi abuela nos daba a cada una, como regalo de inicio de clases, la Libreta de Ahorro Postal que decía en su primera página: “Infancia previsora, vejez tranquila”. En cada cumpleaños sumaríamos una estampilla y así, nos decía, tendríamos la vida asegurada. Era una pedagogía simple de la anticipación: pensar el futuro cuando todavía parecía lejano.

La libreta se perdió en algún recodo de las mudanzas y de la vida. El segundo recuerdo que tengo asociado a la palabra jubilación es de los años noventa, cuando se privatizó el sistema. Yo tenía veintipico, trabajaba en la redacción de Página/12 y alguien pasó preguntando si elegíamos ir al sistema privado o quedarnos en el de reparto. No solo no tenía la menor idea de qué era lo mejor: no me importaba. La jubilación era algo que les pasaba a los viejos y para eso faltaba una vida. Reparto, dije, y me saqué el tema de encima. No había urgencia, ni cálculo, ni conciencia de largo plazo.

Hace unos días cumplí sesenta y festejé. Mucho. Festejé de verdad: con amigas, familia, risas, baile y esa sensación extraña de estar entrando en una etapa que durante años imaginé como un borde y hoy se parece más a una meseta larga, abierta, todavía llena de proyectos. Días después presenté los papeles de la jubilación. Treinta y dos años de aportes, un lujo en este país. El primer aporte lo hizo la Universidad de La Plata cuando yo tenía 24 años y era docente auxiliar. Docente, periodista, funcionaria: un largo camino. Todo en regla. Un trámite administrativo, pensé. Algo que se hace mientras se sigue trabajando, escribiendo, armando lo que viene. Como si el futuro pudiera seguir improvisándose.

Pero casi al mismo tiempo llegaron dos mails. El primero, de la prepaga: aumento cercano al cincuenta por ciento. No por una internación, no por un cambio de plan, no por una prestación nueva. Por edad. O, dicho sin eufemismos, por riesgo. El segundo, del seguro de vida: la cuota también subía y la cobertura se cortaba a los 75. Después de eso, nada. Como si a partir de ahí la vida quedara fuera de contrato. No era una advertencia dramática, era algo más inquietante: una señal de que el tiempo de no planificar se había terminado.

Sigo trabajando. Sigo generando ingresos. Sigo imaginando proyectos que no entran en la lógica del “retiro”. Pero algo se ordenó. No por miedo ni por angustia, sino por claridad. El sistema —ese entramado de jubilación, salud y seguros— empezó a mirarme distinto. No como alguien que produce, sino como alguien que puede costar. Y cuando eso ocurre, anticiparse deja de ser una opción y pasa a ser una necesidad.

Lo que me pasó no es una anécdota privada. Es demografía, y también es política pública.

En Argentina, según datos del INDEC, más del 12% de la población ya tiene 65 años o más, y las proyecciones oficiales indican que esa proporción crecerá con rapidez hasta ubicarse entre el 16 y el 17% hacia 2040. América Latina, advierte la CEPAL, está cerrando el bono demográfico: habrá cada vez menos personas activas sosteniendo a más personas mayores. La región envejece más rápido que Europa, pero con menos ingresos, mayor informalidad laboral y sistemas previsionales frágiles. En ese contexto, no anticipar es una forma de negar la realidad.

Durante décadas, la jubilación fue pensada como el final de la cuenta: un ingreso modesto pero estable para un tramo relativamente corto de la vida. Ese supuesto ya no existe. Para millones de personas, jubilarse abre veinte, veinticinco o treinta años más de vida, un tiempo demasiado largo como para atravesarlo sin planificación económica, sanitaria y social.

Lo que en mi mail aparece como “aumento”, en la macro aparece como problema económico global. En los últimos años, el Financial Times viene señalando que el principal impacto económico de vivir más años ya no está en el sistema previsional sino en el costo creciente del cuidado y de la salud prolongada. En su cobertura sobre envejecimiento y finanzas públicas, advierte que las economías están relativamente mejor preparadas para pagar jubilaciones que para sostener décadas de dependencia funcional. Es decir: el problema no es llegar, sino cómo se llega.

El verdadero costo de envejecer no está en el ocio ni en los viajes que alimentan la fantasía publicitaria de la “edad dorada”. Está en la salud sostenida y, sobre todo, en los cuidados. La diferencia entre una vejez autónoma y una vejez dependiente no es solo física: es económica. Y esa diferencia, cuando no se anticipa, se paga caro.

Los datos lo confirman. La Organización Panamericana de la Salud señala que en América Latina el gasto de bolsillo en salud sigue siendo elevado —en torno al 20 o al 30% del gasto total en salud, según el país— y tiene un impacto regresivo: pesa más en los hogares con personas mayores. Al mismo tiempo, la OCDE advierte en su informe Health at a Glance que el cuidado de largo plazo ya representa entre el 1,7 y el 2% del PBI en los países envejecidos y que ese gasto se duplicará o más hacia 2050. La anticipación, en este escenario, no es solo individual: es un desafío de planificación estatal.

La vejez no quiebra por la jubilación. Quiebra por los cuidados.

Esa misma idea aparece desarrollada en un dossier de The Economist sobre sociedades envejecidas, donde define a la brecha de cuidados como uno de los grandes desafíos económicos del siglo XXI: un problema que combina presión fiscal, desigualdad social y agotamiento de las familias, y que sigue siendo tratado como un asunto privado más que como infraestructura básica. Postergar esa discusión es, también, una forma de no planificar.

En los países que envejecieron antes, el cuidado es una política pública. En América Latina, en cambio, casi no existe como sistema. El Banco Interamericano de Desarrollo muestra que la dependencia funcional se dispara a partir de los 80 años y que, ante la ausencia de cobertura pública, el costo se privatiza en los hogares. Allí donde no hubo anticipación estatal, aparece la urgencia doméstica.

Cuando no hay política pública, hay reparto desigual. ¿Qué pasa entonces cuando aparece la dependencia? Pasa lo que vemos todos los días: el cuidado recae en las familias y, dentro de ellas, casi siempre en las mujeres. Hijas que reducen horas de trabajo, parejas que reorganizan su vida, ahorros que se evaporan pagando cuidadoras, enfermeras, medicamentos. Es una transferencia silenciosa de tiempo, dinero y salud emocional que podría haberse atenuado con planificación colectiva. El cuidado es la crisis invisible de la mediana edad y la vejez: trabajo esencial, no remunerado y poco reconocido, que define trayectorias de vida enteras, pero rara vez entra en las cuentas económicas tradicionales.

La evidencia académica va en la misma dirección. Un trabajo publicado en el Journal of Health and Social Behavior y citado por organismos internacionales muestra que el mayor impacto económico del envejecimiento no está asociado a la edad cronológica, sino a la pérdida de autonomía y a la necesidad de cuidados prolongados. Cuando esos cuidados no están cubiertos por sistemas públicos o seguros específicos, el costo se traslada a las familias, profundizando desigualdades y acelerando procesos de empobrecimiento. La anticipación es, aquí, una herramienta de justicia social.

Los hogares que no son pobres pero tampoco ricos quedan especialmente expuestos cuando aparece la dependencia: seguros que no cubren cuidados prolongados, ahorros que se consumen rápido y decisiones que llegan tarde. El cuidado de largo plazo aparece allí como el gasto menos planificado y el más devastador para la estabilidad económica del hogar.

En Argentina, estas preguntas aparecen con fuerza a partir de los 60. La prepaga se encarece, la antigüedad se vuelve clave, la posibilidad de cambiar de plan se reduce. El paso a una obra social o a PAMI puede ser una decisión elegida o una imposición económica. En cualquiera de los casos, marca trayectorias muy distintas de envejecimiento. Bancos, aseguradoras y prepagas siguen diseñando productos para una vejez corta, cuando el tramo más caro de la vida empieza después de los 80. La OCDE habla de riesgo de longevidad subasegurado: las personas viven más tiempo del que sus recursos y coberturas pueden sostener. Anticipar ese riesgo no es filantropía: es diseño económico en serio.

Pero hay una trampa en pensar la vejez solo como un problema individual. Porque aunque cada persona haga todo “bien”, el resultado depende de sistemas más amplios: sistemas previsionales hoy tensionados, sistemas de salud fragmentados y una ausencia casi total de políticas de cuidado. La CEPAL lo plantea con claridad: el envejecimiento en América Latina ocurre en contextos de alta desigualdad y sin sistemas de cuidado consolidados. Sin planificación pública, la planificación individual no alcanza. Sin una red pública de cuidados robusta, la longevidad tiende a ampliar la desigualdad y a sobrecargar a las familias, un escenario que en América Latina apenas empieza a discutirse, muchas veces demasiado tarde.

Jubilación, salud y cuidados forman un triángulo inseparable. Discutir solo uno de esos lados es discutir a medias. Empiezan a aparecer respuestas parciales: sistemas públicos de cuidado, experiencias comunitarias, viviendas pensadas para envejecer, articulaciones público-privadas. Ninguna es mágica. Todas requieren inversión, planificación y tiempo. Pero señalan un camino posible para una sociedad que sabe que va vivir más. Y quiere hacerlo con placer y dignidad.

En estos días volví a pensar en la libretita de la Caja Nacional de Ahorro. En esa frase de la primera página que prometía una vejez tranquila a fuerza de previsión y estampillas. No sé dónde estará ni para qué serviría hoy, en un mundo de inflación, digitalización y vidas largas. Pero la idea que la sostenía sigue siendo válida: anticipar para no llegar a la intemperie. Lo que quedó viejo es el mundo que la rodea.

La nueva longevidad debe diseñarse y planificarse, si no queremos que pase a ser un nuevo privilegio.