La clausura de un geriátrico clandestino en el barrio San Isidro de Posadas, en la provincia de Misiones, desencadenó una serie de intervenciones de organismos estatales, después de que una denuncia vecinal pusiera en evidencia la situación de cinco adultos mayores alojados en condiciones irregulares.
Según informó la Policía de Misiones, la actuación se inició a raíz de un aviso recibido el lunes 19 de enero en la Comisaría 15ª, cuando una residente observó a una persona de edad avanzada salir de una vivienda pidiendo ayuda y solicitando la presencia policial. El episodio llevó a la rápida intervención de autoridades municipales y provinciales, que constataron la gravedad de lo que ocurría en el inmueble. En la denuncia se indicó que en el lugar residían adultos mayores y se les sustraía dinero.
El operativo, realizado durante la mañana en una vivienda de la manzana 12 del barrio San Isidro, contó con la presencia de efectivos de la Unidad Regional X y representantes de distintas áreas de la Municipalidad de Posadas.
También participaron la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y la Dirección de Fiscalización de Seguridad y Contaminación Humana. El procedimiento reveló que la casa funcionaba como un geriátrico no habilitado, sin autorización municipal y sin cumplir las condiciones mínimas para el cuidado de adultos mayores.
Al ingresar al lugar, las autoridades corroboraron la presencia de cinco adultos mayores, quienes compartían el espacio con cuatro o cinco mujeres más. Sebastián Báez, director de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, detalló que el inmueble carecía de heladera, freezer, medicamentos y botiquín. Tampoco existían historias clínicas ni registros sanitarios de los residentes.
Báez describió que el estado del lugar no reunía ninguna de las condiciones mínimas exigidas, y sostuvo que “no estaba en condiciones para recibir abuelos, ni siquiera para que viva una persona”, según declaraciones recogidas por el portal local Misiones Online.
La inspección también evidenció la ausencia de salidas de emergencia, controles médicos y condiciones adecuadas de higiene, ventilación y seguridad.
Personal de medicina policial y de la Policía Científica realizó las pericias correspondientes, mientras que la Municipalidad de Posadas avanzó al día siguiente con la clausura definitiva del establecimiento, conforme a la orden emitida por el juez Ricardo Balor, según Misiones Online.
Respecto a la situación de las personas alojadas, tres de los adultos mayores fueron restituidos a sus familiares, quienes firmaron la documentación pertinente y asumieron el compromiso de su cuidado.
Los otros dos, sin familiares localizables, fueron derivados al Geriátrico Público de Miguel Lanús, donde permanecen bajo seguimiento sanitario y resguardo estatal. El seguimiento de estos casos, tanto para quienes regresaron a sus hogares como para quienes permanecen institucionalizados, continúa bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
El supuesto responsable del geriátrico intentó justificar el funcionamiento del lugar presentando documentación relacionada con limpieza y fumigación, y argumentando que el trámite de habilitación estaba en curso.
Sin embargo, Báez explicó que ningún trámite administrativo podía subsanar las falencias estructurales detectadas en la vivienda. “El inmueble no cumplía con los requisitos básicos, como dimensiones adecuadas de los baños, ventilación en las habitaciones, espacios seguros ni condiciones mínimas de dignidad para alojar adultos mayores”, afirmó el funcionario.
El caso quedó bajo investigación judicial, en manos del juez Balor, mientras las autoridades continúan recabando información sobre las responsabilidades en la gestión del lugar y el posible perjuicio a los residentes.
Desde la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública, Báez recordó que en Posadas solo existen seis geriátricos habilitados y recomendó a la comunidad consultar el listado oficial disponible, así como acceder al asesoramiento gratuito para evitar nuevas situaciones similares.
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