“Represión transnacional” en Nicaragua: advierten de amenazas y ejecuciones fuera del país

La defensora de derechos humanos Wendy Flores advirtió sobre la “represión transnacional” ejercida por el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, dirigida contra opositores y críticos en el exilio.

Flores, vicepresidenta del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que su organización ha registrado “más de 200 casos de amenazas, atentados y otras acciones en el exilio, así como nueve ejecuciones en Honduras y Costa Rica desde 2019 a 2025”.

Esta declaración la realizó durante una intervención virtual ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

La activista denunció el exilio forzoso, la pérdida arbitraria de la nacionalidad y la apatridia como parte de la represión transnacional del régimen Ortega-Murillo. Agregó que el equipo del colectivo, con sede en San José, enfrenta “altos riesgos para su vida y seguridad en Costa Rica por seguir alzando sus voces”.

Flores consideró fundamental “la realización de estrategias que aseguren la recuperación de la identidad de quienes han sufrido exilio, desnacionalización y apatridia”.

Solicitó a la Unión Europea impulsar acciones como presentar demandas contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por violaciones a la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia y a la Convención contra la Tortura.

Además, pidió facilitar mecanismos para otorgar la nacionalidad a personas apátridas y mantener la protección internacional a las víctimas, así como denunciar ante la Corte Penal Internacional a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos de manera extraterritorial.

Flores se identificó como una de las 873.000 personas que han abandonado Nicaragua desde abril de 2018, tras el inicio de una revuelta social provocada por una polémica reforma a la seguridad social. Detalló que, entre febrero de 2023 y la actualidad, “la dictadura Ortega Murillo ha arrebatado la nacionalidad a 452 nicaragüenses”.

Añadió que, junto con la desnacionalización, “fueron expropiados sus bienes, sus nombres fueron cancelados del Registro Civil de las personas, afectando a niños y niñas, cuyas partidas de nacimiento fueron alteradas para ocultar al padre o madre del menor”.

También expuso que al menos el 33% de los desnacionalizados son adultos mayores y que se han documentado 292 personas impedidas de ingresar al país, “en un acto considerable a un destierro que junto con la negación de documentos de identidad los convierte en apátridas de facto, lo que trae como consecuencias una serie de violaciones a sus derechos humanos”.

Flores concluyó: “El exilio, la desnacionalización y apatridia se han convertido en una evidencia palpable de la crueldad del régimen, que en su afán de seguir silenciando las voces críticas y perpetuarse en el poder, ha extendido su persecución fuera del país”.

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