Logroño es un pueblo santafesino de apenas mil habitantes, ubicado en el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el departamento de 9 de Julio. Allí, la clausura por incumplimientos legales de un proyecto algodonero frustró la principal expectativa de empleo de la localidad. Con la obra detenida, la comunidad quedó sumida en la incertidumbre.
El conflicto comenzó cuando el Ministerio de Ambiente de Santa Fe inició acciones contra la firma Algoservicio S.A., que impulsaba la instalación de una planta de desmotado de algodón.
La compañía había adquirido terrenos en Logroño hacia fines de 2024 y, ya a comienzos del año siguiente, iniciaba tareas de desmonte sin contar con la autorización correspondiente. En ese proceso se talaron alrededor de 50 hectáreas de bosque nativo, en infracción a la Ley de Bosques.
Fuentes provinciales confirmaron que, luego de una primera advertencia del Ministerio de Ambiente, la empresa no solo continuó con las tareas, sino que, dos meses más tarde, ya comenzó con la instalación de la planta.
Las áreas afectadas estaban enmarcadas en la categoría I, es decir, “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse“. Está prohibido hasta sacarle una hoja a un árbol. El caso llegó a la Justicia y, en marzo de 2025, el emprendimiento quedó clausurado.
En esa instancia, el daño ambiental fue reconocido tanto por la firma como por las autoridades locales. Lo que no estuvo previsto fue lo que vino después: un pueblo entero que quedó sin inversiones productivas ni empleo.
“La realidad expulsa a nuestros jóvenes. Hay familias que están considerando una comida al día. Madres solteras que toman decisiones muy duras para poder alimentar a sus hijos”, lamentó al respecto Mariana Cardozo, presidente comunal de Logroño.
En diálogo con Infobae, la también vecina calificó la situación como “muy difícil”, y agregó: “Esto afecta a los recursos naturales, sin dudas, pero también al recurso humano. La paralización nos quitó la posibilidad de generar una fuente de trabajo clave para el pueblo”.
La salida que encontraron los vecinos fue elevar un petitorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro, que por estas horas buscan viralizar, en el que solicitan la apertura de una mesa de diálogo.
El documento fue firmado por más de 300 personas —casi un tercio de la población del pueblo— y cuenta además con el respaldo de clubes, escuelas, cooperadoras, comercios, organizaciones sociales y once jefes comunales del departamento.
El objetivo no es desconocer la Ley de Bosques ni cuestionar la decisión judicial que involucra al Ministerio, señalaron, sino encontrar alternativas que permitan una salida al conflicto productivo. Reclaman instancias de debate público y mecanismos de mayor participación ciudadana.
Los vecinos sostienen que las decisiones ambientales de “alto impacto” deberían contemplar, antes de su implementación, las consecuencias sobre la región. Así, apelan al Decreto 15/2025, firmado por el propio gobernador, que promueve las inversiones y el desarrollo productivo.
La presidenta comunal fue contundente sobre el fallo judicial: “La empresa cometió un error grave y en eso somos claros”.
Y remarcó: “Defendemos el cuidado del ambiente. Pero también tenemos que hablar de las personas. Esta planta podía generar alrededor de 50 puestos de trabajo directos, con ingresos importantes para una comunidad como la nuestra. El daño ya está hecho y además hoy los que sufrimos las consecuencias somos los vecinos”.
En el documento, los vecinos enumeran las carencias que vienen de arrastre: no hay gas natural, tampoco cloacas, y no existen industrias que garanticen empleo estable. La infraestructura básica, advierten, sigue siendo incompleta. “No es solo una obra frenada. Es un pueblo entero sin opciones productivas”, sostienen.
Desde la empresa admitieron la infracción a la Ley de Bosques y expresaron su respaldo a la demanda del pueblo para buscar una alternativa que permita superar la situación.
La reacción oficial y judicial
En septiembre del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe decidió clausurar el emprendimiento, luego de constatar la actividad empresaria que no contaba con la habilitación requerida por ley ni la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
“No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la Provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental. Cuando las reglas se incumplen, hay consecuencias. En Santa Fe promovemos la producción y el trabajo, pero siempre dentro del marco de la ley”, dijo en aquel momento el ministro Enrique Estévez.
La denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático impulsó a que la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe promoviera una acción de amparo colectivo ambiental contra la empresa. En el marco de esta causa, el Juzgado de Distrito Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Tostado dictó una medida cautelar que ordena la prohibición de toda intervención en el bosque nativo ubicado en el distrito de Logroño, departamento 9 de Julio, así como el retiro inmediato de maquinarias y materiales de construcción presentes en el predio sin autorización.
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