La Cámara Federal de Paraná determinó que el Juzgado Federal de Victoria continuará con la tramitación de la causa que investiga a varios empresarios, acusados de generar daño ambiental en los humedales del Delta del Paraná debido a los incendios ocurridos en la región hace cinco años. Esta decisión devino luego de una solicitud por parte de un juez a la autoridad judicial de la provincia.
La resolución fue confirmada por los camaristas Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche, lo que llevó a revocar un fallo anterior que pretendía derivar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esta decisión, se consolidó la competencia del juzgado local para avanzar con el proceso. Según informó el portal El Once, el caso se originó en una demanda presentada en 2020 por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, calificada como “clave para el acceso a la justicia ambiental” por actores vinculados a la protección del ecosistema.
El conflicto gira en torno a la responsabilidad de propietarios y arrendatarios de campos en la zona de islas entrerrianas donde se produjeron quemas masivas, que destruyeron una extensa superficie de humedales. Durante este año, según los datos difundidos por Rosario 3, se incendiaron 30.000 hectáreas en el Delta del Paraná. Las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, así como la Municipalidad de Victoria, figuran como terceros citados en el expediente, pero la Cámara descartó la competencia original de la Corte Suprema al indicar que el núcleo del litigio corresponde a particulares.
El abogado Fabián Maggi, representante de la ONG denunciante e integrante del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, advirtió acerca de las demoras en los expedientes: “Nos preocupa que en torno a las causas relacionadas con los incendios del Delta del Paraná se registren graves demoras en la solución judicial, como esta que se observa en el Juzgado Federal de Paraná”. El letrado subrayó que los funcionarios judiciales deben dictar una sentencia en un “plazo razonable”, un derecho humano fundamental reconocido por instrumentos internacionales. Por su parte, la Cámara acompañó ese señalamiento y resaltó que el juez federal de Victoria posee “profundo conocimiento del proceso en trámite, proximidad a la zona ambiental afectada e inmediatez con los hechos acaecidos, lo cual conlleva a considerar la relevancia en su continuidad en la causa”.
La investigación reúne una serie de expedientes iniciados durante los últimos cinco años y acumula 37 procesos abiertos en el fuero federal con asiento en la localidad entrerriana, según detalló el fiscal Claudio Kishimoto. La demanda judicial apunta a la recomposición ambiental y a la obtención de indemnizaciones sustitutivas por los daños provocados por los incendios y por la construcción de terraplenes en los humedales. Las solicitudes económicas se dirigen de forma exclusiva a los empresarios señalados como responsables de las quemas, aunque el Estado mantiene la obligación de cumplir con estándares legales ambientales.
Al analizar el devenir del caso, la Cámara Federal de Paraná exhibió una postura crítica frente al accionar del juez de Paraná, quien había remitido el expediente a la Corte como estrategia para apartarse del trámite. “Es relevante destacar el extenso lapso transcurrido en esta causa, siendo el juez federal titular de la ciudad de Victoria quien tiene profundo conocimiento del proceso en trámite”, indicaron los camaristas. Consideraron que aceptar la incompetencia declarada en primera instancia hubiera agravado el retraso en un caso que requiere urgencia y efectividad por tratarse de un bien colectivo esencial como el medio ambiente.
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