Integrantes de la congregación del Verbo Encarnado fueron apuntados por Guardaparques tras producir daños en sectores de la Reserva Natural El Manzano Histórico, en la provincia de Mendoza. El hecho fue advertido este lunes al anochecer, luego de recibir una denuncia anónima que habilitó el accionar de inspectores de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.
Religiosos de esta orden, surgida en 1984 y con base en San Rafael, reconocieron su responsabilidad y admitieron que la intención era demarcar senderos en la reserva Portillo de Piuquenes, enclavada en Los Chacayes, Tunuyán.
De acuerdo con los datos iniciales que informó el medio local El Sol, los miembros encuadraban el área para la realización de un seminario previsto para las próximas semanas.
Durante la inspección, los agentes observaron a integrantes del grupo utilizando aerosol para marcar piedras y postes. Estas acciones se llevaron a cabo en uno de los sitios de mayor atractivo turístico del Valle de Uco, que se encuentra en una zona protegida.
Varios montañistas que recorrían la región advirtieron la situación y alertaron a los Guardaparques acerca de la conducta de los religiosos.
Los integrantes de la congregación, tras las notificaciones y el señalamiento de terceros, decidieron presentarse ante los responsables de la reserva. Allí reconocieron lo sucedido de manera voluntaria. El representante religioso expresó el arrepentimiento del grupo y asumió el compromiso de limpiar las rocas en el menor plazo posible, indicó el medio local.
El antecedente de pintadas realizadas por turistas y la sanción
La causa que involucró a turistas bonaerenses por las pintadas sobre las rocas en las cercanías del dique Potrerillos, dentro de una región de valor ambiental en Mendoza durante julio pasado, avanzó en una sucesión de episodios que abarcó la identificación de los responsables y el dictado de sanciones.
El hecho cobró notoriedad cuando un video filmado a pleno día exponía a dos personas realizando inscripciones visibles con aerosol sobre formaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional 7.
El video -que rápidamente circuló en redes- exhibía con claridad tanto las pintadas, en las que destacaban los nombres Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni, como el intercambio de palabras entre quienes intervenían el paisaje y el conductor de un vehículo que los sorprendía in fraganti.
Visiblemente molesto, el automovilista les reclamaba por la alteración. Una de las personas recibió la queja con una explicación breve: “No sabíamos que no se podía”.
El episodio no solo tuvo repercusión social, sino que motivó la apertura de un expediente en la Justicia mendocina. La jueza contravencional Viviana Fernández, al frente de la causa, actuó de oficio tras la viralización del video y puso en marcha una investigación bajo los términos del artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza, el cual prevé sanciones para quienes generan impacto ambiental en áreas protegidas sin la debida autorización.
Esa norma encuadra la situación como una falta contravencional, no como un delito penal, aunque contempla consecuencias considerables en función del daño al entorno.
En las primeras jornadas posteriores a la viralización, se avanzó con la identificación de los turistas involucrados. Resultaron ser oriundos de la provincia de Buenos Aires. Habían permanecido en Mendoza hasta el viernes 18 de julio. Durante los procedimientos, los investigadores también acreditaron la presencia de otros imputados, sumando en total cuatro personas relacionadas con las pintadas.
La respuesta judicial continuó con la realización de una audiencia virtual con la colaboración del Juzgado Contravencional de Pehuajó, en Buenos Aires.
En ese acto procesal comparecieron de modo remoto Silvio Guillermo Pérez, María Mercedes Quiroga y Yolanda Graciela Quiroga, todos residentes del partido de Carlos Casares (Buenos Aires), mientras que la cuarta persona imputada no asistió al encuentro.
Los tres turistas, permitidos a declarar sin abogado -conforme al Código Contravencional mendocino-, afrontaron su indagatoria con la exhibición de pruebas audiovisuales y documentales.
Durante la audiencia, los involucrados admitieron los hechos y asumieron su responsabilidad por la intervención en Potrerillos. Las declaraciones incluyeron pedidos de disculpas y manifestaciones de pesar. Además, manifestaron disposición para acatar cualquier medida impuesta por la Justicia.
La resolución de la jueza Viviana Fernández incluyó una evaluación sobre el coste asociado a la remediación ambiental, efectuado por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, junto al análisis de la situación particular de cada imputado. Como resultado, impuso una multa de 5.000 unidades fijas, equivalentes a 2.100.000 pesos argentinos, a pagar en conjunto por los sancionados. Tal suma fue notificada formalmente a través de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) mediante correo electrónico, con un plazo de diez días corridos para el pago a partir de la recepción de la notificación.
Por otro lado, además de la sanción económica, la jueza dispuso una medida accesoria: cada uno de los tres imputados deberá cumplir 20 horas de trabajo comunitario, en actividades de limpieza en espacios públicos del municipio de Carlos Casares. Esas tareas fueron establecidas como obligación de conducta, y que cada imputado deberá acreditar el cumplimiento ante el Ministerio Público Fiscal, utilizando el procedimiento de Ley Compulsa y en articulación con los funcionarios locales respectivos.
El dictamen dejó expresa constancia de que, si no se cumpliera con el pago de la multa o con la sanción de carácter comunitario, la pena se convertirá en arresto. Esta advertencia fue comunicada a quienes participaron de la audiencia virtual.
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