En Argentina, más de 5.000 personas de 1.485 hogares participaron de un relevamiento que expone las condiciones de vida en barrios populares ubicados en seis provincias del país. El estudio fue coordinado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio Villero de La Poderosa, el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y la Fundación TEMAS. Los resultados son contundentes: la precariedad habitacional, el acceso deficiente a servicios y el riesgo ambiental afectan a la mayoría de los hogares.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que el 90% de las familias vive en zonas con alto riesgo ambiental, incluyendo presencia de plagas, basurales o cercanía a cursos de agua contaminados. Además, el 63% de las viviendas está conectada de forma irregular a la red eléctrica, lo que aumenta los peligros de incendios y daños a electrodomésticos. En muchos barrios, estos factores se combinan con viviendas que sufren inundaciones, filtraciones o construcciones frágiles.
Por si fuera poco, el 90% de los hogares cocina con garrafa, un combustible más costoso y riesgoso, y el 60% debe comprar agua embotellada por la falta de acceso seguro a agua potable. En este contexto, donde las redes comunitarias y la asistencia estatal son vitales para la subsistencia, el 74% de los hogares depende de asignaciones sociales y el 41% asiste a comedores populares, con picos del 60% en algunas zonas.
Viviendas deterioradas, familias hacinadas
Las condiciones edilicias en los barrios relevados son alarmantes. Según el índice CALMAT, que mide la calidad de materiales y aislamiento térmico, solo el 15% de las viviendas tiene calidad suficiente. El 81% presenta una calidad parcialmente insuficiente, y el 4% restante se encuentra en condiciones constructivas deficientes. Por ejemplo, en el barrio Virgen Desatanudos, en Agronomía, el 15% de las viviendas son de calidad insuficiente, mientras que en Barrio Múgica casi un 30% alcanzan una calidad suficiente.
Además, la mitad de las viviendas presenta grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20% y el 45% carece de elementos básicos como lavamanos o agua caliente en el baño. La Villa 21-24-Zavaleta destaca negativamente con más del 50% de las viviendas con filtraciones en contacto con instalaciones eléctricas, lo que supone un grave riesgo para la seguridad de sus habitantes.
El hacinamiento es otra variable crítica: el 50,2% de las viviendas tiene entre dos y tres personas por cuarto, y el 10,7% supera las tres personas por habitación, cifras que duplican ampliamente los promedios nacionales. Barrios como Isla Maciel, Los Álamos (Santa Fe) y Complejo Yapeyú (Córdoba) presentan tasas de hacinamiento crítico entre el 17% y el 23 por ciento.
Por otro lado, más del 60% de las viviendas posee conexiones irregulares a la red eléctrica, situación que se agrava con un 20% de hogares que sufren cortes frecuentes de luz. En algunos barrios, como Villa 21-24-Zavaleta, un alarmante 71% de las familias reportó la pérdida de electrodomésticos vinculada a fallas eléctricas, y el 10% sufrió incendios relacionados a estas conexiones precarias.
El riesgo eléctrico se refleja en que más de la mitad de las viviendas (56%) presenta alto riesgo debido al tipo de cableado y la ausencia de dispositivos de protección como disyuntores diferenciales o conexión a tierra. El barrio Los Álamos, de Virrey del Pino, es el más afectado, con un 82% de hogares en esta condición.
Finalmente, la infraestructura urbana también muestra déficits: solo el 27% de las viviendas están sobre calles asfaltadas, el 46% en calles de tierra, y el 61% no cuenta con árboles en las veredas, limitando la calidad ambiental y el confort urbano.
Servicios públicos colapsados o ausentes
El acceso a servicios básicos en los barrios analizados es mayoritariamente precario o deficitario. Solo el 15,9% de las viviendas cuentan con acceso adecuado a electricidad formal, agua potable dentro del hogar, red de agua formal y baño con inodoro de uso exclusivo. El 73,2% presenta un acceso precario y el 10,9% vive en condiciones deficitarias.
La conexión a la red eléctrica es irregular en el 63% de las viviendas, con barrios como Villa 21-24-Zavaleta (94%), Isla Maciel (89%) y Barrio Múgica (80%) con niveles muy altos de informalidad. Esto genera no solo riesgos de seguridad sino también cortes frecuentes de luz, con impactos negativos en la vida diaria.
En cuanto al agua potable, aproximadamente la mitad de los hogares se conecta de manera informal, situación crítica en Villa 21-24-Zavaleta (95%) e Isla Maciel (88%). Además, cerca del 75% de las familias reporta problemas en la calidad del agua, con olores, sabores y colores desagradables, afectando la salud.
El déficit en cantidad también es significativo: el 43% de las viviendas no recibe agua suficiente para cubrir sus necesidades, lo que obliga a cerca del 60% a comprar agua embotellada, un gasto extra en hogares con bajos ingresos. En Villa 21-24-Zavaleta, solo el 37% tiene suministro constante y el 74% compra agua embotellada.
La ausencia de red de gas natural es casi generalizada, con el 90% de los hogares usando gas en garrafa para cocinar, lo que además de ser un gasto extra, incrementa los riesgos de accidentes domésticos.
Perfil social, acceso a salud, educación y conectividad
La composición demográfica de los barrios muestra un perfil joven y feminizados: entre el 20% y 30% de la población tiene 14 años o menos, y más del 60% de los hogares están encabezados por mujeres. Además, entre el 50% y 60% tienen al menos un menor a cargo, lo que evidencia altas responsabilidades familiares.
La mayoría de las familias depende de prestaciones sociales: el 74% recibe algún tipo de asignación estatal y el 41% asiste a comedores comunitarios, con picos del 60% en ciertos barrios, reflejando la dependencia de redes comunitarias para la subsistencia.
En materia de salud, solo el 18% de los hogares cuenta con cobertura, mientras que el 13% tiene al menos un integrante con discapacidad, superando el 20% en algunos barrios, lo que indica una población vulnerable y con necesidades especiales.
En cuanto a la conectividad, el acceso a internet es limitado: el 18% no tiene acceso y otro 18% solo lo tiene a través del celular, una modalidad más precaria. El 76% de los hogares carece de computadoras o notebooks, dificultando el acceso a la educación y el trabajo remoto, fundamentales en la actualidad.
Finalmente, los tiempos de traslado a trabajos o centros de salud son prolongados: el 30% tarda más de una hora para llegar a su empleo, y aunque el 75% accede a centros de salud en menos de una hora, en algunos barrios los tiempos de traslado son sensiblemente mayores, dificultando el acceso a servicios esenciales.
Este informe pone en evidencia la compleja y multifacética crisis que atraviesan los barrios populares argentinos, marcada por la precariedad edilicia, la informalidad en servicios básicos, el riesgo ambiental y la vulnerabilidad social. Estas condiciones, lejos de ser coyunturales, reflejan desigualdades estructurales y la ausencia de políticas públicas integrales y sostenidas.
“Con un tercio de la población conformada por niños, niñas y adolescentes, estas condiciones no sólo afectan el presente, sino que también condicionan las oportunidades de desarrollo futuro, perpetuando ciclos de exclusión social y territorial“, concluye el informe.
Además, argumenta: “La complejidad y magnitud de los déficits identificados evidencian la necesidad de una intervención integral y sostenida que garantice el efectivo cumplimiento de derechos básicos. El desfinanciamiento y el retroceso de la políticas de integración, así como la desarticulación de programas comunitarios, profundiza y reproduce las condiciones de exclusión". En este contexto, subrayan que “resulta urgente sostener procesos de integración sociourbana que aseguren infraestructura de servicios públicos básicos y articulen políticas integrales de salud, educación, ambiente y movilidad urbana”.
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