Identidad en riesgo: el banco genético que busca a bebés robados por la dictadura ya no depende de sí mismo

El Estado argentino tiene una deuda que no se cuenta en dinero sino en respuestas. En verdades sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Aún no esclareció dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Tampoco develó las verdaderas identidades de todos los bebés que fueron robados a sus familias y criados por otros, que se apropiaron de ellos o que los adoptaron de buena fe.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es una pieza fundamental del propio Estado para responder la pregunta sobre la identidad de aquellos bebés, que hoy son adultos que rondan los cincuenta años. Son las identidades de bebés que nacieron en cautiverio, en los centros clandestinos de detención en los que permanecían secuestradas sus madres embarazadas, o bebés que, ya nacidos, fueron secuestrados junto a sus padres.

El Banco, creado en 1987 como una dependencia del Estado nacional, obtuvo autonomía y autarquía en 2009, a través de una ley. Pero eso fue revertido en mayo de este año a través de un decreto presidencial que determinó que el organismo perdiera esas condiciones y empezara a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

La Cámara de Diputados revisó y rechazó el decreto la semana pasada -es decir, reconoció como legítima la autonomía y autarquía del organismo-. Ahora es el Senado quien debe pronunciarse sobre la independencia de un organismo que funciona como instancia de peritaje oficial para confirmar si el perfil genético de alguien que se acerca en busca de su verdadera identidad es compatible o no con la información genética de una familia que busca a un integrante desde hace décadas.

En la práctica, la pérdida de autonomía puede suponer que la decisión sobre el inmueble en el que funciona el BNDG ya no dependa del propio organismo, que acondicionó allí su archivo biológico. También puede implicar que, por ejemplo, ante la falta de insumos básicos, el banco ya no dependa de sí mismo para reponerlos y continuar con su investigación en los tiempos de funcionamiento habituales.

Una búsqueda que encontró su camino científico

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Lo impulsaron las Abuelas de Plaza de Mayo, que para ese entonces habían trabajado en la creación de un “índice de abuelidad” junto a científicos como Víctor Penchaszadeh y Mary Claire King.

El índice permite comparar el perfil genético de alguien que se acerca a la Justicia o a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.D.I.) con la sospecha de ser familiar de un desaparecido con un grupo de perfiles genéticos pertenencientes a una misma familia. Así es como el BNDG logra confirmar o descartar si esa persona que duda sobre su historia tiene vínculo filial con alguna de las familias que todavía buscan a ese bebé que les robaron hace medio siglo.

Desde su creación, el BNDG permitió identificar a 86 de los 140 nietos y nietas que encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo hasta ahora. La institución funcionó durante muchos años en un espacio del Hospital Durand hasta que se trasladó a un edificio en Córdoba al 800.

Allí funciona su bio-banco, donde se conservan muestras genéticas de personas que ya murieron pero que dejaron ese material para que la búsqueda de ese familiar robado no se detenga hasta encontrarlo. Allí trabajan 37 personas, entre técnicos y administrativos.

Los resultados negativos son la costumbre en el BNDG. De las 17.000 veces que alguien se acercó a buscar información certera sobre su identidad y su historia, sobre sus raíces y sus rasgos, las coincidencias fueron la inmensa minoría. Cada vez que, en vez de arrojar un negativo sobre la búsqueda de coincidencias, las computadoras muestran un positivo, hay gritos de alegría, aplausos y festejo en el organismo ahora degradado.

Madres que buscan

A los 86 nietos encontrados por el organismo desde su creación hasta hoy, se suma el hallazgo de unos 50 hijos de madres cuyos bebés fueron robados al momento del nacimiento, no en el contexto de la última dictadura sino en escenarios en los que, por lo general, les comunicaron a esas madres que los chicos habían nacido muertos y luego los traficaban ilegalmente.

Ahora mismo, la búsqueda no es sólo la que impulsan las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a sus nietos. Es que unas 700 mujeres depositaron su material genético en el BNDG convencidas de que, al momento de parir, les contaron una historia mentirosa sobre el destino de sus hijos. Una historia construida como coartada para un delito. Depositaron ese material genético para que se compare con quienes se acercan a la Co.Na.D.I. convencidos de que su historia no fue la que les contaron en sus casas.

Hasta ahora, 50 personas que habían sido robadas a sus madres justo después de nacer pudieron saber la verdad a través del cotejo de los perfiles genéticos. Accedieron a su verdadera identidad, a su verdadera historia. A través de la extracción de sangre o de un hisopado y del trabajo de los científicos especializados pudieron conocer aquello que les había estado vedado desde el principio.

El riesgo de que la pregunta quede sin respuesta

“Si el Banco ya no puede funcionar como siempre, con la autonomía de la que goza desde 2009, la búsqueda de las Abuelas puede quedar trunca”. Lo dice Guillermo Pérez Roisinblit, un abogado de 46 años al que, en el año 2000, una joven apenas más grande que él se le acercó a decirle que creía que eran hermanos.

En 2004, el peritaje oficial del BNDG terminó por confirmar su identidad. Guillermo nació en 1978 en la ESMA, donde permanecía secuestrada su mamá, Patricia Julia Roisinblit. Ella y su papá, José Manuel Pérez Rojo, también secuestrado por la dictadura, permanecen desaparecidos al día de hoy. Sus abuelas lo buscaron y lo encontraron, y él ahora integra la comisión directiva de la organización de la que ellas fueron referentes.

El fin de la autarquía y autonomía del BNDG se anunció como una búsqueda de mayor “eficiencia y efectividad” en el decreto que firmó el presidente Javier Milei. Es la misma gestión que había dejado acéfalo durante 34 días al organismo que, asegura, busca optimizar. Es que, en medio del fin del período concursado por Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas y directora técnica del BNDG desde 2015, no se llamó a un nuevo concurso a tiempo para renovar autoridades.

Herrera, que acaba de ser reconocida como Personalidad Destacada en el ámbito de los Derechos Humanos por la Legislatura Porteña, fue prorrogada en el cargo hasta que se lleve a cabo el concurso demorado.

“El Banco es la herramienta fundamental y necesaria con la que cuentan no sólo las Abuelas sino sobre todo el Estado para identificar a los casi 300 bebés o niños que nacieron en cautiverio o fueron robados que aún no fueron encontrados. Es custodio de perfiles genéticos de personas que ya no están vivas, es decir, de perfiles genéticos que ya no pueden ser tomados”, describe Pérez Roisinblit, y suma: “Perder eso, o descuidarlo, implicaría tirar abajo un trabajo de casi cuarenta años. Todas las búsquedas que aún están en estado de pregunta podrían quedar truncas”.

Hay madres a las que, para robarles a su hijo, les dijeron que ese bebé había nacido muerto. Hay abuelas que murieron buscando a sus nietos, otras que todavía los buscan. Hermanos y hermanas a los que les falta un integrante de la familia. Sobrinos que todavía no conocieron a su tío. Hombres y mujeres que se hacen preguntas sobre su identidad.

El BNDG es la institución que, a través de la certeza científica, puede otorgar respuestas. Y hasta que esas respuestas lleguen, es el organismo que puede garantizar que el material genético esté en condiciones de insistir con la pregunta. De exigirle al Estado que responda por lo que hizo.