Después del operativo policial del pasado domingo en la capital de Neuquén, donde fueron desalojadas comunidades mapuche que reclamaban el reconocimiento de sus personerías jurídicas, el edificio de la Casa de Gobierno exhibió modificaciones en su acceso principal.
La rampa de ingreso, situada en la intersección de las calles Roca y La Rioja, ya no tiene las barandas metálicas que los manifestantes utilizaron en distintas protestas para encadenarse como método de visibilización de sus reclamos.
Según confirmaron fuentes del Ejecutivo provincial al diario LM Neuquén, las estructuras fueron removidas “porque, debido al uso inadecuado que se ha realizado de las mismas, estaban flojas y rotas, lo que constituía un peligro”. Aclararon, no obstante, que “no se retiraron definitivamente, sino que serán reemplazadas por unas más nuevas y seguras”.
Aunque la decisión parece técnica, el contexto es político: las barandas sirvieron como punto de protesta durante la permanencia de las comunidades Lof Newen Kura, Lof Fvta Xayen, Lof Kelv Kura y Lof Ragilew Cárdenas, cuyos miembros se encadenaron allí durante casi una semana.
El conflicto escaló el domingo, cuando más de 120 efectivos de la policía provincial, junto a unidades de la Policía Metropolitana, bomberos y ambulancias, ejecutaron una orden de desalojo dictada por los fiscales Pablo Vignaroli y Diego Azcárate, tras la denuncia del Ejecutivo por ocupación de espacio público y coacción.
Se estableció un perímetro de 200 metros y se otorgó un plazo de dos horas para el retiro voluntario. Como no hubo acatamiento, se avanzó con el desalojo.
El operativo derivó en al menos 17 personas detenidas, aunque la Confederación Mapuche afirmó que fueron 22. De acuerdo con el parte oficial, 11 hombres fueron trasladados a la Comisaría 2° y 6 mujeres, a la Comisaría 17°.
Además, se informó que un comisario resultó herido por una mordida y que un menor debió recibir atención médica en el hospital Castro Rendón.
Los funcionarios de gobierno explicaron que el reclamo por personerías jurídicas corresponde a un grupo de comunidades que no cumplen con los requisitos formales del procedimiento.
El ministro de Coordinación, Jorge Tobares, indicó que en la provincia hay 87 comunidades, de las cuales 57 ya cuentan con personería y 28 aún no. Las cuatro que protagonizaron el acampe integran ese grupo sin reconocimiento legal.
Tobares subrayó que se intentó abrir una instancia de mediación con la participación del obispo Fernando Croxatto, pero no prosperó por “la posición intransigente” de los manifestantes, de acuerdo con la información del Diario Río Negro.
El trasfondo del conflicto gira en torno a la falta de reconocimiento jurídico, que impide a estas comunidades participar en relevamientos territoriales y en procesos de consulta previa sobre proyectos en sus territorios. En particular, varias de ellas están ubicadas en zonas de influencia de Vaca Muerta, como Rincón de los Sauces, Tratayén, Portezuelo y Picún Leufú.
En paralelo al despliegue de las fuerzas de seguridad, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado dirigido al gobernador Rolando Figueroa, en el que acusó al Ejecutivo de utilizar la ley como herramienta de represión.
“No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”, dijeron. También afirmaron: “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos”.
La tensión se trasladó este miércoles a la Legislatura de Neuquén, donde se retomaron las sesiones tras el receso invernal. El desalojo del domingo generó un fuerte debate entre el oficialismo y sectores opositores.
Diputados de izquierda y del kirchnerismo, con apoyo de dos legisladoras del Movimiento Popular Neuquino (MPN), intentaron forzar el tratamiento de dos proyectos: uno para repudiar el operativo policial y otro para exigir al Ejecutivo la entrega de las personerías reclamadas. Sin embargo, el bloque Neuquinizate bloqueó ambas iniciativas, indicó Diario Río Negro.
Durante la discusión, la diputada Julieta Ocampo (Frente de Izquierda) denunció: “Golpearon a mujeres, a niños, detuvieron a niños, se sentaron sobre las espaldas de uno de los loncos, se llevaron a la rastra a mujeres mayores. Hubo un ensañamiento que solo se califica de racista”.
En la misma línea, Lorena Parrilli (Unión por la Patria) responsabilizó al gobernador por el operativo, al que calificó de “accionar dirigido y orquestado”.
Desde el oficialismo, el jefe de bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, defendió la intervención. “Todo lo que ha ocurrido se ha ajustado a derecho. La democracia es tolerancia pero tiene un límite, lo que ha ocurrido es una extorsión”, argumentó.
El proyecto de repudio y el de reconocimiento de personerías no consiguieron los votos necesarios para tratarse sobre tablas y fueron girados a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Yamila Hermosilla (Comunidad).
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