El Gobierno argentino anunció la eliminación de la jornada no laborable del 27 de junio, conocida como el Día del Trabajador del Estado, medida que afecta a miles de empleados públicos en todo el país. El vocero presidencial Manuel Adorni lo comunicó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que la decisión sería formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial y que responde a la visión oficial sobre el rol del Estado.
El Día del Trabajador del Estado se celebra cada 27 de junio para conmemorar la fecha en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1978, adoptó el Convenio N.º 151 y la Recomendación N.º 159.
Ambos instrumentos internacionales regulan el derecho a la negociación colectiva y las relaciones de trabajo en la administración pública.
Según la legislación argentina, la fecha está reconocida por la Ley 26.876, sancionada en 2013 durante el mandato de Cristina Kirchner, que estipula que el 27 de junio será considerado día no laborable para los trabajadores de la administración nacional en homenaje a la unidad y tarea de los empleados públicos.
Adorni, en el comunicado que informó que se eliminaría la jornada no laborable, planteó que “el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”.
Añadió que esta jornada se financia con recursos de los contribuyentes y que la intención del Ejecutivo es priorizar la prestación de servicios públicos.
Durante su declaración, el vocero presidencial explicó que la medida gubernamental promueve el funcionamiento habitual de las dependencias estatales el 27 de junio y se basa en la premisa de equiparar condiciones entre empleados públicos y privados.
Señaló que el Estado debe funcionar como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”, en línea a la nueva concepción de la administración de este gobierno.
Según detalló el funcionario, la decisión gubernamental abarca a la totalidad de la administración pública nacional, incluidas las oficinas centrales en Buenos Aires, así como delegaciones ubicadas en distintas provincias.
La eliminación del día no laborable repercute en los trabajadores de la administración central, organismos descentralizados, docentes, auxiliares educativos, personal de salud, integrantes de las fuerzas de seguridad, empleados del Poder Judicial y universitarios.
Dependencias como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Correo Argentino, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ministerios nacionales, secretarías y subsecretarías, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor debían suspender actividades en esa fecha, pero, tras la nueva disposición, deberán prestar servicios como un día laboral habitual.
Desde el Gobierno indicaron que la administración resolvió “no adherir” a la jornada no laborable del 27 de junio y fundamentaron la decisión en la necesidad de restringir “gastos prescindibles” y mantener la actividad del sector público sin interrupciones.
La respuesta desde ATE
El anuncio de la eliminación del asueto generó una rápida reacción en los sectores sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a través de su secretario general Rodolfo Aguiar, manifestó su rechazo a la medida.
Aguiar utilizó su cuenta de X para expresarse: “El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder!”.
El dirigente calificó la disposición como “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático” y cuestionó la legalidad de la acción del Ejecutivo al sostener que “sólo el Congreso puede derogar una ley que el mismo sancionó”.
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