
Las aguas del río Paraná frente a la ciudad bonaerense de San Pedro, ubicada a 140 kilómetros de Rosario, amanecieron estos días con una imagen poco habitual.
Una gran mancha marrón, notoriamente distinta al color característico del cauce principal, se extendió a lo largo de la costa y generó alarma entre la población local.
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La inusual mancha no tardó en captar la atención de vecinos y visitantes, quienes compartieron fotografías en redes sociales y plantearon su preocupación por la salud del ecosistema y los posibles riesgos para la comunidad.
Especialistas y autoridades respondieron con advertencias y explicaciones, mientras destapaban una problemática de larga data: el deficiente tratamiento de los residuos cloacales en la región.
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Distintas fuentes consultadas por medios locales indicaron que la formación de la mancha no obedece exclusivamente a descargas cloacales, aunque sí reconocen que una parte importante corresponde a efluentes urbanos sin tratamiento.
El abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (Fomea), sostuvo: “Hay análisis hechos por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal en los que se detectaron niveles escandalosos de coliformes fecales, lo mismo que pasa en Rosario”.
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Según informó el portal del diario La Capital, informes realizados entre 2022 y 2024 confirman la presencia de altos niveles de contaminación en el sector ribereño de San Pedro.
Según la documentación aportada por el fiscal federal Matías Di Lello, quien tomó parte de la causa, las muestras recolectadas “arrojaron un resultado superior al límite permitido de coliformes fecales y dieron positivo para la presencia de escherichia coli”. Estas bacterias son indicadores de contaminación fecal y su presencia masiva representa un riesgo para los usuarios recreativos del río y la biodiversidad acuática.
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La raíz del problema se remonta a décadas atrás. El frente costero de San Pedro cuenta con una planta de tratamiento de efluentes cloacales que lleva, según los registros, al menos 30 años inactiva.
El sistema de saneamiento actual deriva los líquidos residuales a través de un sistema bypass, sin ningún tipo de depuración, hacia el cauce del río Paraná. Esta descarga se produce en un área recreativa, ubicada muy cerca del puerto de la ciudad, afectando no solo a la flora y fauna local, sino también a quienes utilizan las playas y balnearios.
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El fiscal Di Lello subrayó en su informe: “Se ha verificado que la planta depuradora está totalmente desafectada de servicio, porque el líquido cloacal es conducido por un bypass volcando al río Paraná en una zona recreativa contigua al puerto”.
La falta de funcionamiento de la infraestructura sanitaria convierte al río en receptor directo de los desechos de una población en crecimiento, agravando año tras año los niveles de contaminación y causando preocupación entre organizaciones ambientalistas y autoridades.
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La situación no pasó desapercibida ante la Justicia federal. El abogado Maggi recordó que “San Pedro también contamina el río Paraná y eso se probó en una causa judicial”.
En el marco de esa investigación se citó a declaración indagatoria al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, por la supuesta responsabilidad en el fomento de vertidos directos al río sin tratamiento previo.
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La causa judicial avanza en reunir pruebas sobre la presunta omisión de medidas correctivas y el abandono del servicio de saneamiento municipal. La ausencia de una solución técnica adecuada y la desidia administrativa conforman los principales ejes del expediente, que sigue su curso en la Justicia federal bajo la mirada de asociaciones civiles y ambientalistas.
Es de destacar que la situación de San Pedro expone una problemática que afecta a toda la región ya que Rosario tampoco cuenta con una planta depuradora de efluentes cloacales, lo que provoca la aparición recurrente de manchas negras en la costa luego de lluvias intensas.
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El proyecto, que permanece bajo la responsabilidad de Aguas Santafesinas (Assa), sigue sin ejecutarse y en este contexto, un fallo civil obliga a las autoridades provinciales y nacionales a avanzar con la obra, mientras la causa penal sigue en trámite ante la Cámara de Casación.
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