Marcha Mundial de la Marihuana: piden frente al Congreso una nueva ley de drogas

Las organizaciones cannábicas y de derechos humanos redoblaron la apuesta en la Marcha Mundial de la Marihuana de este año en Argentina y reclamaron por una nueva ley de drogas que actualice la política sobre estupefacientes y modifique la legislación actual, que rige desde 1989.

Miles de personas en más de 20 ciudades del país (Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Río Gallegos, entre otras) concentran este sábado en la tradicional marcha de mayo (suele hacerse una segunda en noviembre). La más convocante es la de la Ciudad de Buenos Aires. Militantes, activistas, usuarios, pacientes, médicos y abogados, entre muchos otros se reunieron desde pasado el mediodía en Plaza de Mayo y a las 16 comenzaron la caminata hasta la plaza del Congreso.

Esta vez, tras no menos de dos reuniones con las autoridades del ministerio de Seguridad porteño, se le permitió al colectivo cannábico ocupar dos carriles de la Avenida de Mayo y de Rivadavia.

La caravana fue encabezada por diversos referentes, que sostenían una bandera verde con la leyenda “Por una nueva ley de drogas. Basta de preses (SIC) por marihuana”.

“La Ley de Drogas 23.737 sigue encarcelando, estigmatizando y empujando a la clandestinidad a miles de personas. Su aplicación golpea con especial crudeza a los sectores populares, racializados (SIC) y feminizados. Mientras el mundo avanza hacia modelos de regulación legal, basados en derechos humanos, salud pública y justicia social, nuestro país insiste en un paradigma punitivo sin sustento ni resultados”, dice parte del comunicado firmado por los organizadores de la Marcha, entre los que se encuentran Mamá Cultiva Argentina, Matria Cannábica y Jardín del Unicornio.

Para los organizadores, la ley de drogas vigente apunta contra “cultivadores, jóvenes de barrios populares, sometidos a detenciones arbitrarias, requisas violentas y causas por tenencia mínima; mujeres cultivadoras, perseguidas por ejercer tareas de cuidado para sus hijos, familias y comunidades; usuarios terapéuticos, que aún con la existencia de la Ley de Cannabis Medicinal (Ley 27.350), enfrentan trabas burocráticas, criminalización y riesgo de encarcelamiento”, entre otros.

Durante las últimas semanas los organizadores de la marcha debatieron sobre cuál tenía que ser el reclamo de este año, cuando el gobierno no está otorgando nuevos permisos para el Reprocann, el registro de usuarios medicinales de cannabis emitido por el Ministerio de Salud, que tiene cerca de 100 mil personas en lista de espera.

Este 2025, aunque parece imposible pensar en una agenda cercana a revisar la ley de drogas (en agosto se cumplirán 36 años de su sanción, durante el gobierno de Carlos Menem) los organizadores eligieron “volver a las bases” de los reclamos que muchas agrupaciones de derechos humanos, políticas de drogas o violencia institucional han reclamado las últimas tres décadas: una ley que no persiga al usuario y se enfoque en la persecución real a los narcotraficantes.

“Salud mental, consumos problemáticos, cuidado comunitario, placer, autonomía y acceso a la salud pública deben ser parte de la política de drogas que queremos. No podemos seguir permitiendo que el miedo y la represión definan el vínculo entre el Estado y quienes deciden usar sustancias”, es uno de los párrafos que leerán distintos referentes en un escenario montado sobre un camión frente al Congreso.

Los organizadores de la Marcha Mundial de la Marihuana remarcan que en muchos países del mundo el uso de la marihuana ya está permitido, socialmente aceptado y hasta regulado en muchos casos.

En Argentina, de hecho, rigen dos leyes nacionales de cannabis, impulsadas por la militancia y aprobadas durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández; la ley de cannabis medicinal (27.350), y la ley de cannabis y cáñamo industrial (27.669).

“Pero las resoluciones restrictivas en Reprocann, en INASE (Instituto Nacional de la Semilla), en Ariccame (Agencia de Regulación del Cannabis) y la decisión del gobierno nacional de frenar el desarrollo de la industria y socavar derechos adquiridos, han llevado a diversas provincias y ciudades a crear sus propias normativas”, explicaron desde las organizaciones y remarcaron que “a pesar de los avances visibles, aún se persigue a quienes utilizan la planta como un medio de cuidado, autonomía y subsistencia. ¿Cuántas vidas más deben sacrificarse para que el Congreso finalmente tome la iniciativa de legislar al respecto?“.

De hecho en 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo de la ley de drogas por ir en contra del espíritu del artículo 19 de la Constitución, que dice que las acciones privadas de las personas no pueden ser sometida al juicio de ningún magistrado siempre y cuando no afecten a terceros.

Aquel fallo, conocido como “Arriola”, implicó el sobreseimiento de un grupo de personas de Rosario que tenía cannabis para uso personal y que habían sido acusados de intentar comercializar sin pruebas.

“No alcanza con dejar de criminalizar, por eso exigimos reparación histórica para todas las personas perseguidas, judicializadas y encarceladas por la Ley 23.737. Queremos amnistía, absolución, sobreseimiento, cancelación de antecedentes penales y reparación económica para las víctimas del prohibicionismo”, manifestaron en la marcha y fueron críticos con la forma de gestionar de Patricia Bullrich.

“La violencia institucional es una de las formas más visibles del prohibicionismo: allanamientos sin pruebas, requisas en la vía pública, discriminación laboral por uso de cannabis, criminalización de los diferentes usos de la planta. El aparato represivo del Estado se ensaña con quienes menos tienen. Cultivar marihuana se castiga más que un delito ambiental como la deforestación o contaminación de nuestras tierras y aguas”, remarcaron.