“El kirchnerismo perdió, acéptenlo”: el enojo del intendente de Mar del Plata por la denuncia de organismos de DDHH contra un bar

A casi dos meses de que el Concejo Deliberante de Mar del Plata aprobara un proyecto de ordenanza que permite la instalación de un bar de gin en un predio lindero al Faro de la Memoria, organismos de derechos humanos denunciaron a 15 concejales, una sociedad de fomento y una empresa por apoyar la puesta en marcha del local. Esa acción provocó la indignación del intendente local, Guillermo Montenegro, quien afirmó que la denuncia tiene “otros intereses” de fondo.

La demanda fue realizada por las organizaciones Surf Rider, Patagonia, Familiares de Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S. y la Asociación de Ex Presos Políticos junto al abogado César Sivo, conocido en la ciudad por haber sido defensor del femicida de Lucía Pérez, asesinada en 2016. Según alegaron, el caso fue planteado ante la Justicia porque consideran que “se han tomado decisiones que violan disposiciones legales” al permitir el desarrollo de la destilería en un espacio histórico.

El escrito apunta principalmente contra los legisladores de la Coalición Cívica, el PRO, la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza que el pasado 8 de agosto votaron a favor de la cuestionada ordenanza, la cual autoriza el uso precario de una parcela fiscal del “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia” a la asociación vecinal Faro Norte.

Este convenio se realiza con la condición de que el espacio se utilice para un establecimiento gastronómico con destilería artesanal de bebidas y es por un plazo de cinco años con posibilidad de prórroga un año más. Además, estipula que el estacionamiento, carga y descarga deben realizarse dentro de la parcela, y que se deberá presentar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) antes de iniciar las actividades.

La denuncia presentada por Sivo y las organizaciones de Derechos Humanos también va dirigida contra la Sociedad de Fomento Faro Norte y los propietarios de La Restinga, que es la empresa encargada del desarrollo del bar. Según adelantaron, se impulsará una pretensión anulatoria de la ordenanza que aprobó la cesión del predio por tratarse, de acuerdo a su visión, de un “acto administrativo que tiene vicios de toda especie, por lo que se trataría de “un acto administrativo inválido”.

El accionar de los denunciantes provocó la indignación del intendente marplatense, Guillermo Montenegro, quien cuestionó la medida y aseguró que hay otro trasfondo detrás del reclamo.

“Las organizaciones de derechos humanos denunciaron a los 15 concejales que votaron a favor de abrir la ciudad, de las inversiones privadas y en contra del estancamiento. ¿Desde cuándo el ámbito legislativo, representante de la población por elecciones democráticas, da una discusión y como no les gusta el resultado a unos pocos eligen denunciar? Basta de usar a los derechos humanos para sus propios intereses. El kirchnerismo perdió hace rato. Acéptenlo!”, publicó el mandatario local en sus redes sociales.

La sesión en la que se discutió la ordenanza estuvo marcada por un ambiente caldeado y por el repudio de los organismos de derechos humanos. La votación se resolvió a favor con los votos del interbloque oficialista (Vamos Juntos, UCR y Coalición Cívica) y Crear más Libertad, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra, lanzando fuertes críticas al proyecto.

En este contexto, desde UXP presentaron documentación que revela que el terreno en cuestión formaba parte de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) durante la dictadura, un centro clandestino de detención, refutando el argumento oficialista de que el predio no tiene relación con la lucha por los derechos humanos.

Además, Horacio Taccone, de Acción Marplatense, calificó la medida como “una barbaridad y un atropello a la memoria”, y cuestionó la lógica del Ejecutivo municipal al permitir un establecimiento de destilación de gin en un espacio cargado de simbolismo histórico para los argentinos.