
En 2016, el Juzgado Penal y Económico N° 6, que conduce el juez Marcelo Aguinsky, abrió la causa 529 por contrabando agravado, utilización de documentación apócrifa y asociación ilícita. Se la llamó “la mafia de los contenedores”. Según consta en el expediente, el modus operandi era el siguiente: declaraban una mercadería distinta a la cargada en los contenedores, con otro peso, o tipo de objetos (en vez de rollos de tela, decían que era artículos de decoración, por ejemplo). Para ello, creaban sociedades que actuaban como pantalla para ocultar a los verdaderos importadores. La justicia sospechó desde el principio que “aquella organización habría contado con la connivencia de funcionarios aduaneros de toda la jerarquía escalafonaria y responsables de depósitos fiscales”.
Después de ocho años de investigación, en las que se involucraron la PROCELAC, la AFIP, la Aduana, el 24 de mayo de este año, fue secuestrada mercadería por USD 350 millones, incautada en alrededor de 1500 contenedores. El magistrado comprobó 571 hechos delictivos que se llevaron a cabo entre 2014 y el 13 de mayo de 2016: 532 que consideró consumados y 39 en grado de tentativa. Con esa convicción, elevó la causa a juicio oral: 97 personas fueron procesadas y 11 empresas involucradas. Las penas pueden alcanzar, según el delito, hasta 10 años de prisión.

La megacausa ya pasó por el juzgado N° 6, pero en cierta forma siempre va a estar. En enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional, entonces a cargo de Mauricio Macri, emitió el decreto de necesidad y urgencia N° 51, en el cual ponía a disposición del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los contenedores que se hallaban en situación de rezago y eran investigados por la Justicia, que estaban guardados depósitos y terminales portuarias. Después de analizar el contenido, se autorizó la donación de más de mil contenedores, que tenían 16 mil toneladas de mercadería, que fueron entregados a 400 ONG y representaban un valor de USD 283 millones. De ese total, el juzgado N° 6 pidió un puñado de cierres de pantalón, de color negro y cremallera dorada.
Siete años después, y luego de la elevación a juicio oral y público de los procesados, el viernes 2 de agosto, en las oficinas del juzgado, se inaguró una obra de arte hecha con esos cierres decomisados en la investigación. El juez Aguinsky la bautizó “Silentium, el pacto de los testaferros”. El cuadro representa una boca cerrada, compuesta por alrededor de esos 300 cierres.

El que puso manos a la obra para hacer efectivo fue el comisario Carlos Kwiatkowski, a lo largo de siete meses. Usó, para sostener el cuadro, una estantería que consiguió en un supermercado chino que había tirado. El molde de la boca es de cartón que provino de la caja de un smart TV. La tela gris es material de rezado. El corte de la boca es una goma de la manguera que usaba su perro para jugar. Y fue atando los cierres con alambre. En los agradecimientos de quienes colaboraron se incluyen a Juan María Okecki, la vocera de la AFIP y la Aduana Adriana Inés Pintabona, Marcelo Leguiza, Omar “Pepi” Reino y Claudio Orellano.

Los elementos utilizados, que fueron los confiscados por la Justicia, se convirtieron en un testimonio artístico y en una invitación a la reflexión sobre la corrupción y el encubrimiento. El nombre de la obra simboliza, asimismo, el silencio y la complicidad de los testaferros en beneficio de la pirámide de la corrupción económica.
En la presentación del cuadro estuvieron presentes varios magistrados, como el camarista Eduardo Farah; la titular de la AFIP, Florencia Misrahi y el director general de Aduanas, Eduardo Mallea. Entre vasos con jugo de pomelo, gaseosas, sandwiches de miga y knishes, Aguinsky manifestó que su intención fue “abrir un diálogo sobre la importancia de la transparencia y la verdad en la Justicia y cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para visualizar y criticar los males que afectan a la sociedad”.

No es la primera vez que el magistrado presenta una obra de arte con elementos secuestrados a la corrupción. En enero de 2018, convocó a sus pares para mostrarla concreción de Tempus Contritum (Tiempo roto). Se trata de una pared donde están adheridos 105 despertadores para niños. Los mismos estaban guardados en una bolsa. Nadie sabía que hacer con ellos. El juez Aguinsky y el encargado de seguridad del juzgado, Luis Gutierrez, los hallaron de manera casual en un pasillo. Y los rescataron. Todos eran del mismo tamaño, con dibujos del cómic belga Spirou y las manecillas marcaban horas distintas.
Hoy, las paredes del Juzgado Penal Económico N°6 se convierten, lentamente, en un muestrario que el delito, cuando es condenado, no sólo puede contribuir a la paz social, sino a la belleza que sólo el arte puede brindar.
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