
A casi un mes desde su detención y tras más de una semana sin novedades, la familia de Alejo Arias González comenzó a recibir noticias esperanzadoras sobre la situación judicial del mendocino preso en El Salvador, acusado de formar parte de una asociación ilícita colombiana.
La tranquilidad llegó al entorno de Alejo a través del abogado Miguel Ángel Pierri, quien tomó intervención en el caso el pasado fin de semana y les aseguró que hay posibilidad de solución a corto plazo. Además, confirmó la ubicación exacta del argentino, quien está arrestado en uno de los países con el régimen carcelario más duro de la región. También logró que le llevaran alimentos y adelantó que realizarán una presentación para que sea liberado.
En diálogo con Infobae, Pierri explicó cómo es el panorama que atraviesa el argentino y cuáles son los pasos a seguir para conseguir su libertad: “No entiendo por qué está detenido. Él era un mero empleado de la compañía. No formás parte de una asociación ilícita por eso. Para mí, es excarcelable y en menos de un mes debería solucionarse”, afirmó.
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El abogado se hizo cargo del caso el pasado sábado, cuándo se contactó con la familia del joven y comenzó a trabajar junto a su equipo para investigar el estado de la causa. En este sentido, reveló que, para ese entonces, “estaba todo muy parado”, pero que rápidamente recibió “muy buenas respuestas de las autoridades de El Salvador”.
“Según averigüe, Alejo fue ingresado en el centro de El Penalito (el pasado 14 de julio) y, si bien dijeron que lo querían trasladar, ayer pude confirmar que seguía ahí. Mañana va a haber una audiencia en la que se va a decidir si se lo manda a una unidad distinta, pero por ahora siempre estuvo en el mismo penal”, remarcó Pierri en un contexto de incertidumbre sobre el paradero del argentino.
Asimismo, dijo haberse puesto en contacto con diferentes entidades y confirmó que Alejo recibió alimentos. El joven lleva casi un mes tras las rejas junto a 105 colombianos, un guatemalteco y tres salvadoreños que también fueron detenidos en el marco del mismo expediente.

“Hay una abogada allá que está a cargo del caso. Con mi intervención, va a haber un colega mío que va a representar a Alejo en El Salvador. Se va a sumar a la doctora. Es un abogado de mi estudio, un corresponsal, que va a tomar contacto con el juzgado actuante. También va a trabajar el doctor Facundo Díaz Anzorena, que va a coordinar la causa y seguro viaje en estos días. Se va a hacer una presentación para que sea liberado”, informó el abogado sobre los próximos pasos.
En esta línea, remarcó que -a su consideración- el conflicto debería solucionarse en menos de un mes. Según explicó Pierri, en caso de que sea liberado existen dos opciones: que sea expulsado del país o que lo hagan quedarse allí hasta que termine el proceso. “El único problema que puede surgir es ese, la excepción de arraigo. Es decir, que se le exija un domicilio para ser excarcelado mientras siga vinculado a la causa”, detalló el letrado.

El argentino vive un calvario en El Salvador desde que la empresa que lo había contratado para trabajar, y para lo que viajó a ese país, fue calificada de ilegal. En consecuencia, fue desbaratada. Estaba siendo perseguida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Al respecto, Pierri detalló: “Alejo es un empleado de segunda línea de esa compañía. Estaba en el barco haciendo tareas administrativas y de finanzas en una empresa que era una asociación ilícita. La investigaban por estafas y porque presuntamente se dedicaba al lavado de dinero”.
Y añadió: “Me llama la atención que el joven, a las claras, fue a buscar trabajo y es un dependiente sin decisión ni capacidad de dirección de una financiera. Por eso hay que liberarlo”.

Finalmente, se refirió a su diálogo con la familia del joven. “Cuando los contacté, sus padres estaban abatidos, preocupados, ansiosos. Ahora están más animados. Yo me sumé porque si podía ayudar lo iba a hacer. Él es una víctima de la inmigración”, concluyó.
El caso
Alejo se mudó a El Salvador en marzo con una propuesta laboral de una financiera. Su objetivo era ir para juntar plata durante seis meses y volver. Con ese dinero iba a pagarse la carrera de Radiología en la universidad.
Fue detenido el pasado 14 de julio cuando la Policía lo interceptó en la puerta de su condominio: lo acusaron de formar parte de una asociación ilícita de origen colombiana que se dedicaba al lavado de dinero y que era perseguida por el gobierno. La banda fue desbaratada y, en consecuencia, capturaron a 110 sospechosos. Entre ellos el joven mendocino, el único argentino.
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