Los ladridos incesantes y el canto agobiado de media centenar de canarios avisaron a los vecinos de Nueva Pompeya que en la antigua casa de la calle Ancaste al 3500 sucedía lo inexplicable: las sospechas indicaban que ahí había un criadero de perros y aves enjauladas destinadas al comercio.
Hasta allí llegó el operativo ordenado por el fiscal Carlos Rolero que dispuso la realización de tareas de investigación a cargo de personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y la División Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad y corroboraron la denuncia.
Además, recabaron diversos elementos de prueba que fueron utilizados para fundamentar el pedido de allanamiento a la vivienda, que fue autorizado por el Juzgado PCyF N° 20, interinamente a cargo de la Dra. Rocío López Di Muro.
“El imputado por maltrato animal es un ciudadano argentino, de 55 años, que vivía en ese mismo lugar. En su propia casa tenía el criadero clandestino, lo que está penado en la ciudad de Buenos Aires”, dijo a Infobae sobre el propietario del lugar que además ofertaba las vidas animales en las redes sociales y aplicaciones de compra y venta.
El hombre “negó los hechos, dijo que no se trataba de un criadero”. Durante el tramite del proceso permanecerá en libertad puesto que no tiene antecedentes, pero la fiscalía le impuso como medida cautelar la prohibición de tener contacto con todo tipo de animales.
“No pueden estar en contacto con ningún animal en tanto dure este proceso, ni en su casa y en ningún lado. La prohibición es no poder no tener contacto con ningún animal doméstico o no doméstico”, explicó Rolero sobre la pena.
El procedimiento
Los perros hacinados eran diecisiete: 14 perros de la raza Boyero de Berna (ocho adultos y seis cachorros), uno de raza Jack Russell y dos Golden Retriever. Todos estaban en un espacio reducido, sucios y caminando entre sus heces. Los veterinarios que fueron parte del operativo dieron cuenta que se trataba de un claro caso de crueldad y maltrato animal.
Continuando la requisa, en otro lugar de la vivienda detectaron un pequeño espacio donde tenía el criadero de aves: los 54 canarios y 4 mandarines estaban muertos. “Estuvieron sin alimentación ni agua durante demasiados días, pero el imputado dijo que se fue todo el fin de semana y olvidó darles de comer”, amplió el fiscal.
Pero los cuerpos hallados indicaban que fueron varios días de estar en las jaulas, lo que generó, además, un peligro de propagación de enfermedades zoonóticas incluso para las viviendas linderas.
“Esta es el alma de los criaderos. Esta es el alma de los que crían para vender”, dijo apenada Clara Correa, presidenta y fundadora de la Asociación Pájaros Caídos, guarda de las aves que son rescatadas de distintos operativos por UFEMA.
Ante esta situación, la UFEMA dispuso el secuestro de la totalidad de los perros, las jaulas y el retiro de los cadáveres de aves encontrados en el lugar. También, se procedió a la detención del responsable del criadero para ser intimado por los delitos de actos de crueldad animal.
Asimismo, se labraron actas en el lugar y se ordenó su clausura por funcionar un criadero clandestino de canes y aves, y no cumplir con las normas locales en materia de funcionamiento, seguridad e higiene, que en el ámbito de la CABA se encuentra expresamente prohibido.
Los perros rescatados fueron trasladados y puestos a resguardo a una ONG, a disposición del Juzgado, que por el propio pedido de éstas no se difunden los nombres hasta que llegue el momento de iniciar el proceso de adopción de los perros.
“Seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con los procedimientos respecto de criaderos ilegales, vamos a seguir realizando procedimientos de forma constante. Queremos dejar bien en claro que la actividad de criaderos es ilegal en la ciudad de Buenos Aires, es una actividad que está prohibida”, finalizó el fiscal Rolero.
Del procedimiento también participaron personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, las Divisiones Conductas Delictivas y Perros de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA), y la Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA.
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