“No tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno”, dijo el presidente Alberto Fernández el 11 de junio de 2021, al anunciar obras para urbanizar lotes y otorgar créditos para la compra de casas en Mercedes, en compañía del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Un año después, el mandatario provincial creó la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y el Registro de Suelo Urbano con la misión de “ordenar el suelo bonaerense y llevar respuestas a miles de familias” que no tienen casa propia.
Para ello, incentivó a los 135 municipios bonaerenses a que vuelvan a debatir sus respectivos códigos urbanos y eso es precisamente lo que está realizando Pilar.
A pesar del alto rechazo que generó en la oposición, los comerciantes, los industriales y los vecinos, el intendente Federico Achával -del Frente de Todos- avanza con un polémico proyecto que -de acuerdo a lo que denuncian desde Juntos por el Cambio- atenta contra la propiedad privada.
“Buscan expropiar y regalar tierras”, advirtieron. Es por eso que buscan impugnar el proyecto que será presentado esta semana en el Concejo Deliberante de Pilar, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
De aprobarse la iniciativa kirchnerista, desde la oposición señalan que los dueños de Pilar estarán obligados a construir, sino, pasado los 3 años, aumentan las tasas un 50% y tras 5 años pueden expropiar. Llegado a este extremo, esos inmuebles se entregarían a personas o entidades inscriptas en el Registro Municipal de Demanda Habitacional.
Entre los lugares pasibles de ser expropiados, señalan que no solo se encuentran las edificaciones paralizadas y derruidas, sino también los terrenos baldíos de zonas urbanas. No se dice, por ahora, de los lotes en barrios privados.

Para evitar que esta iniciativa tenga tratado parlamentario, varios concejales de Juntos por el Cambio buscan impugnarla.
“Acabo de presentar este pedido de informes sobre el grave incumplimiento del Intendente @FedericoAchaval y al desprecio por el Código de Ordenamiento Territorial vigente y las necesidades de los pilarenses, acompañado por varios concejales de la oposición”, señaló el concejal Sebastián Neuspiller junto a un documento que también lleva la firma de Antonella Alarcón, Flavio Álvarez, Solana Marchesan e Inés Ricci.
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“Estamos haciendo ver que para cualquier cambio o modificación del actual Código de Ordenamiento Territorial tiene que haber un informe emitido por el Consejo Asesor, el cual nunca fue conformado desde que asumió el intendente Achával. No están cumpliendo con la normativa”, precisó Neuspiller a Infobae.

Incluso, el concejal también denunció que la audiencia pública que realizó la comuna el 10 de abril en el Teatro Municipal Ángel Alonso “fue convocada de manera irregular”.
“El lunes previo a Semana Santa entró el proyecto a rendición de cuentas del Concejo, que son casi 8 mil hojas. Los concejales tuvimos solo tres días hábiles para leerlo y nos encontramos con que el Viernes Santo el municipio convocó a una audiencia pública para exponer el tema el lunes siguiente, cuando por ley se requiere una antelación no menor a 30 días”, precisó. Y remarcó que “el 90% de los que participaron de la audiencia critican la forma y el contenido del proyecto”.
El proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Pilar (COUTP), un cuerpo normativo de 123 páginas, 218 artículos y 9 anexos, fue elaborado durante el último año y medio por municipio de Pilar con asistencia técnica de la Subsecretaría de Territorio de la Provincia de Buenos Aires y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.
Desde la comuna aseguran que el COUTP es una modificación progresiva con respecto al actual, vigente desde 2015 -cuando gobernaba María Eugenia Vidal y Nicolás Nicoté ocupaba la intendencia- y que tiene como propósito principal un reordenamiento centrado en el acceso a la tierra y la vivienda desde una perspectiva ecológica.

Según un informe elaborado por el municipio, al que tuvo acceso El Diario de Pilar, tras la audiencia pública se recibieron “76 propuestas concretas de modificaciones en zonificaciones y 14 modificaciones al texto normativo”, las cuales fueron presentadas “mediante los diferentes canales por 322 personas físicas, 46 personas jurídicas y 24 organizaciones civiles y sociales”. Además, se quitó la palabra “expropiación” de la iniciativa.
“Aún no pudimos ver las modificaciones que hicieron. Nos enteramos por ese diario. Entendemos que pretenden sacar las zonas rurales de Pilar. Quieren convertir al municipio en una unidad básica del kirchnerismo y traer a vivir a sus militantes. No lo vamos a permitir”, enfatizó Neuspiller.
En tanto, a la concejal Adriana Cáceres le llamó la atención la rapidez con la que realizaron los cambios. “Estuvieron un año y medio para hacer un código y para las modificaciones una semana”, le dijo a Infobae. Y agregó: “Los K siguen insistiendo en avanzar sobre la propiedad privada y buscan que las expropiaciones sean la regla sin ningún tipo de control”.

“Esto no es nuevo. También vimos cómo el exministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, apoyó una ordenanza en Avellaneda, que se pudo revertir y que venía por la expropiación de los inmuebles en desuso”, recordó Cáceres, quien criticó con dureza a los funcionarios del Frente de Todos y referentes políticos que participan en las tomas de tierra, como la de Guernica, que finalmente se logró frenar. “Yo creo que en Pilar también vamos a poder revertir esta situación”, se mostró confiada.
“Pareciera un código escrito por Grabois, pero fue diseñado por Kicillof. Antes fomentaban las usurpaciones, ahora las quieren legalizar”, concluyó la concejala.
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