Una manifestación por parte del personal de recolección de basura de La Rioja terminó de manera violenta y con varios vehículos dañados. Ante la intervención municipal para recuperar camiones que habían sido retenidos, un grupo de personas intentó oponerse arrojando piedras y causando daños materiales. La intendenta radicó una denuncia por los hechos ocurridos.
El conflicto de los recolectores de residuos inició entre noviembre y diciembre del año pasado, cuando los delegados retuvieron camiones compactadores e iniciaron una serie de protestas en pedido del pase a planta permanente. En esta oportunidad se reiteró la modalidad de reclamo y se sumó el pedido de aumento salarial y mejores condiciones laborales, como el uso de vestimenta, barbijos y guantes.
Como parte de la protesta, los trabajadores de Higiene Urbana retuvieron los camiones y la ciudad se quedó sin el servicio de recolección de residuos. Durante la madrugada del martes se apoderaron de los últimos tres vehículos que estaban en funcionamiento y la situación se tornó más tensa.
Frente a ese cuadro, la intendenta Inés Brizuela aseguró que siempre tuvieron la voluntad de dialogar para brindar soluciones a los trabajadores que “mantienen retenidos los camiones de manera ilegal”. Sin embargo, al tratarse de un servicio esencial y ante la falta de acuerdo, hubo medidas para intervenir para recuperar el servicio.
“Recurrimos al dialogo pero como respuesta tuvimos violencia e intimidación. Pido que la justicia intervenga”, planteó la intendenta en sus redes sociales. Junto con personal vinculado al Polo Obrero y efectivos policiales, el municipio acudió al predio donde estaban los manifestantes, pero, al reclamar por los vehículos se produjo un violento momento.
Si bien se logró “retirar de forma pacífica los camiones compactadores retenidos”, un grupo “reducido de personas intentó oponerse respondiendo con violencia, arrojando piedras, destruyendo los parabrisas y otros elementos de los vehículos”, detalló.
Ante la agresión que se cometió contra los vehículos recuperados para la recolección de residuos, la intendenta aseguró que los agresores fueron detenidos por efectivos policiales. Además radicó una denuncia penal de manera que “en estos momentos estamos constatando el estado de las unidades y realizando las denuncias pertinentes”. De ese modo se espera retomar la prestación del “servicio esencial de recolección”.
Desde la municipalidad de La Rioja cuestionaron la manera de actuar de los trabajadores y aclararon que “desde el Municipio ratificamos el derecho a huelga; pero repudiamos las acciones delictivas cómo está de apropiarse de bienes públicos que son elementos fundamentales para la prestación del servicio esencial de recolección”.
Dado que el conflicto recuerda los días de dificultades de permanecer varios días sin el servicio de recolección de residuos, Inés Brizuela remarcó que no se puede aceptar que la situación se repita y la ciudad se quede durante varios días sin el servicio. Por tal motivo, cuestionó que “necesitamos que las instituciones funcionen y hagan valer los derechos de todos los riojanos”.
En sus redes sociales la intendenta no solo manifestó su repudio contra las agresiones que se cometieron al momento de recuperar los camiones, sino que compartió algunas fotos de los daños causados. En las imágenes se pueden ver desde parabrisas rotos hasta faros dañados.
Inicio del conflicto
El reclamo por parte de los recolectores de residuos inició durante el año pasado debido a la falta de pago salarial a los empleados pasados a planta permanente. Ante dicha situación, la intendenta acusó al Gobierno Provincial de no enviar los recursos suficientes para hacer frente al compromiso asumido.
En aquel momento también se registraron hechos de violencia y tensión. Los manifestantes secuestraron los camiones, suspendieron el servicio y las calles de La Rioja se acumularon de basura. De hecho, los camioneros acudieron a la municipalidad y arrojaron una pila de basura, luego la prendieron fuego y se enfrentaron a la policía.
Debido a la conflictiva situación, la intendenta presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de la Nación y contra el Gobierno Provincial por vulnerar la autonomía municipal y por crear “una verdadera zona liberada para la comisión de delitos, debido a la pasividad y la inacción deliberada de las fuerzas policiales”.
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