A días de que el gobierno porteño prohibiera el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas, este lunes se presentó una acción de amparo en la Justicia para dejar sin efecto la resolución que comenzó a regir el pasado 9 de junio y que impide aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” como “chiques”, “bienvenidxs” o “alumn@s”.
La iniciativa la impulsaron la madre de una alumna y una docente. Se trata de las referentes de izquierda María Celeste Fierro (mamá de una niña de 6, docente e integrante del MST en el FIT unidad) y Vanesa Gagliardi (docente de Biología, referente de Educación Sexual Integral y diputada porteña electa por la banca rotativa del FIT Unidad).
En el escrito de 35 páginas, que dio a conocer el portal Palabras del Derecho, las mujeres sostienen que la medida dictada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, es “discriminatoria”, “atenta contra la libertad de expresión y también contra la identidad de género y de expresión”.
Según las dirigentes, la normativa de la administración de Larreta pretende “restringir nuestros derechos (y de las demás personas afectadas) a la libertad de expresión, al imponer una forma de comunicación profundamente discriminatoria hacia las personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino, personas no binarias, a través de la ‘regulación’ -que es de hecho una prohibición- del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de CABA”.
También hicieron referencia a los argumentos a los que recurrió la ministra Acuña al defender la resolución y sostuvieron que es falaz adjudicarle al lenguaje inclusivo la caída en la comprensión de textos.
“El retroceso empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba. Al deterioro social generalizado, la superpoblación de aulas, el bajo presupuesto educativo de la Ciudad y la precarización docente se suma que, durante la pandemia, Soledad Acuña y su jefe Horacio Rodríguez Larreta no garantizaron computadoras ni conectividad. Allí están las causas del reflujo en la comprensión de textos. Si no se revierten esos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’, la ‘x’ o la ‘@’ sólo implica discriminar y cercenar derechos”, argumentaron Fierro y Gagliardi.
Además, las dirigentes expresaron que la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protege la vulneración de derechos bajo el pretexto de “lengua, idioma o variedad lingüística, convicciones filosóficas, ideología, opinión política, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual. “Por ende la resolución criticada, que apunta a negar e invisibilizar las expresiones e identidades sexo-genéricas que salen del modelo binario cis, debe ser tachada de discriminatoria”, agregaron.
Hacia el final del recurso de amparo, María Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi enfatizaron que “el lenguaje se construye colectivamente y no se prohíbe unilateralmente”.
“El uso del lenguaje inclusivo no puede ser restringido dentro de ningún ámbito, pero mucho menos dentro de las instituciones educativas ya que deben ser espacios en los que se debe velar por el respeto y el cuidado de los derechos de nuestres estudiantes, garantizando el pleno ejercicio de los mismos”, concluyeron.
La causa ingresó al Juzgado de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº22 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la jueza María Rosa Cilurzo.
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