Lenguaje inclusivo en las escuelas: presentaron un proyecto para eliminar su uso también en la provincia de Buenos Aires

Luego de que la Ciudad de Buenos anunciara la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas porteñas, dos diputados bonaerenses presentaron un proyecto de ley para replicar la medida en las escuelas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de los diputados Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) que también buscan suprimir el uso de expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” también en documentos del Estado.

“Presentamos un proyecto prohibiendo el lenguaje inclusivo en el Estado y en el sistema educativo de la provincia”, señaló Castello el pasado viernes a través de las redes sociales. “El lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno y el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”.

A partir de algunas críticas recibidas por la iniciativa, Castello respondió con sarcasmo: “Aclaración Chiques: a favor de que en su vida privada hablen en inclusivo, mandarín o sánscrito. En contra de que el Estado IMPONGA un lenguaje NO OFICIAL por medio de sus organismos públicos y escuelas”.

En diálogo con el portal platense 0221, el diputado argumentó que a su criterio el lenguaje inclusivo representa “una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje”.

El artículo 1 del proyecto del proyecto remarca así la utilización del “idioma español conforme las reglas que establece la Real Academia Española”, mientras que el 2° indica que esto “importará la exclusión de toda información de reglas idiomáticas en general, y en particular las tendientes a reemplazar el uso del masculino genérico que, en nuestra lengua española, abarca a todas las personas, pertenezcan o no a dicho género, así como a la inclusión en las palabras de signos o letras que deformen su sentido u ortografía”.

Por otra parte, el tercer artículo ordena que esta normativa sea aplicable en todos los centros educativos de todos los niveles de la provincia, ya sean privados o públicos -al igual que ocurrirá en la Ciudad- y que incluirán tanto al lenguaje oral como al escrito. “Quedará expuesto a las responsabilidades administrativas que pudieran caberle conforme a los previsto en normas vigentes”, concluye el texto.

El diputado nacional y ex candidato a presidente de Avanza Libertad, José Luis Espert, apoyó en sus redes sociales la medida: “Nuestro legislador es uno de los que impulsa la propuesta. Bien ahí!”, escribió.

La disposición del gobierno porteño abrió la polémica en los últimos días respecto de la utilización de este tipo de expresiones y vocativos sin género determinado. La resolución fue enviada a los colegios este jueves y comenzó a regir desde ese mismo día, aunque desde el gobierno reconocen que será un proceso gradual hasta que se refleje en su totalidad.

“Sabemos que el lenguaje va mutando y no somos ajenos a eso, pero ese tipo de distorsiones generan dificultad para aprender las reglas gramaticales y básicas de la lengua. Es algo que venimos trabajando con especialistas y si bien no hay evidencia porque aún todo es muy nuevo, coincidimos en que va en contra del aprendizaje. Nosotros tenemos la obligación de enseñar el uso correcto de la lengua. Después los chicos son personas libres y pueden adecuarlo como crean conveniente”, señaló Soledad Acuña, ministra de Educación porteña.

Tras conocerse la disposición, el gobierno nacional salió al cruce y cuestionó la medida. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo que si bien es necesario mejorar la alfabetización y la comprensión lectora de los chicos, prohibir el lenguaje inclusivo no es la solución. “Tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo. Mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios, que no haya desigualdad, ni discriminación”, señaló.

“La Argentina tiene 24 provincias y cada una está enfocada en que haya más días y horas de clases, en que haya libros en las escuelas, pero hay que pensar que si tantos chicos y chicas usan ese lenguaje refleja otra cosa, una situación de injusticia, de machismo con las chicas y mujeres argentinas, y que si lo usan es porque entienden que es una herramienta para que eso cambie”, advirtió en declaraciones a C5N.

Tras conocerse la resolución, los gremios docentes también repudiaron la medida. Tanto Ute como Ademys, dos de los sindicatos porteños, consideraron que forma parte “de la ofensiva de la derecha en educación”. Al respecto, la ministra Acuña remarcó: “No le pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia de política educativa”.

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