
Ante los reiterados incendios que vienen azotando el Delta del río Paraná, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, aseguró que esa provincia “no tiene ninguna responsabilidad jurídica” sobre los siniestros y afirmó que es “gente de Rosario la que hacen un uso inadecuado” de las islas que “a lo mejor tienen legítimamente”.
A través de un comunicado, el funcionario judicial sostuvo que “adjudicarle responsabilidad” a esa jurisdicción por los hechos que se vienen produciendo “es un contrasentido”, teniendo en cuenta que “la mayoría de los imputados” en la causa penal federal que se inició por esta situación son oriundos de la mencionada ciudad santafesina.
Además, tras las diversas protestas de movimientos que intimaron al Gobierno de Santa Fe para que denuncie al de Entre Ríos por los incendios, Rodríguez Signes resaltó en su escrito que “no es novedad esa actitud de algunas organizaciones”.
En este sentido, recordó que hace aproximadamente 10 años se presentó una situación similar que la provincia que él representa “ganó en juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Estamos muy tranquilos porque esto el Gobierno de Santa Fe lo sabe perfectamente. Tenemos diálogo permanente y existen ámbitos administrativos como para ir dando solución a esos problemas”, agregó.

Rodríguez Signes consideró que antes de la pandemia se acordó entre ambas jurisdicciones la utilización de algunos terrenos en la zona del Delta, con “espacios que pertenecen Entre Ríos, más al sur, y en otros a Santa Fe, más al norte”.
A la altura de La Paz, en el noroeste entrerriano, la zona de humedales e islas está del lado santafesino, y a la altura de Victoria es al revés, por lo que “hay una conciencia” entre ambos distritos “sobre todo esto”, y Entre Ríos “no incurrió en ningún caso de responsabilidad”.
“Hemos puesto todos los medios a nuestro alcance y no hay una relación de causalidad entre los perjuicios, que de ninguna manera niego que puedan estar sufriendo los habitantes de Rosario, y la conducta de la administración provincial”, concluyó.
Aún se encuentra vigente la prohibición de realizar cualquier tipo de quemas sin autorización ya que pesa sobre la región una medida cautelar del Juzgado Federal de Paraná que prohíbe de manera “absoluta acciones humanas con capacidad de alterar el medio ambiente”.

Durante 2020, los incendios en esa zona provocaron graves daños y gran cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades. Por eso, Entre Ríos inició causas judiciales ya que consideró que fueron generados para “obtener rebrote como forraje para el ganado, limpieza de la zona y pesca y caza”.
Asimismo, el gobernador, Gustavo Bordet, decretó -en ese entonces- la emergencia ambiental por “la degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud”.
Hace menos de un mes, brigadistas forestales nacionales y de diferentes jurisdicciones junto a personal de las provincias de ambas provincias trabajaban para combatir y controlar por tierra y aire nuevos incendios que se registraron en islas.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Daniela García, señaló que en islas el fuego es muy particular “porque hay mucha materia seca acumulada y queda prendido en lugares que no se ven a simple vista y, cuando cambia el viento, el fuego vuelve”.
“Hay muy poca humedad ambiente, lo que causa que el fuego se propague más rápido y sea difícil de contener; y el humo además se propaga hacia las ciudades costeras, y torna peligroso el tránsito vehicular por la visibilidad” sostuvo, por su parte, el secretario de la Protección Civil de Santa Fe, Roberto Rioja.
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