El asesor tutelar de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires Damián Conti dictaminó hoy que el gobierno porteño cumplió con la presentación del plan de testeos contra el coronavirus ante el inicio de clases y que así el amparo judicial que se tramita es abstracto.
“El objeto de autos (NdA: la causa) se ha visto íntegramente satisfecho”, sostuvo Conti, asesor tutelar de la Justicia en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad. Se trata de quien representa a niños, niñas, adolescentes en una causa, en este caso a los alumnos de la ciudad. El dictamen fue presentado ante la jueza Ana Cabezas Cescato, quien reemplaza a Roberto Gallardo mientras se analiza la recusación que el gobierno presentó para que sea apartado del expediente. Gallardo pidió que ese planteo sea rechazado. “Los argumentos esgrimidos resultan improcedentes y carentes de sustento fáctico y jurídico”, sostuvo el magistrado.
La causa se trata de un amparo que presentó Carlos Luis Elías, dirigente sindical del SUTECBA, para que el Gobierno de la Ciudad informe si ante el inicio de las clases presenciales iba a ser testeado el personal docente y no docente y que si esos tests no se hacían se suspenda el regreso a las aulas.
El juez Gallardo le pidió al gobierno que presente un informe para saber si iba a hacer los testeos, citó a la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, a una audiencia virtual para el próximo 10 de febrero y convocó a gremios docentes a participar de la causa. Por esas decisiones, el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez por presunta falta de parcialidad y hasta que se resuelva el planteo el magistrado dejó la causa que quedó a cargo de Cabezas Cescato. El gobierno llevó a la Justicia un segundo escrito en el que pidió que se suspenda la audiencia y presentó el plan de testeos.
Con eso opinó el asesor tutelar de menores. “Desde ya adelanto que, de acuerdo a las constancias agregadas de la causa y sin perjuicio de los distintos planteos formulados por quienes se han presentado en autos (falta de legitimación activa por no integrar el actor el colectivo por el que se requiere una tutela judicial, entre otros) respecto de los que por el momento considero innecesario emitir opinión, las presentes actuaciones han devenido abstractas”, sostuvo Conti.
El funcionario explicó que el gobierno presentó la “Guía de testeo para personal docente y no docente” en la que informó que a partir del 8 de febrero se podrá hacer el estudio de manera voluntaria todo el personal vinculado a la educación y detalló cómo será: con siete mil turnos por día, en distintos centros y con un protocolo.
“En definitiva, el objeto de autos se ha visto íntegramente satisfecho”, consideró Conti. Ahora la jueza le pidió opinión al fiscal Patricio Urresti, quien había solicitado contar con la respuesta del Gobierno de la Ciudad antes de dar su dictamen.
Cuando el fiscal presente su postura, la magistrada Cabezas Cescato quedará en condiciones de resolver todos los planteos que tiene, entre ellos el del gobierno para suspender la audiencia con Acuña y Quirós, a la espera de que se resuelva la situación de su colega Gallardo.
La recusación
Gallardo presentó el informe para contestar el pedido del gobierno para que sea apartado de la causa. El juez pidió que el planteo sea rechazado. “Todos los argumentos destinados a sustentar la recusación no son otra cosa que un cuestionamiento a decisiones de mero trámite adoptadas por el suscripto”, sostuvo.
Una de las críticas del gobierno es la audiencia virtual a la que convocó y la decisión de que Acuña y Quirós deban estar presentes sin poder delegarla en otros funcionarios de sus áreas. El juez dijo que el gobierno objetó que la audiencia sea “en plena pandemia” y “a pocos días del inicio de las clases”. “¿Acaso pretende el GCBA que se espere a que termine la pandemia de COVID 19 y que las clases ya hayan iniciado, para requerir informes relativas a los eventuales protocolos que se aplicarían antes del inicio de las clases con relación a la enfermedad? ¿Por otro lado, en qué radicaría el problema para que los funcionarios de las áreas involucradas destinen un par de horas a brindar explicaciones relativas a cuestiones de sus respectivas competencias?”, se preguntó el magistrado en su escrito.
La recusación la deben resolver los jueces de la Sala II de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, integrada por Fernando Lima, Esteban Centanaro y Mariana Díaz, quienes ya tienen la causa. Primero deberá opinar el fiscal del tribunal y luego los magistrados. La resolución se espera para la semana que viene y será solo para decidir si Gallardo es apartado o no del amparo.
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