
El reporte de los incendios emitido diariamente por el Ministerio de Seguridad de la Nación informó que hay 9 provincias afectadas por focos ígneos, dos menos que este miércoles. Sin embargo, la preocupación por la quema de unas 175.000 hectáreas de territorio argentino motivó a un grupo de ONGs ambientalistas presentar un pedido ante el Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
“Desde febrero, nuestras organizaciones vienen advirtiendo del riesgo de una nueva crisis de incendios, como las que se han dado en veces pasadas, en razón de las condiciones meteorológicas e hidrológicas reinantes. Sólo en el Delta del Paraná se han registrado hasta el momento cerca de 25 mil focos que afectaron 300.000 hectáreas. Estos sucesos impactan severamente en la biodiversidad, así como en la salud y seguridad de las personas que habitan especialmente en el sector de islas del Delta del Paraná, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad y sin acceso a servicios esenciales; así como a las y los habitantes de ciudades cercanas como Rosario, la tercera urbe más poblada del país”, sostiene la misiva firmada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Casa Río, Fundación Cauce y Taller Ecologista.
“Queremos requerirle formalmente a su persona que intervenga con suma urgencia ante esta crisis socioambiental reinante en Argentina, en apoyo a la lucha de años de la sociedad civil por la sanción de una Ley Nacional de Humedales y una efectiva implementación de la Ley de Bosques Nativos, entre otra legislación socioambiental, así como por la salvaguarda de los derechos de pueblos originarios y comunidades locales, tradicionales e isleñas, y en general de toda la ciudadanía argentina”, agregaron los representantes de la sociedad civil.

La carta busca llevar al más alto nivel internacional la preocupación por los incendios que afectan a la Argentina, la mayor parte de ellos, en el corazón productivo de la Argentina. Las ONGs además recordaron que a pesar de que existen causas judiciales para determinar responsabilidades, los avances han sido escasos.
El informe además detalló que “estos sucesos trágicos de los que damos cuenta dejan expuesta la ausencia de un control de actividades antrópicas por parte de las autoridades competentes, y la débil institucionalidad ambiental para la gestión sostenible de los ecosistemas y bienes naturales que estos alojan. En definitiva, las consecuencias que trae aparejado el hecho de que lo ambiental no sea política de estado ni esté en las plataformas políticas como una prioridad. No ha habido constitución alguna de comités de crisis, ni impulso de un fuerte trabajo territorial multisectorial esencial para llegar a arreglos mínimos de corto plazo con el sector productivo, que irresponsablemente o intencionadamente lleva adelante quemas en las condiciones reinantes, para avanzar en acordar formas de producción que aseguren la sostenibilidad de la integridad ecológica de los ecosistemas”.

Ayer, el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, pidió a la Corte una mayor acción luego de que el máximo tribunal dictaminara, hace 20 días, la creación de un comité para afrontar la crisis de los fuegos. Además, Cabandié sugirió que “con la geolocalización de los incendios y el cruce de los catastros, la justicia puede saber quiénes son los dueños”, en referencia a la identificación de los titulares de los terrenos donde se provocan los incendios intencionales. Cabe recordar que el Ministerio de Ambiente es querellante en la causa que se tramita en el juzgado federal de Paraná.
Para las ONG, esta urgencia es producto de la falta de cumplimiento de leyes y de una política de Estado respecto del ordenamiento territorial: “El costo económico que supone para el Estado Nacional y las provincias apagar los incendios es enorme, además de los riesgos que ello trae aparejado para la salud y la vida de brigadistas, en buena parte voluntarios. A esto se suma la ausencia de procesos de ordenamiento ambiental del territorio; la inactividad de instancias institucionales regionales, multisectoriales y participativas; respuestas gubernamentales muchas veces demoradas o inoportunas, cortoplacistas y no estratégicas; y un escenario de pandemia, cuarentenas y distanciamiento social que traen dificultades y grandes desafíos para controles en el territorio y asegurar el estricto cumplimiento de la normativa de protección ambiental, el acceso a la información y una participación ciudadana efectiva”.
Según el Ministerio de Seguridad nacional, del que depende el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, “el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, siendo dentro de estos los principales escenarios la preparación de áreas de pastoreo con fuego; fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras”.
Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación.
De la lista de provincias alcanzadas por el fuego, que ayer llegó a 11, se retiraron San Luis y Santiago del Estero, que hoy no reportaron hechos. En Córdoba, se mantienen activos los focos en las ciudades de Capilla del Monte, con 20 casas quemadas; Cosquín, con 100 personas evacuadas, y Casa Grande. En Achiras, en tanto, los incendios se encuentran contenidos. En la provincia trabajan 5 camiones hidrantes, personal del SNMF y de la Policía Federal. “En las zonas quemadas disminuyen las poblaciones de mamíferos pequeños, anfibios y reptiles, debido a sus áreas de vida reducidas, escasa capacidad de huida y dificultad para encontrar nichos después de las quemas o incendios”, detallaron en el reporte.
En la provincias de Entre Ríos y Santa Fe el fuego se encuentra contenido en Diamante y Concepción del Uruguay pero continúa activo en Victoria. Por los incendios en el Delta se encuentran amenazadas, entre otras especies, el ciervo de los pantanos, que está en peligro de extinción. También corren peligro el bosque fluvial mixto (sauce criollo, aliso de río, canelón y laurel, entre otros) y la “selva ribereña” (compuesta por leñosas como la palmera pindó, el ingá, el anacahuita y el sauco).
En Catamarca, donde trabajan dos aviones hidrantes, los incendios de El Alto (Huaico Hondo) se encuentran contenidos, los de Ancasti continúan activos y los de Andalgala fueron controlados. En La Rioja, el departamento de Independencia continúa con el foco activo, mientras que en Tama se encuentra controlado. En Corrientes, en la ciudad capital, el fuego se mantiene contenido. En Echeverría, en cambio, los incendios permanecen activos. En Zárate, provincia de Buenos Aires, el foco que comenzó a la altura del kilómetro 110 de la RN12 está controlado, mientras que en la localidad de San Fernando los incendios están contenidos. En Salta, permanecen los incendios en Pampa de Guachipa y Aguaray. También hay focos activos en Misiones, en la ciudad de Apóstoles.
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