Píparo de 43 años, denunció en su cuenta de Twitter que Moreno la hostigó vía Facebook y publicó capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado por balearla en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y en la que murió su bebé
Píparo de 43 años, denunció en su cuenta de Twitter que Moreno la hostigó vía Facebook y publicó capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado por balearla en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y en la que murió su bebé

Este domingo por la tarde, la diputada de Juntos por el Cambio Carolina Píparo denunció que fue amenazada por las redes sociales por Carlos Moreno, uno de los condenados por haberla baleado en el 2010 durante una salidera bancaria en La Plata, por lo que el Servicio Penitenciario provincial realizó una requisa en la que encontró un celular no registrado en la celda del preso.

Píparo de 43 años, denunció en su cuenta de Twitter que Moreno la hostigó vía Facebook y publicó capturas de pantalla de los mensajes que le envió el condenado por balearla en una salidera bancaria cuando estaba embarazada y en la que murió su bebé."Esto me escribe el hombre que asesinó a mi hijo el día que liberan el uso de celulares y redes ¿Qué pensaron que iban a hacer? ¿Llamar a la abuela?", cuestionó la actual diputada provincial de Juntos por el Cambio.

De acuerdo a las imágenes exhibidas por la víctima, el detenido le escribió: “De mí tampoco te olvides, Carlos Moreno. El mismo que te disparó Carolina Píparo, basura de mujer” y “acá, mejor que nunca en la Unidad 34 put..”. Algunos de estos mensajes figuraban esta tarde en al muro de la página de Píparo de Facebook como comentarios a la última publicación de ella y bajo el nombre de usuario “Carlín Moreno”.Y al ingresar a ese perfil se podía observar que había actividad reciente desde el 28 de enero pasado.

Tras la denuncia de Píparo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) informó que de inmediato se llevó adelante una requisa en la Unidad 34 Melchor Romero donde está alojado el interno y se secuestró un teléfono móvil que no estaba registrado a su nombre, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal 8 de La Plata, en turno.

Captura del tuit de Piparo con los mensajes de Carlin Moreno amenazandola
Captura del tuit de Piparo con los mensajes de Carlin Moreno amenazandola

Una fuente judicial explicó a Télam que “ahora será la justicia la que deberá determinar si los mensajes salieron de ese celular, más allá de que cometió un acto no permitido por tener un teléfono no registrado”.

El SPB detalló que el protocolo de uso regulado de celulares se implementó la semana pasada por orden de la Justicia y la reglamentación elaborada por el propio servicio dio cumplimiento estricto a lo resuelto por el Poder Judicial. La reglamentación establece la prohibición de utilizar teléfonos móviles sin el debido registro y en ese caso solo permite la comunicación por la red social Whatsapp.

“Precisamente el protocolo que se firma con los internos a partir de la autorización judicial es para evitar llamados desde celulares ingresados clandestinamente”, añadió el comunicado.

Por otro lado, la asociación que preside Piparo, la Asociación Civil Usina de Justicia, junto con Fortalecidos por el Dolor, Asociación de Vecinos de la localidad de San Martín, pocos días después de la resolución que permitió a los presos el uso de celular para poder comunicarse con sus familias en plena pandamia, publicó una carta encontra de esté permiso. “El uso indiscriminado de telefonía celular por los internos puede ser el medio para amedrentar o amenazar a los testigos y las víctimas de delitos, y hasta para organizar secuestros virtuales. Para comunicarse, los internos disponen de teléfonos públicos instalados en las cárceles donde se anticipa al destinatario que el llamado proviene de un establecimiento penitenciario. Consecuentemente, manifestamos asimismo nuestra oposición al “Protocolo para el Uso de Teléfonos Celulares por parte de Personas Privadas de la Libertad en el ámbito del Servicito Penitenciario Bonaerense” sancionado por la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia, el cual autoriza el uso de telefonía celular, tabletas (tablets) y computadoras con acceso a Internet. Además no habrá modo de controlar e impedir el uso indiscriminado de las redes sociales”, escribieron.

“Resulta alarmante que el Protocolo haga un expreso “blanqueo” de todos los celulares ya introducidos ilícitamente en las cárceles bonaerenses, puesto que como “disposición transitoria”, permite la “regularización” de la “tenencia y utilización” de los celulares que tuvieren consigo los internos, bajo el simple trámite de la registración por parte de la autoridad penitenciaria y sin que haya tomado ni la más mínima precaución para determinar la titularidad de esos dispositivos”, agregó y fue dirigida hacía la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y el Tribunal de Casación Penal, organismos todos de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de lo denuncia de Píparo, el bloque del PRO sacó un comunicado en respaldo a al diputada de ese partido.

Píparo fue baleada el 29 de julio de 2010 cuando con su madre, María Ema Cometta, retiró dinero de la sucursal del Banco Santander Río de 7 y 42, en La Plata, y se dirigió a su casa, en las calles 21 y 36 de la capital provincial.Allí, dos hombres en moto la atacaron y la golpearon para intentar robarle el dinero y uno efectuó un disparo que impactó en el mentón de Píparo y le perforó un pulmón. La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Gonnet donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo Isidro, aunque murió una semana después.En el 2013, el Tribunal que juzgó el caso impuso prisión perpetua a Moreno, de 27 años,, a quien Carolina identificó como el tirador; a Luciano López, de 27 años, , conductor de la moto que la siguió; a Carlos Jordán Juárez, de 52 años, y a ‘Pimienta’ Silva, encargados de ‘marcarla’ adentro y afuera del banco; y a Juan Manuel Calvimonte, de 32 años,, por reclutar a todos los integrantes.Sin embargo, luego el Tribunal de Casación provincial le bajó la pena a Silva a 23 años de prisión, tras lo cual, el condenado solicitó en 2018 que le otorguen el arresto domiciliario por problemas de salud.

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