Luego de la audiencia para revisar las condenas y absoluciones dispuestas llevada a cabo ayer, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Juan Antonio Ferreira Pinho, ex secretario de Asuntos Militares en la causa Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte), proceso en el cual se imputa la privatización de las acciones que el Estado nacional poseía en el astillero y taller de reparaciones navales.
El jueves se celebró una audiencia a la que asistieron representantes del Ministerio de Defensa de la Nación, de la empresa Tandanor, las defensas y los civilmente demandados. Las partes hicieron uso de la palabra, contrapusieron sus diversas posiciones y la Cámara pasó a deliberar previo al dictado de la sentencia.
Hoy, la Sala IV declaró inadmisible, por falta de sentencia definitiva, el recurso de extraordinario federal interpuesto por la defensa contra la confirmación dispuesta por esa Sala, decisión de la Cámara Federal de Apelaciones que había revocado el sobreseimiento dictado por prescripción para que el juez de primera instancia determine previamente si se encuentran imputados funcionarios públicos. En la sentencia se reiteró que la revocación de un sobreseimiento por prescripción no constituye sentencia definitiva ni equiparable a tal.
Los acusadores señalan que la privatización, efectuada en 1991 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, fue fraudulenta. En esta etapa la Justicia investiga a los miembros de la Comisión de Preadjudicación.
El objetivo de la causa es el esclarecimiento de una maniobra llevada a cabo desde el Ministerio de Defensa de la Nación, en la que el entonces administrador provisorio y luego presidente de Tandanor, con la connivencia de otras personas que integraron las empresas que conformaron el consorcio ganador de la adjudicación, se perpetró el vaciamiento de Tandanor. Se estima que los hechos comenzaron a desarrollarse el 30 de diciembre de 1991 y hasta el año 1999.
Esta causa había sido declarada prescripta, pero en el año 2012 fue reabierta por la Sala IV de la Cámara de Casación a partir de un fallo en el que ordenó que se investigue la maniobra. En noviembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 5 condenó al ex funcionario del Ministerio de Defensa Eduardo Tesoriere y a los empresarios Alejandro Bofill y Juan Andrés Vlastó, que intervinieron en el proceso de privatización ocupando los cargos jerárquicos de las empresas adquirentes y de la propia Tandanor luego de su adquisición.
En la sentencia además se dispuso el decomiso del inmueble de 8,5 hectáreas que Tandanor posee en Puerto Madero y su restitución al Estado argentino, en lo que se considera el decomiso más importante de la historia judicial argentina.
El 30 de marzo de 2007, el presidente Néstor Kirchner reestatizó Tandanor por decreto y anuló la privatización realizada en la década anterior. Los empleados del astillero, en recompensa por sus esfuerzos para mantener en actividad la empresa, recibieron el 10% de sus acciones.
Durante su mandato, el presidente Mauricio Macri la elogió y la presentó como un “modelo de empresa estatal sana”.
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