Pidieron 5 años de prisión para los imputados por la explosión en un edificio de Rosario

La fiscal de la causa por la explosión en un edificio en Rosario en 2013 pidió 5 años de prisión efectiva para 9 de los 11 imputados por estrago culposo agravado, mientras que la querella solicitó la misma pena pero para todos los acusados por el estrago que provocó la muerte de 22 personas.

Este miércoles, en la primera audiencia del juicio, la fiscal Graciela Argüelles solicitó la prisión para cuatro directivos de Litoral Gas, la empresa encargada del servicio, tres administradores del consorcio, el gasista y su ayudante.

Al fundamentar su acusación, la fiscal relató que todo comenzó el 24 de julio una semana antes de la explosión cuando un vecina del edificio ubicado en la calle Salta 2141, denunció ante la empresa Litoral Gas "que se le apagaba el calefón" y, ante ello, Argüelles sostuvo que hubo "una cadena de negligencias e inoperancias" de los empleados de Litoral Gas que no detectaron el fondo del problema, que era "la falta de presión del servicio".

"Sin hablar con la vecina reclamante al concurrir a detectar el problema dejaron en un acta una constancia de que por un escape de gas se procedía a cerrar la válvula del suministro con un cepo, fuera del reglamento", apuntó.

Argüelles consideró que "de haberse detectado desde un principio el problema, podría haberse evitado la tragedia que enlutó a la sociedad de Rosario porque desde aquel día nada es igual".

"Ese día no empezó el problema, ese día, al contrario, termina con la explosión en la que 22 familias fueron destrozadas y muchas murieron junto a sus seres queridos", enfatizó la fiscal.

Los acusados por la fiscal son el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño y los empleados de Litoral Gas Viviana Beatriz Leegstra (gerente técnica), Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes), Guillermo Oller y Luis Curaba. También le achacó responsabilidades y negligencias a los administradores del edificio: Norma Bauer, Carlos Repupilli (asesor legal) y la administradora del consorcio Mariela Calvillo. A estos últimos los acusó por haber promovido una reunión del consorcio el día 2 de agosto en la que presentó al gasista, Carlos García quien se iba a encargar de hacer el trabajo del reemplazo del regulador.

La fiscal señaló que "se trataba de un trabajo que iba a ser más rápido y menos costoso y que según los testigos que vamos a presentar para el gasista contratado -por García- era 'una boludez' hacerlo".

"García concurrió ese día con un ayudante, Pablo Miño y sin comunicar a Litoral Gas, sin cortar la luz, sin cerrar la puerta de ingreso y sin avisar a los vecinos comenzó a manipular en la planta baja las llaves para hacer el recambio y cuando empezó con un zumbido la fuga de gas, ambos salieron corriendo del edificio", relató Argüelles sobre la explosión que se escuchó en un gran radio del centro de Rosario a las 9:38 del 6 de agosto de 2013.

También están acusados el gasista José Luis Ayala, quien había concurrido unos días antes para hacer el trabajo en el edificio, pero que en cambio no fue contratado por el consorcio. Destacó además que no encontró responsabilidades penales en el gasista José Luis Ayala y en el empleado de Litoral Gas, Gerardo Luis Bolaño. En cambio para la querella, a cargo del letrado Ángelo Rossini que representa a la familia de Débora Gianangelo (20) una de las 22 víctimas mortales, la misma pena solicitada por la fiscal deberá, "extenderse a los 11 imputados".

Por su parte, las defensas adelantaron que pedirán la "absolución" de sus representados por "falta de responsabilidad penal".

Al primer día del juicio considerado un caso único en la historia judicial de Santa Fe, concurrieron los familiares de las víctimas, mientras en la puerta del tribunal los amigos y vecinos de Débora Gianangelo, una joven de 20 años de la localidad de Arteaga y que estudiaba en la Universidad Nacional de Rosario, instalaron pancartas con pedidos de justicia.

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