Una información, que no pudo ser confirmada por el Juzgado Federal de Bariloche al que consultó Infobae, identificó al autor del disparo que mató a Rafael Nahuel, el mapuche de 22 años fallecido el 25 de noviembre pasado en Villa Mascardi durante la custodia de un predio usurpado a Parques Nacionales por la Lof Lafken Winkul Mapu.
Se trataría del cabo primero del grupo Albatros Francisco Javier Pintos, según consignó el sitio Nuestras Voces, que accedió de forma anticipada al contenido de un informe balístico comparativo clave.
Esa pericia, no obstante, será entregada al tribunal posiblemente hacia fines de esta semana, indicaron fuentes judiciales, con lo cual "la identidad respecto a quién pertenece el arma no puede confirmarse o desestimarse".
"Una de las balas 9 milímetros" de la ametralladora MP5 -identificada "con el número de serie B 05-C335508", asignada a Pintos—afirma el portal—, fue la que mató a Nahuel.
La información filtrada, al parecer, por las primeras abogadas de la familia de Rafael Nahuel, Julieta Wallace y Sofía Bordenave, sería correcta. La perito balística de la familia de Rafael Nahuel, Silvia Buffarini, habría adelantado ese resultado en medio de un conflicto por honorarios, dijeron fuentes de la querella.
Junto a Buffarini actuaron en el cotejo balístico el perito oficial, Roberto Negris, la perito asignada por el Ministerio PúblicoFfiscal, Karina Uribe, y el perito en criminalística Miguel Prueger, por parte de la defensa de Fausto Jones Huala y de Lautaro González. Estos últimos están imputados en la causa que mantiene la carátula de "muerte por causa dudosa, usurpación y atentado contra la autoridad".
Consultado el abogado Estanislao Cazaux, quien junto a su colega Marcos Miguel son los nuevos letrados patrocinantes de la familia de Rafael Nahuel, la filtración "perjudica la investigación ya que ocasiona un riesgo cierto de fuga por parte de Pintos".
"Primero hay que ver el resultado del informe y examinar si no hay partes que deban ser impugnadas, para lo cual contamos con un plazo de cinco días. Recién después pediríamos la indagatoria de Pintos y más tarde las testimoniales, en las que no se puede mentir, de los otros cinco efectivos del grupo Albatros que realizaron una cacería en Mascardi", dijo Cazaux.
Según el letrado, el grupo efectuó más de 114 disparos —entre balas de goma y de plomo, de acuerdo al conteo preliminar en la capacidad de sus cargadores— contra los miembros de la comunidad, que solo se defendieron con piedras.
El eje central de la investigación penal radica en acreditar si efectivamente existió un enfrentamiento armado entre ambos grupos. Así lo viene sosteniendo desde el inicio de la investigación la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que asegura que lo miembros de la Prefectura cumplían con la orden judicial de mantener desalojado el predio cuando repelieron un ataque con armas de fuego.
Sin embargo, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, "no puede hasta el momento descartarse ni confirmarse si hubo intercambio de disparos entre ambos grupos".
"Esperamos, por un lado, el informe pericial del cotejo balístico. Pero también la semana próxima tendremos la corroboración sobre si son residuos de pólvora los metales encontrados en las manos de Fausto Jones Huala y de Lautaro González, quienes bajaron a Nahuel herido, y en un principio habían dado positivo. Hay que descartar que no se trate de una contaminación y para eso el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta está finalizando esa pericia que será concluyente", adelantaron las fuentes.
"Con esos elementos —explicaron— junto a otros indicios y material probatorio que obran en legajos reservados, estaremos en condiciones de decir si hubo o no armas en manos de mapuches".
En esos legajos reservados, según pudo saber Infobae, constan numerosas escuchas telefónicas ordenadas antes del desalojo del predio junto a informes de inteligencia criminal que, por orden del juez Gustavo Villanueva, realizó el grupo GEOF.
Cazaux confirmó la existencia de escuchas en la causa pero se excusó de revelar su contenido debido a que la instrucción mantiene el secreto de sumario.
A más de seis meses de la muerte de Nahuel, la instrucción suma siete cuerpos y la defensa de los prefectos todavía no se ha presentado en la causa, a la espera de una imputación formal a alguno de los miembros.
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