El ARA San Juan, empantanado

Todas las noticias que reciben los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos del ARA San Juan son pésimas y demuestran que tanto las investigaciones que se abrieron para conocer la verdad, ya sea la judicial como la parlamentaria, están empantanadas. Lo mismo ocurre con la búsqueda del submarino perdido en el fondo del océano, el 15 de noviembre pasado.

Burocracia, desinterés, desidia, falta de decisión, presunta complicidad, y poca valentía. Esas y otras pueden ser las razones que podría tener la Justicia, por un lado, y el poder político por el otro, para que a más de siete meses del hundimiento del buque de guerra no exista ninguna respuesta para los dolientes que el viernes último volvieron a pedir la renuncia del ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Esta vez lo hicieron en su propio despacho mientras este intentaba explicar por qué se dio de baja a la contratación directa internacional cuando ya se la habían preadjudicado a una empresa española. Todo terminó en papelón.

Lo hicieron mientras otro grupo de familiares permanecen encadenados frente a la Casa Rosada, hasta que las autoridades no retomen la iniciativa para buscar al ARA San Juan.

Pantano I

Por un lado, quizás el más preponderante, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, no se decide a avanzar sobre las presuntas responsabilidades penales que tuvieron en la tragedia los mandos superiores de la Armada. Y mucho menos sobre funcionarios o ex funcionarios del Gobierno Nacional.

Por el otro, la Comisión Bicameral, integrada por diputados y senadores, que deberían profundizar sobre las responsabilidades políticas, está inmersa en su propia dinámica.

Los bloques mayoritarios del oficialismo y el peronismo advirtieron al resto que no citarán a declarar, como algunos propusieron con muy buen criterio, a los ex ministros que antecedieron a Aguad; el actual senador Julio Martínez, el radical que dejó el cargo seis meses antes de la tragedia; y la diputada Nilda Garré, la ex funcionaria kirchnerista a cargo del área durante la cuestionada reparación de media vida que se le había realizado al ARA San Juan; sobre todo porque no se cambiaron a nuevas las baterías que fallaron después del ingreso de agua por el sistema snorkel.

Garré, además, forma parte de la Comisión Bicameral y, ya se sabe, nadie se investiga a sí mismo. Sino lo contrario.

Como se ve, apenas nacida, la Comisión parlamentaria, ya se puso límites así misma, aunque no todos estén de acuerdo, pero tampoco protestan, al menos en voz alta.

Si se quiere conocer la verdad sin concesiones, tanto Garré como Martínez, deberían dar muchas explicaciones. Sobre todo, el segundo.

El radical debe aclarar que ordenes impartió cuando llegó a sus manos, en diciembre de 2016, la auditoría que demostraba que el submarino no estaba en condiciones óptimas para realizar tareas de inteligencia sobre buques extranjeros, ya sean pesqueros ilegales, o de guerra británicos, como consta en la documentación de la causa.

Si hasta tenía limitaciones para sumergirse a un tercio de su capacidad operativa por falta de controles y mantenimiento.

Martínez, además, debería explicar el recorrido que tuvo ese informe desde que llegó a sus manos, y las instrucciones que le dio a la Armada. O si dispuso de una partida presupuestaria especial para realizar los trabajos allí recomendados.

También relatar si le informó a su sucesor sobre las tareas pendientes que pesaban sobre el navío de guerra.

Cuando la senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, interrogó a Aguad sobre este punto, el día en que expuso ante la Bicameral, el ministro dijo no haber estado enterado sobre la existencia de esa documentación.

Según la trazabilidad de ese instrumento público, una vez firmado por los auditores y peritos de la Marina pasó, a fines de 2016, a manos del auditor interno del ministerio de Defensa, Pablo Lestingi, cargo que aún ocupa.

Si se observa el organigrama ministerial, queda claro que el auditor depende solo del ministro.

Sugerencia. Si el senador Martínez, por un acuerdo político, no será incomodado en la Bicameral, por qué no citan a Lestingi para saber si este, primero, informó a Martínez y si seis meses después, lo impuso a Aguad de las novedades.
Pantano II.

Entre las facultades que tiene la Bicameral figura la de solicitar documentación. El Ejecutivo y la propia Armada, comenzaron a aportar lo suyo, sin embargo, por ahora, la jueza Yañez decidió no enviar una sola foja del expediente.

Los legisladores decidieron no confrontar con ella. Prefieren ir más lento, a discutir con una jueza federal que lucha por comprender el lenguaje técnico y cerrado de los submarinistas.

De todos modos, parte del expediente, es acercado por alguno de los activos abogados que forman parte de las tres querellas.

Ni en la justicia, ni en el Parlamento, aún se han realizado algunas preguntas que podrían resultar claves para saber que sucedió no solo ese trágico 15 de noviembre de 2017; sino las 48 horas posteriores a la desaparición del ARA San Juan.

Una de ellas podría ser por qué no actuó en la coordinación de las tareas de búsqueda y rescate (SAR) el Estado Mayor Conjunto, ya que por reglamento estaba obligarlo a hacerlo, más allá que después descargue en la Armada las principales tareas.

Por si la Comisión Bicameral o la jueza Yañez se interesan en el tema, el General de Brigada Bari del Valle Sosa -su mujer es secretaria de Federico Pinedo, el Presidente Provisional del Senado de la Nación- es el jefe del Estado Mayor Conjunto.

También sería interesante saber si es verdad lo que a sus allegados contó el ex mandamás de la Armada cuando se produjo la mayor tragedia de la Marina nacional en tiempos de Paz, Almirante Marcelo Srur.

El ex jefe de la Armada relató que a partir del 16 de noviembre de 2017, es decir veinticuatro horas después que se perdiera contacto con el submarino, se instalaron en el piso 11 del Edificio Libertad, a metros de su despacho los siguientes funcionarios; el subsecretario de política internacional del ministerio de Defensa, José Luis Vila; quien además supo ser el jefe de Gabinete de Oscar Parrilli, cuando este era el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el tramo final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; y antes aún, ex Subsecretario de Interior cuando Carlos Becerra dirigía la SIDE en 2001, durante la fugaz presidencia del radical Fernando de la Rúa.

Vila ocupaba oficina junto al subsecretario de Planeamiento Estratégico, el coronel retirado Hugo Patricio Pierri, un militar vetado por el kirchnerismo para seguir ascendiendo en el escalafón, pero que supo acomodarse políticamente gracias a su activa participación en la Fundación Pensar.

Estos dos funcionarios dependen en la estructura ministerial del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Horacio Chighizola.

Si se los convocara, magistrada o parlamentarios podrían preguntar para qué fueron al Edificio Libertad, qué tareas realizaron, y a quién reportaban. También qué tipo de documentación elaboraron y recopilaron.

Pantano III

Valeria Carreras, abogada de una de las tres querellas, fue la que promovió la impugnación contra la empresa preadjudicada para la búsqueda del submarino que finalmente terminó prosperando.

Carreras actuó de manera descoordinada con las querellas de Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes desaparecidos; y de Lorena Arias quienes no estaban de acuerdo con esta iniciativa porque terminaría dilatando aún más la ya demorada búsqueda.

Sin embargo, en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal federal Federico Delgado avanzó con su demanda "contra los miembros del ministerio de Defensa y la Oficina de Contrataciones" por la presunta "adulteración de instrumento público, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con fraude en perjuicio de la administración pública", en la contratación directa de la empresa Igeotest Geosciences SL para la búsqueda del buque; y por el supuesto "direccionamiento en su contratación" y los posibles vínculos del dueño de la sociedad española con la Armada.

Entre los motivos presentados ante el fiscal Delgado, y que ya aceptó el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, describió, por ejemplo, que el número de CUIT que presentó Igeotest Geosciences SL, correspondía a otra compañía: Control y Prospecciones Igeotest SL, concursada desde abril de 2017 en un juzgado de Girona, España.

Horas después la página "COMPR.AR" del Ministerio de Modernización de la Nación, a través de la cual se convocó a la contratación directa internacional, modificó el nombre y el número de la empresa adjudicataria por el de Igesotest Geociencias y Exploraciones SL.

Al frente de Igeotest Geosciences SL, está Marcelo Devincenzi, un argentino que cursó el Liceo Naval en Río Santiago a fines de los años '60.

Según Carreras, "Devincenzi mantiene fuertes vínculos con la Armada Argentina y por eso la contratación directa estaba dirigida hacia él, aunque la empresa no acreditaba experiencia en la búsqueda con tecnología AUV", según le explicó a Infobae.

Sin embargo, no fue la Justicia sino un dictamen conjunto de la Oficina Nacional de Contrataciones del Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra, quien dio marcha atrás con la contratación al señalar que la documentación aportada por la adjudicataria Igeotest Geosciencies SL no corresponde a la misma (como denunció Carreras) por lo que se trata de "personas jurídicas distintas" y "se entiende que existe un error esencial en la oferta, motivo por el cual esta Oficina Nacional considera que esta cuestión no es susceptible de subsanación" de acuerdo a lo que establece la legislación vigente.

El viernes pasado a las 11 de la mañana el ministro Aguad, ante Tagliapietra y un grupo de indignados familiares de tripulantes reconoció no tener Plan B para la búsqueda y se comprometió a reunirse nuevamente el lunes con ellos y esbozar alguna solución.

Fue allí, cuando volvieron a pedir su renuncia y más tarde dejaron trascender los audios del disgusto.

Estos son apenas algunas de las razones por las cuales el caso del ARA San Juan, aún permanece empantanado.