La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala vuelve a la Corte y reabre la pelea interna

La Corte de Constitucionalidad, la USAC, el ente de apelaciones y el rector conocerán este lunes al menos cuatro recursos que cuestionan la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el período 2026-2030, realizada el 8 de abril, en un expediente que vuelve a poner bajo revisión la validez del proceso y las vías legales disponibles para impugnarlo.

Entre esos recursos figuran acciones promovidas por electores de cuerpos estudiantiles y de profesionales no docentes que, pese a haber sido electos en sus respectivos cuerpos electorales, sostienen que se les impidió participar en la votación.

También se suma la apelación presentada por el diputado David Illescas, electo por el desaparecido partido Movimiento Semilla, contra decisiones de varias juntas directivas de unidades académicas vinculadas con la elección.

Otra de las impugnaciones fue interpuesta contra la Comisión del Cuerpo Electoral Universitario por Iraydia Mirtala Ruíz, electora del Colegio de Arquitectos. Según el texto fuente, el Juzgado Décimo Primero y el Juzgado Décimo Quinto le otorgaron acciones de amparo provisional que suspendieron la elección de Walter Mazariegos.

Frente a la máxima corte, dirigentes de Usac Dire ofrecieron una conferencia de prensa para reclamar que las resoluciones recientes sobre los amparos relacionados con la elección universitaria sean revisadas. En esa comparecencia, el abogado Aníbal García sostuvo que la semana pasada la CC suspendió dos amparos promovidos contra la elección celebrada en Antigua Guatemala.

Los impugnantes sostienen que ya no existen recursos electorales internos en la USAC

García afirmó que la Corte de Constitucionalidad argumentó que los accionantes debieron agotar antes los recursos existentes dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En su exposición pública, replicó que los artículos 75 y 76, que regulaban recursos aplicables en materia electoral en la universidad, fueron derogados por el propio Consejo Superior Universitario en abril del año pasado.

Según García, esa derogación impide exigir el agotamiento de recursos administrativos internos porque, a su juicio, esos mecanismos ya no existen. En la misma intervención señaló que el amparo es “la única vía que tenemos para defender derechos fundamentales y para defender, en este caso, derechos de nuestros electores”.

García añadió que las Salas Primera y Sexta de lo Contencioso Administrativo también suspendieron, por falta de definitividad, por lo menos 12 amparos que su grupo presentó para recuperar cuerpos electorales. Según su planteamiento, tanto esas salas como la CC están aplicando criterios equivocados que les causan agravio.

El grupo opositor volvió a denunciar fraude y cierre del campus central

Durante la misma actividad pública, Rodolfo Chan, presentado por los organizadores como “nuestro rector legítimo” de la Universidad de San Carlos de Guatemala, afirmó que el grupo no acudió a la Corte de Constitucionalidad a pedir favores, sino a exigir respeto al Estado de derecho y a la certeza jurídica.

En su discurso vinculó el trámite de los amparos con un mensaje institucional que, a su juicio, trasciende a la universidad y afecta al país.

Chan reiteró la denuncia de fraude en la elección del 8 de abril. Ante los medios, declaró: “Yo no sé por qué razón no quieren ver que hubo fraude el 8 de abril”, y sostuvo que en el proceso participó una planilla perdedora, otra que no había ejecutado correctamente su procedimiento electoral y una más que, según dijo, tenía amparos pendientes dentro del consejo y había falsificado actas para ser declarada ganadora.

El dirigente también trasladó el conflicto del terreno judicial al funcionamiento cotidiano de la universidad. Afirmó que el campus central permanece cerrado y describió la situación con esta frase: “Parece más bien un centro preventivo que una Universidad de San Carlos, una universidad pública que es para todo el país”.

Según Chan, el cierre ha impedido el retorno de los estudiantes a clases presenciales y a las prácticas necesarias para su formación profesional. En ese contexto, exigió la apertura de las puertas del campus central para que los alumnos puedan volver a recibir docencia presencial.

La decisión que adopte este lunes la Corte de Constitucionalidad sobre estas apelaciones incidirá en la disputa por la rectoría de la USAC para el período 2026-2030 y en la validez de los argumentos con los que los impugnantes buscan reabrir la discusión sobre la elección de Walter Mazariegos.