La denuncia es grave: la jueza Alejandra Velázquez, que era titular del Juzgado de Familia 1 de Pilar, está acusada de manipular adopciones para favorecer a familias ricas. Luego de ocho meses de licencia forzada, la semana pasada fue suspendida. Ahora se conocieron detalles de la pesadilla y la humillación que sufrieron los trabajadores sociales que se negaron a cumplir sus órdenes ilegales.
Según consta en el expediente, Velázquez les pidió a sus trabajadores sociales que vayan buscar mujeres embarazadas entre familias carenciadas, para luego acelerar el proceso de adopción de los niños a matrimonios acaudalados de diversos countries de la zona a cambio de pagos de importantes cantidades de dinero. Está probado que hubo numerosos favores a algunos interesados en adoptar, que al poco tiempo concretaban sus deseos.
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Sin embargo, según subrayaron hoy en un comunicado conjunto el Colegio de Trabajadores Sociales local y la Asociación Judicial Bonaerense departamental San Isidro, "los profesionales le contestaron por nota a la magistrada de su negativa y explicitando cuáles eran las tareas propias de su actividad".
La reticencia, según la denuncia, tuvo su "precio". "Debido a esta negativa comenzaron a sucederse distintas situaciones de violencia laboral, asignación de tareas administrativas (que no le corresponden a los peritos) y malos tratos", recordó la nota. También los hacía trabajar en lugares inadecuados. Por eso el cuerpo de peritos del juzgado, en pleno, solicitó a la Suprema Corte bonaerense el traspaso a otras dependencias. Fue en julio de 2011.
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En el medio, la Oficina de Control Judicial empezó a citar a declarar a los empleados. La situación multiplicó el amedrentamiento, ya que la jueza los llamaba antes y después de declarar para hacerles saber que estaba al tanto. Era un mensaje casi mafioso.
Como nadie los escuchó, la Asociación Judicial Bonaerense insistió con el pedido del tribunal supremo. El "contraataque" de la jueza Vázquez, según sus empleados, fue denigrante: los puso a hacer tareas de cocina.
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"Cabe destacar que la actitud valiente y comprometida de las Trabajadoras Sociales del Juzgado de Familia 1 de Pilar fue fundamental para que la S.C.B.A tomara la decisión de licenciar forzosamente a la doctora Velázquez y que luego fuera suspendida el 26 de diciembre de 2016 por el jury de enjuiciamiento", evaluaron las organizaciones en el comunicado.
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