Qué cambia y qué incorpora el nuevo proyecto para las pensiones por invalidez

El plan prevé nuevos esquemas de fiscalización y reacreditación, así como una descentralización que otorga a las provincias mayor control administrativo

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Un hombre en silla de ruedas, de espaldas, está en un paso de cebra en una calle de ciudad, con coches y peatones en el fondo, esperando el semáforo.
La iniciativa elimina la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad, endureciendo los criterios de acceso a la pensión por invalidez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de la Nación informó que la presentación del proyecto de ley dirigido a modificar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez no es un cambio puntual, sino una norma destinada a “corregir problemas estructurales” que generó el dictado de la Ley 27.793. La iniciativa plantea modificaciones en los criterios de acceso, controles y financiamiento, y busca redefinir la gestión de las prestaciones en todo el país.

Cambios en los criterios de acceso a las pensiones por invalidez

La iniciativa elimina la coexistencia de dos criterios de pensiones: el de invalidez laboraly el de discapacidad. Según explican desde la cartera sanitaria, esta diferenciación -introducida por la legislación anterior- generó confusión al ampliar el alcance de las prestaciones más allá de quienes no pueden trabajar ni sostenerse económicamente.

El nuevo proyecto propone volver a un único esquema, destinado exclusivamente a quienes no pueden insertarse en el mercado laboral y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Según informaron, la condición de discapacidad no implicará por sí sola el acceso a la pensión, sino que se exigirá acreditar imposibilidad de trabajar y carencia de ingresos suficientes.

El proyecto contempla además revisiones periódicas de la situación de los beneficiarios para garantizar el cumplimiento continuo de los requisitos.

Nuevos controles y reempadronamiento obligatorio

Primer plano de las manos arrugadas de una persona mayor entrelazadas sobre el mango de madera curvado de un bastón. El fondo está borroso.
Solo quienes acrediten imposibilidad de trabajar y vulnerabilidad económica podrán acceder a la nueva pensión por invalidez, según la reforma propuesta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa incorpora mecanismos de fiscalización y auditoría que no existían en el sistema previo. El nuevo régimen prevé auditorías regulares a prestadores y cruces sistemáticos de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS.

El reempadronamiento obligatorio afectará a todos los beneficiarios actuales. Deberán demostrar nuevamente su situación médica, laboral y socioeconómica para conservar el derecho a la pensión.

Si el trámite no se cumple, el beneficio será suspendido de forma automática. Ante cualquier inconsistencia detectada, la autoridad podrá disponer la suspensión preventiva, asegurando al titular el derecho a revisión y defensa.

Financiamiento y fijación de aranceles

Hombre en silla de ruedas escribe en cuaderno. Otro sostiene tableta y papeles. En un sendero al aire libre rodeado de vegetación.
El reempadronamiento obligatorio impone que todos los beneficiarios actuales demuestren nuevamente su situación médica y socioeconómica ante el sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición define partidas presupuestarias específicas para garantizar la sustentabilidad del sistema y atribuye la responsabilidad principal de las pensiones por invalidez al Ministerio de Salud, con intervención del Tesoro Nacional si resulta necesario.

En lo referido a aranceles, el nomenclador dejará de fijar valores y pasará a establecer pisos mínimos de prestaciones, de acuerdo con estándares de calidad, costos y condiciones regionales.

Los valores de los aranceles serán determinados por los financiadores, como obras sociales, prepagas y subsistemas públicos, junto con los prestadores, que incluyen profesionales e instituciones. Estos importes podrán establecerse mediante acuerdos o convenios, tomando como referencia variables objetivas como los costos operativos, la complejidad de las prestaciones, la región geográfica y los estándares de calidad.

En los casos en que el Estado Nacional sea el ente obligado a financiar, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) fijará los valores de los aranceles con ajustes trimestrales a propuesta del Directorio.

Federalización del sistema y nuevo marco permanente

Por último, la medida plantea la descentralización del sistema, habilitando a las provincias a gestionar las pensiones mediante convenios y a recibir financiamiento según sus competencias. Se deja de lado la gestión centralizada y se apunta a una administración armonizada entre Nación y provincias.

El nuevo régimen, señalaron, establece un “marco permanente” para la administración de las pensiones por invalidez en todo el país, reemplazando el esquema de emergencia vigente.