Crímenes contra niños y niñas: el lugar de los agresores y las relaciones de poder

En lo que va de 2026, los asesinatos de niños y niñas volvieron a ocupar las noticias en Argentina. En columnas anteriores abordé las señales de violencia y las alertas que no encontraron respuestas capaces de protegerlos.

Hoy quiero detenerme en otra reflexión: los adultos que asesinan a los niños y niñas.

Hace años conceptualicé el infanticidio como un fenómeno amplio y estructural: una forma de dar muerte a la infancia por medio del maltrato, la negligencia, el desamparo, el olvido o el asesinato. Niños y niñas pueden morir por su condición de indefensión.

En esta columna utilizo el término para referirme específicamente a la violencia homicida contra niños y niñas, pero también a las formas de violencia que pueden precederla. No alcanza con identificar penalmente a quien mató ni con establecer qué vínculo tenía con la víctima. También es necesario analizar qué lugar ocupaba ese niño para el adulto, qué relación de poder existía y qué actos hicieron posible que la violencia llegara hasta el extremo de quitarle la vida.

El tratamiento mediático de estos crímenes suele organizarse alrededor del escándalo. Se reconstruyen las últimas horas de la víctima, se exhiben imágenes familiares y se buscan indicios retrospectivos de una monstruosidad. En general se revictimiza.

Cuando quien mata es una madre, el desconcierto parece todavía mayor. El caso de Lucio Dupuy lo mostró con claridad: el niño fue asesinado por su madre y la pareja de ella.

Esta conmoción revela una creencia que merece ser interpelada: que la maternidad garantiza el cuidado. La figura de la madre abnegada, naturalmente amorosa e incapaz de dañar, deja poco espacio para reconocer a una mujer que agrede a sus hijos y las instancias más inconscientes de los vínculos. Después del asesinato, convertirla en una excepción monstruosa puede permitir que el ideal permanezca intacto, renegando así de realidades abrumadoras. Se condena a esa madre sin revisar cuánto impide ver la sacralización de la maternidad.

Reconocer que una mujer puede ejercer violencia contra un niño exige tomar en serio sus actos y su responsabilidad. No para borrar la enorme cantidad de crímenes ejercidos por varones, sino para evitar que el ideal materno funcione como una forma de ceguera.

La romantización de la familia produce una dificultad semejante. Se la nombra como refugio sin preguntar siempre para quién lo es y bajo qué condiciones. Dentro de una misma casa pueden coexistir el afecto, el cuidado, el sometimiento y el terror. Un adulto puede ser querido por el niño o la niña a quien maltrata; ese vínculo no vuelve menos grave la violencia.

Por eso, preguntarnos quiénes asesinan exige mirar también cómo reconocemos a quienes ya agreden: qué conductas naturalizamos como dificultades de crianza, qué castigos seguimos admitiendo, cuánto crédito otorgamos a la explicación adulta frente a la palabra infantil y cuánto escuchamos realmente la voz de cada niño y cada niña.

Un estudio británico de Kate Cavanagh, R. Emerson Dobash y Russell Dobash examinó 26 casos de hombres condenados a prisión perpetua por matar a sus hijos o hijastros en contextos de maltrato. Todas las víctimas tenían menos de cuatro años. En 25 de los 26 casos, el agresor ya había ejercido violencia contra el niño y casi tres cuartas partes también habían sido violentas con la madre. Los investigadores encontraron expectativas desproporcionadas sobre el comportamiento infantil y poca tolerancia frente a conductas propias de la edad.

El dato no permite predecir quién va a matar, pero sí muestra que, en la mayoría de esos casos, la violencia había comenzado antes de la muerte. También muestra su relación con la violencia contra las mujeres. No hacía falta saber que esos hombres llegarían a matar para reconocer que los niños y sus madres necesitaban protección.

La violencia contra los niños puede coexistir con la ejercida contra sus madres. Un informe australiano publicado en 2024 analizó 113 casos de filicidio ocurridos entre 2010 y 2018. En 86 de ellos —el 76%— se identificó una historia de violencia doméstica y familiar. En casi nueve de cada diez de esos casos existían antecedentes de violencia de pareja, y en el 78% se había registrado violencia física, sexual o emocional contra los niños antes de su asesinato.

Cuando un hombre mata a un hijo para dañar a la madre, hablamos de violencia vicaria. El agresor utiliza la vida del niño para ejercer una represalia contra ella.

En General Levalle, Córdoba, Mario Andrés García asesinó a su hijo de dos años después de que la madre terminara la relación, lo denunciara por violencia y obtuviera una restricción de acercamiento. El 14 de marzo de 2024 se llevó al niño por la fuerza y le disparó en la cabeza. Luego trasladó el cuerpo al hospital donde trabajaba la abuela y dijo: “O vive conmigo o no vive con nadie. Ahora voy por tu hija»“.

Fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y por la finalidad de causar sufrimiento a su expareja. El caso permite reconocer la violencia vicaria, pero también exige afirmar que el niño fue una víctima directa. La intención de castigar a la madre no vuelve secundaria la violencia ejercida sobre él.

El vínculo con un hijo no se organiza siempre alrededor de la protección y tampoco se apoya en la pura conciencia vincular. A veces el adulto le atribuye intenciones que pertenecen a su propio mundo psíquico o espera que ese niño ocupe un lugar que no le corresponde.

Lloyd deMause describió tres formas de reacción adulta frente a las necesidades infantiles. En la reacción proyectiva, el adulto atribuye al niño sentimientos e intenciones propios: puede interpretar su llanto como hostilidad o su resistencia como un ataque. En la inversión, coloca al niño en el lugar de quien debería cuidarlo y espera recibir de él consuelo, seguridad o el amor que siente que le falta. En la reacción empática, en cambio, puede reconocer la necesidad infantil, distinguirla de la propia y responder a ella.

En la clínica he escuchado a padres y madres que sentían que su bebé lloraba para provocarlos o que vivían una negativa como un desafío a su autoridad. Otros exigían que el niño controlara emociones y conductas para las que todavía no tenía la madurez necesaria. Cuando no lo conseguía, aparecía el castigo. En sus relatos, la conducta infantil era presentada como la causa y la violencia adulta como una respuesta inevitable.

La inversión puede advertirse cuando un adulto espera que su hijo lo rescate de la soledad, le dé sentido a su vida o repare las carencias afectivas de su propia infancia. He trabajado con padres y madres que se sostenían en sus hijos, y no al revés. Lo más preocupante era que vivían esa inversión como parte de las funciones del hijo. Muchos habían sido, a su vez, hijos obligados a sostener a sus propios padres.

En esos vínculos, las necesidades del niño pueden ser vividas como una falta de amor o de gratitud. Además de necesitar cuidados, se le reprocha no ofrecerlos. El hijo queda atrapado en una relación en la que debe recibir menos de lo que necesita y dar más de lo que puede.

Estas formas de vincularse pueden involucrar procesos inconscientes y experiencias de la historia infantil de quienes cuidan. Reconocer esa dimensión permite trabajarlas clínicamente, pero no vuelve inevitable la violencia ni exime al adulto de responsabilidad. Tampoco explica, por sí sola, el pasaje al acto de matar a un niño.

Mirar al agresor significa también analizar las condiciones sociales e institucionales que lo hicieron posible y ubicar en el centro a quien llevó adelante el acto, y examinar los mecanismos que le permitieron convertir al niño en objeto de violencia.

La violencia letal también puede presentarse bajo una explicación de cuidado. Hay padres y madres que afirman haber matado para evitarles sufrimiento a sus hijos. Sostienen que nadie podría cuidarlos si ellos faltaran o que les espera un futuro insoportable. En esa operación, la desesperación del adulto se extiende sobre toda la vida del niño y una decisión sobre la existencia de otro aparece presentada como un acto de amor.

En agosto de 2026, Oscar Mauricio Sosa fue encontrado muerto junto a su hijo Ignacio Tadeo, de siete años, en San Miguel de Tucumán. La investigación fue caratulada como homicidio seguido de suicidio. Según informó el fiscal Carlos Sale, el padre dejó una carta en la que escribió: “He tenido que hacer esto” y sostuvo que nadie podría continuar cuidando al niño como él necesitaba.

La frase presenta el asesinato como una obligación y convierte una decisión sobre la vida de otro en un supuesto acto de cuidado.

En Juana Koslay, San Luis, Marina Abigail Silva, entonces policía, asesinó el 1 de octubre de 2024 a sus hijos Sofía, de siete años, y Bautista, de dos, mientras dormían, utilizando su arma reglamentaria. En una carta mencionó sus deudas y escribió que no quería que los niños “fueran una carga”. Fue condenada a prisión perpetua en octubre de 2025. En junio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de San Luis confirmó la condena.

En ambos casos aparece una dificultad del mundo adulto para reconocer al hijo como alguien separado de la propia vida. La dependencia infantil se confunde con una pertenencia. Si el adulto no concibe una salida para sí, tampoco logra imaginarla para el niño; otros vínculos y otras posibilidades de cuidado quedan excluidos.

Hay situaciones en las que interviene una alteración grave del juicio de realidad, con ideas delirantes o alucinaciones que involucran a los hijos. Requieren una evaluación clínica específica: qué experimentaba esa persona, cómo afectaba sus capacidades y qué relación tuvo ese estado con sus actos.

El juicio de Lindsay Clancy, en Estados Unidos introduce esta dimensión. Está acusada de la muerte de sus tres hijos —Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses—, ocurrida en enero de 2023 en Massachusetts. Su defensa sostuvo que actuó durante una psicosis posparto, mientras que la acusación afirmó que podía comprender y controlar sus actos.

El juicio terminó sin veredicto el 4 de septiembre de 2026 porque el jurado no alcanzó la unanimidad. El 1 de octubre, un juez rechazó el pedido de la defensa para que fuera declarada no culpable. La responsabilidad penal continúa sin resolución definitiva. Un enorme movimiento de mujeres se acercó a apoyarla exigiendo políticas dedicadas a la salud mental puerperal.

No todos los asesinatos de niños se explican por la violencia previa, la violencia vicaria o una alteración grave del juicio de realidad. También hay adultos que rechazan al niño porque lo viven como un obstáculo para desarrollar su propia vida. Otros agresores sexuales matan para silenciar a la víctima, procurar impunidad o consumar la propia agresión.

El examen también debe extenderse a quienes acceden a los niños desde una función profesional.

Una institución destinada al cuidado tampoco queda a salvo de la violencia por su nombre o por su misión. Es necesario investigar cómo un agresor utilizó su puesto, qué supervisión existía y qué ocurrió cuando aparecieron los primeros indicios de daño. La confianza institucional puede convertirse en un obstáculo cuando cuestionar a uno de sus integrantes se vive como una amenaza al prestigio de toda la organización.

En el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, la enfermera Brenda Agüero fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho recién nacidos. El tribunal condenó además a cinco exfuncionarios y autoridades por encubrimiento.

Su trabajo le permitía acercarse a los recién nacidos e intervenir sobre sus cuerpos en un espacio destinado a protegerlos. El caso obliga a examinar tanto a quien utilizó una función de cuidado para agredir como a quienes, desde posiciones de autoridad, ocultaron o no interrumpieron lo que estaba ocurriendo.

El parentesco, las declaraciones de amor y las credenciales profesionales deben poder confrontarse con las conductas. Esa es una consecuencia concreta de desplazar la mirada hacia los adultos.

En Argentina contamos con información para comenzar ese trabajo, aunque sus límites son importantes. El procesamiento de la base del Sistema Nacional de Información Criminal correspondiente a 2024 identificó 135 víctimas de homicidio doloso menores de 18 años: 16 tenían entre cero y cuatro años; 14, entre cinco y nueve; 24, entre diez y catorce; y 81, entre quince y diecisiete. Ese universo incluye hechos ocurridos dentro y fuera de las familias, pero no permite conocer por sí solo qué vínculos tenían las víctimas con sus agresores ni qué violencias habían precedido al crimen.

El informe del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría, elaborado con estadísticas sanitarias de 2024, señala otra dificultad: las muertes por causas externas cuya intención no queda determinada. Entre los 15 y los 19 años se registraron 243. Esta franja etaria no coincide exactamente con la de las personas menores de 18 años y esos casos no pueden sumarse a los homicidios. La información disponible no permite establecer cuántas muertes fueron accidentales, autoinfligidas o provocadas por otra persona.

Existen registros por edad y algunos datos sobre los vínculos, pero todavía necesitamos que permitan reconstruir con mayor precisión quiénes matan, qué violencias precedieron al crimen y qué respuestas recibieron las advertencias. De otro modo, podemos contar víctimas sin conocer suficientemente las conductas de sus agresores ni las decisiones institucionales que dejaron a los niños y niñas expuestos.

Esta dificultad se inscribe en una contradicción más amplia. Reconocemos a los niños como sujetos de derechos, pero seguimos admitiendo prácticas que los tratan como si fueran propiedad de alguien: de sus padres, de una familia o de la institución que los aloja. El cuidado se confunde con la posibilidad de disponer de ellos.

El adultocentrismo coloca la perspectiva adulta como medida de lo que importa. El adultismo legitima la subordinación de los niños por su edad. Ninguno de estos conceptos explica por sí solo un asesinato, pero permiten discutir el terreno social en el que la palabra infantil puede ser desestimada y la autoridad adulta considerada suficiente.

Hay innumerables casos en los que los niños y las niñas pidieron ayuda de distintas formas: con marcas, síntomas, cambios en la conducta o expresiones de miedo. Muchas de esas señales fueron desestimadas o negadas. Escuchar esas manifestaciones es reconocer que la violencia extrema suele inscribirse en relaciones anteriores de poder y desprotección.

Por eso considero necesario, además de crear campañas y políticas públicas destinadas a combatir todas las formas de maltrato infantil, discutir también cómo nombramos estos crímenes.

Las palabras crean mundos psicológicos, sociales y penales, y lo que no se nombra no existe.

Filicidio identifica el vínculo; la violencia vicaria nombra la utilización del daño a los hijos para atacar a la madre; femicidio infantil permite reconocer la dimensión de género en el asesinato de una niña.

Cada concepto ilumina un aspecto diferente del crimen y el lugar de la víctima y del agresor.

Hace tiempo propongo discutir una nueva figura de infanticidio que reconozca el aprovechamiento de la dependencia infantil y el abuso de una posición de autoridad o cuidado, también cuando no existe parentesco. No se trataría de recuperar sin más la antigua figura argentina, sino de formular una categoría acorde con la protección integral de niños y niñas.

En la actualidad, estos crímenes pueden recibir prisión perpetua cuando se configuran agravantes como el vínculo, la alevosía, el procedimiento insidioso, la finalidad de ocultar otro delito o el propósito de causar sufrimiento a una persona con quien el agresor mantiene o mantuvo una relación. Pero esas figuras no siempre permiten nombrar la condición infantil de la víctima ni el poder adulto utilizado para matarla. La infancia queda jurídicamente desdibujada, como si la dependencia y la indefensión no fueran dimensiones específicas del crimen.

El propósito de una nueva figura sería hacer visible esa dimensión: la muerte de un niño o una niña en un contexto de dependencia, subordinación o abuso de autoridad y cuidado.

Si una reforma legislativa pudo incorporar como agravantes el odio racial, religioso y de género, el odio por orientación sexual, identidad de género o su expresión, y pudo crear la figura del femicidio, ¿por qué no podríamos lograr lo mismo para la infancia, que quedó fuera de esa enumeración y debe seguir ateniéndose a categorías pensadas desde el adultocentrismo?

Proteger a los niños y las niñas exige reconocer la violencia de un padre, de una madre, de un agresor sexual o de una persona respetada dentro de una institución. También exige reconocer la violencia institucional y política que se ejerce cuando se desprecian, se bloquean o se abandonan las políticas y las reformas destinadas a protegerlos especialmente.

Exige que el parentesco, las declaraciones de amor, los diagnósticos, las credenciales profesionales y los discursos políticos no funcionen como coartadas ni como guaridas.

Un niño o una niña no es una pertenencia, una carga, un instrumento de venganza ni una extensión de la vida adulta. Es una persona, un sujeto de derechos. Esa condición debe ser reconocida antes de que la violencia llegue al extremo de quitarle la vida.

*Sonia Almada es Lic. en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.