
Una publicación estadounidense especializada en agro revela que en medio de recurrentes litigios, crece la preocupación por las consecuencias que tendría sobre la agricultura de muchos países la posibilidad de que una reconocida compañía alemana de alcance global, dejara de fabricar y vender sus herbicidas a base de glifosato.
La historia es conocida. Unos USD 63 mil millones depositó la empresa germana en la cuenta de otro gigante radicado en St. Louis, Estados Unidos, para quedarse con el emblemático producto, socio insobornable de las exitosas soja RR. Para la empresa de St. Louis vincular la resistencia genética específica a su herbicida estrella fue revolucionario desde el punto de vista científico, además de un gran éxito de marketing, según opinan los especialistas.
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En Estados Unidos, el glifosato representa entre el 60% y el 70% del uso total de herbicidas agrícolas. Probablemente en nuestro país existan números similares. Es, por cierto, el herbicida más utilizado del planeta, pero no puede negarse que el uso abusivo de esta herramienta generó resistencias contra las cuales todavía se combate, con resultados parciales.

El punto es que a poco de andar aparecieron los problemas judiciales para la adquirente alemana, sobre todo después de la determinación de un jurado de California en agosto de 2018, que ordenó a la compañía pagar USD 289 millones en concepto de daños y perjuicios a una persona que declaró haber contraído cáncer a raíz del contacto con el producto.
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El veredicto se basó en las leyes estatales de “omisión de advertencia”, que permiten a los demandantes alegar un etiquetado inadecuado, a pesar de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del país del norte considera que el glifosato es seguro y ha declarado repetidamente que las advertencias sobre el cáncer no tienen fundamento científico y no pueden añadirse a las etiquetas de los productos sin aprobación federal.
Aquel juicio fue el puntapié inicial de más de 181.000 demandas individuales relacionadas con el herbicida. The Scoop indica que se han litigado alrededor de 100.000 casos, con el resultado de más de USD 11.000 millones en acuerdos. La alemana espera que un fallo de la Corte Suprema ponga fin a este tormento judicial. De no ser así, quienes están cerca del tema consideran que la empresa no descarta dejar de fabricar y vender el emblemático herbicida, quizás antes del inicio de la campaña agrícola de 2026.
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La empresa germana anunció una caída en sus resultados para el segundo trimestre de 2025, afectada por problemas legales relacionados con el herbicida total. “A menos que la situación cambie, tendremos que dejar de producir glifosato porque simplemente no es sostenible“, reconoció el presidente del Grupo.
La compañía con sede en Leverkusen y presencia en todo el planeta, vende entre el 35% y el 40% de los productos con glifosato que se comercializan en Estados Unidos. Del resto, la mayor parte está en manos de los genéricos chinos, que podrían lograr un monopolio mundial sobre la producción y venta de glifosato por defecto, en caso que la alemana se retire del negocio. En Estados Unidos temen que Beijing podría imponer aranceles exorbitantes al glifosato o declarar un embargo de los envíos hacia países distanciados comercialmente de China.
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Ahora se agrega un inconveniente más. El movimiento “Make America Healthy Again”, cercano a Donald Trump, ha criticado duramente al glifosato, y se ha generado una tormenta perfecta de opinión pública que ha hecho que los veredictos de los jurados sean aún más favorables a los demandantes.
Sin glifosato, el manejo de malezas sería más complejo, costoso y dependiente de la labranza convencional. Los agricultores probablemente utilizarían más productos químicos antiguos, que plantean sus propios desafíos ambientales. En parte ya está pasando a raíz de las resistencias antes mencionadas. La presión por nuevas soluciones (biotecnológicos, tecnología de precisión y herramientas no químicas) se intensificaría.
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El problema es que la sucesión de litigios reduce el incentivo para quienes pretendan generar alternativas nuevas y mejores. Se necesitan de 10 a 15 años para comercializar un producto fitosanitario, y el entorno legal actual desalienta la innovación.
Quizás el camino pase por pensar de forma innovadora, utilizando tecnologías como la Inteligencia Artificial y la robótica para reducir el uso y las dosis de herbicidas, a la vez que se mejora la eficiencia puesta en juego. “La sensación entre los obtentores es que el futuro de la agricultura no debería estar determinado por abogados litigantes que buscan ganancias millonarias. Estas campañas legales no hacen que la agricultura sea más segura; nos están llevando de vuelta a productos químicos más antiguos y menos eficaces que presentan sus propios riesgos ambientales. Necesitamos innovación, no litigios”, se quejan al unísono, y en gran medida tienen razón.
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