Polémica por el futuro del Puerto de Quequén

En el marco de la celebración de los 170 años de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente de la entidad, José Martins, señaló a Chacra TV que la actividad en el Puerto de Quequén podría verse afectada por “un dogma ideológico que se antepone al bien común”.

Martins señaló que la BCBA, junto a entidades de productores, cámaras comerciales y compañías de primera línea del sector exportador, forma parte de “Terminal Quequén S.A.”, empresa que ha gestionado el elevador ex JNG durante 30 años de concesión “de manera eficiente, preservando y mejorando el patrimonio, cumpliendo con las normativas fiscales y contribuyendo al desarrollo económico de la localidad de Necochea y el Puerto de Quequén”

El titular de la BCBA explicó a Chacra TV : “anticipándonos al vencimiento de la concesión y tomando el ejemplo de terminales colegas en otros puertos, que prorrogaron la vigencia mediante inversiones de capital, hace más de 4 años que le venimos ofreciendo a las autoridades locales y de la Provincia de Buenos Aires inversiones por US$25 millones para modernizar y eficientizar la operatoria, a cambio de extender la concesión”.

Y enfatizo: “hasta el momento, sólo hemos obtenido promesas incumplidas, dilaciones y tentativos llamados a licitación que nunca se concretan”. Por eso, explicó Martins, “hoy nos encontramos con la concesión vencida y con una prórroga que está a punto de expirar”.

En ese contexto, Martins advirtió que “ante la falta de definición concreta sobre el futuro de la Terminal por parte del Consorcio de Gestión, no podemos ofrecer servicios de elevación para la cosecha fina que este año es auspiciosa, y que llegará a partir de diciembre”.

Tras la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no renovar la concesión del principal operador de cargas que trabaja en el Puerto de Quequén, la Mesa de Enlace provincial rechazó “cualquier intención de intervención con el objetivo recaudador, sin atender las necesidades del sector productivo”.

En un comunicado, señalan que el proceso licitatorio para la concesión del operador debe darse “respetando las condiciones en los pliegos y bases que surgen de la ley 23.696 a través del decreto 351/92, en donde se establece el marco regulatorio y la necesidad de efectuar un procedimiento de licitación pública nacional e internacional para el operador de la misma”.

Desde la Mesa de Enlace bonaerense agregan que “si no se llega con los tiempos administrativos a consensuar los pliegos, se debería prorrogar la concesión hasta tanto estén disponibles los mismos”.

“La titular del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén, Jimena López, expresó las intenciones del Gobernador Axel Kicillof de crear una empresa provincial con fines de comercialización de granos a través de una licitación exprés. Desde la producción entendemos esto como políticas intervencionistas y distorsivas”, por lo que “sugerimos al Señor Gobernador que desista de semejante idea, que tan solo lleva más incertidumbre y desconfianza a un sector con un perfil exportador”, subrayaron desde la Mesa bonaerense.

Por su parte, las Sociedades Rurales del sudeste de Buenos Aires, difundieron un comunicado que “el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspectos: en noviembre se vence la concesión de Terminal Quequén, cumplidos los 30 años originales, y la prórroga por tres años. Y lo peor: no hubo acuerdo, hasta el momento, de renovar esa prórroga hasta que se confeccione un pliego consensuado entre las partes actuales”.

”La empresa Terminal Quequén, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, advirtió que la falta de respuesta, traerá inconvenientes desde septiembre por no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo”, subrayaron las dieciséis entidades que integran la institución.

En tanto, en respuesta a las críticas, la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén emitió un comunicado en defensa de la propuesta del gobierno provincial, argumentando que las entidades rurales “protegen los intereses de grandes corporaciones”, y que “se pagaron tarifas en pesos devaluados en lugar de dólares, lo que redujo los ingresos provinciales”. Asimismo, propusieron que la provincia asuma un rol más activo en la gestión del elevador de granos mediante la creación de una Sociedad del Estado, lo que le permitiría al Estado operar la terminal directamente, asegurando un control total sobre la capacidad de carga y no solo el 30% propuesto.