Arrestan a “Chukito” por presuntas amenazas y agresiones contra su expareja en República Dominicana

La Policía Nacional de República Dominicana arrestó este jueves a Jean Carlos Hernández Santos, conocido como “Chukito”, en el sector Brisa del Este, municipio de Santo Domingo Este, tras una orden de captura emitida por presunta violencia de género.

Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en redes sociales, el operativo fue realizado por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) y el Ministerio Público, en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJO035181 dictada el 1 de mayo de 2026 por autoridades del Distrito Nacional. El hecho que motivó la detención fue una denuncia formal presentada por la expareja de Hernández Santos, Rosemry Pichardo, quien acusó al joven de 20 años de amenazas, agresiones y acoso.

De acuerdo con la información oficial, Chukito era buscado activamente tras la denuncia de la víctima, quien también expuso su caso en plataformas digitales y medios de comunicación. La intervención policial respondió a la preocupación social y al seguimiento que el caso generó en la ciudadanía. Pesqueira detalló que la detención derivó de la presunta violación de los artículos 309-1 y 309-9 del Código Penal Dominicano, normativas que abordan la violencia de género y las agresiones contra la mujer.

Según el Código Penal de República Dominicana, el artículo 309-1 establece que constituye violencia contra la mujer toda acción o conducta, pública o privada, que cause daño físico, sexual o psicológico a la mujer, empleando fuerza física, violencia psicológica, intimidación o persecución, en razón de su género. El artículo 309-9, por su parte, define las circunstancias agravantes y fija sanciones más severas cuando los hechos ocurren bajo amenazas, en presencia de menores, o si el agresor porta armas, entre otros supuestos.

Las penas por violaciones a estos artículos oscilan entre uno y cinco años de prisión, multas de entre 500 y 5,000 pesos dominicanos, y la restitución de bienes dañados. En los casos agravados, la sanción puede llegar a diez años de reclusión, de acuerdo a la documentación oficial.

La Policía Nacional informó que Hernández Santos fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes y que el proceso judicial seguirá su curso conforme a lo estipulado en la ley. Fuentes oficiales indicaron que la investigación sigue abierta y que la víctima cuenta con medidas de protección, conforme a las facultades que otorga la legislación vigente en materia de violencia de género.

El caso de “Chukito” se inscribe en un contexto nacional de alta incidencia de violencia contra la mujer en República Dominicana. Según datos del Ministerio Público recogidos en el Boletín Estadístico de enero a mayo de 2026, se registraron más de 17,000 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. Solo en el primer trimestre del año se documentaron 22 feminicidios, cifra que ascendió a 32 muertes violentas de mujeres al cierre de mayo. La provincia de Santo Domingo concentra el mayor número de casos, con 5,766 denuncias hasta el momento.

El marco legal dominicano, reforzado desde la promulgación de la Ley 24-97, define claramente la violencia de género y establece mecanismos de atención y protección a las víctimas.

La respuesta institucional ante el caso de Chukito evidencia el enfoque que las autoridades han adoptado frente a este tipo de delitos, priorizando la protección de las víctimas y la aplicación estricta de la ley. La Policía Nacional y el Ministerio Público han reforzado los operativos de inteligencia y las campañas de concientización, en un esfuerzo por disminuir los índices de violencia de género y garantizar el acceso a la justicia.

Las estadísticas oficiales muestran un patrón sostenido de denuncias, con una mayoría de casos relacionados con violencia intrafamiliar y de pareja. El vínculo predominante entre víctima y agresor corresponde a relaciones de expareja, como en el caso de Rosemry Pichardo y Jean Carlos Hernández Santos. El seguimiento judicial y social de hechos como este se mantiene como un tema de alta prioridad en la agenda pública y legal de República Dominicana.