
El sistema de justicia de la República Dominicana enfrenta desde hoy un paro pacífico nacional de labores de carácter parcial. La histórica protesta, convocada por diversas asociaciones de jueces y servidores judiciales, impacta directamente la operatividad de los tribunales en todo el territorio nacional. Los manifestantes exigen:
- Ajustes salariales
- Mejores condiciones de trabajo
- Equidad institucional
- Aplicación inmediata de ascensos pendientes que llevan años paralizados.
La magistrada Yocauri Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, confirmó que la convocatoria cuenta con un respaldo masivo. Se estima que más de 2,000 colaboradores administrativos y entre 400 y 500 jueces de distintas jurisdicciones se han sumado formalmente a la protesta. Además, diversos colectivos de abogados y usuarios del sistema han manifestado su respaldo a los reclamos por considerarlos plenamente justificados.
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Además, los huelguistas fundamentan su movilización en el incumplimiento de acuerdos previos y en una severa crisis operativa. Entre las demandas principales se encuentra la aplicación efectiva del Manual de Compensaciones aprobado en el año 2022. La judicatura califica el esquema actual de “injusto” y violatorio de los principios de equidad institucional.
A modo de ejemplo, Morales denunció la disparidad salarial existente en el área administrativa, donde secretarias de secretarías comunes atienden simultáneamente entre cinco y diez tribunales cobrando el mismo salario que aquellas que asisten a un solo despacho.
A la insatisfacción salarial se suma una preocupante sobrecarga laboral provocada por la existencia de más de 100 plazas vacantes de jueces a nivel nacional.
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Esta escasez obliga a que unos 100 jueces de paz tengan que asumir la carga de trabajo correspondiente a más de 200 tribunales, afectando severamente la salud de los operadores jurídicos y la celeridad de los procesos. Ante esto, el colectivo exige:
- La remuneración justa y obligatoria de todas las suplencias realizadas.
- El llenado inmediato de las vacantes mediante los mecanismos de la Ley de Carrera Judicial.
- Un sistema de movilidad y ascensos transparente basado estrictamente en el mérito, rechazando favoritismos internos.
Operatividad de los tribunales y denuncias de presión
A pesar del paro, los organizadores aclararon que se mantendrá la atención en las materias urgentes para no desamparar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los tribunales de atención permanente y las solicitudes de referimientos de hora a hora seguirán operando de forma continua.
En contraste, el resto de los tribunales civiles, comerciales y laborales procederán a suspender y calendarizar sus roles de audiencias para las fechas más próximas disponibles.
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Durante la jornada previa, los convocantes denunciaron la existencia de presiones internas ejercidas por mandos departamentales de la administración del Poder Judicial con el objetivo de hacer desistir a los empleados de la protesta. No obstante, la Red Nacional de Jueces instó a sus miembros a mantener la firmeza en sus reclamos.

“Le hemos dicho a nuestros servidores que no tengan miedo. Las respuestas del Consejo no son concretas; ya no queremos demagogia, queremos fechas y respuestas claras”, enfatizó la magistrada Morales, criticando además la falta de diálogo directo por parte del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
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De igual manera, los jueces y servidores judiciales enfatizan que la naturaleza de este paro es y seguirá siendo estrictamente pacífica, manifestándose mediante la lectura de un manifiesto cívico en las explanadas de los diferentes palacios de justicia del país.
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