
El presidente Luis Abinader decretó la emergencia regional en seis distritos de la República Dominicana después de que una intensa vaguada generara lluvias persistentes que provocaron acumulación de agua, afectaciones agrarias, daños a la infraestructura y deterioro de viviendas.
La medida, que incluye la adopción inmediata de teletrabajo para las instituciones públicas excepto Salud y Seguridad, se anunció tras recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, según un comunicado difundido por el Ministerio de Administración Pública este lunes.
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La disposición presidencial, abarca Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Santiago, Distrito Nacional y Santo Domingo. El decreto establece que el Poder Ejecutivo mantendrá la facultad de modificar la calificación de emergencia y detalla que la aplicación se efectuará conforme a lo dispuesto en la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos.

La declaración de emergencia implica la implementación temporal de un régimen especial y la instrumentación de medidas urgentes. De forma paralela, el Ministerio de Trabajo instó a empleadores de zonas afectadas a flexibilizar horarios laborales y fomentar el trabajo a distancia cuando sea factible.
La medida aplica directamente a las 26 provincias en Alerta Amarilla y 2 en Alerta Verde, incluyendo el Distrito Nacional, según el último informe del Centro de Operaciones de Emergencias.
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Suspensión de clases en localidades con riesgo de inundación
Las autoridades del Ministerio de Educación recalcaron el llamado al sector docente ante las condiciones climáticas actuales, “instruimos la suspensión de la docencia en zonas de riesgo, priorizando siempre el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y personal educativo”.
Las autoridades señalaron a los docentes de cada centro evaluar continuamente las condiciones antes de retomar las clases debido al riesgo de nuevas inundaciones y crecida de ríos al que se exponen los menores.

El Ministerio de Trabajo insta a jornadas flexibles ante el riesgo climático
Las autoridades identificaron posibilidades concretas de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Por ello, el Ministerio de Trabajo recomendó explícitamente que se admita la justificación de ausencias laborales cuando el personal no logre acceder al lugar de trabajo por causas vinculadas al fenómeno meteorológico. En palabras del comunicado institucional, la prioridad es “garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores y la protección de la ciudadanía”.
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En esa línea, el organismo remarcó la obligación compartida de empleadores y trabajadores: “La prevención y la responsabilidad compartida son esenciales para salvaguardar la integridad física y el bienestar colectivo”. Además, exhortó a la población a consultar solo fuentes oficiales durante la emergencia.
Este conjunto de medidas excepcionales responde a la magnitud de la afectación causada por la vaguada. En el caso de la capital y los grandes centros urbanos, la flexibilización laboral se convirtió en la herramienta de contención más relevante fuera del sector sanitario y de seguridad pública, que mantuvo sus operaciones presenciales.

Supervisión y rehabilitación en Espaillat tras niveles históricos de crecida
Mientras avanzan las medidas generales, el presidente Abinader ordenó también la intervención directa en Espaillat, una de las provincias más golpeadas por las lluvias recientes.
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Las primeras acciones incluyeron la evaluación en terreno de las áreas afectadas, con especial atención a las cañadas, las instalaciones eléctricas y los sistemas de encauzamiento de los ríos. En Sabaneta de Yásica, se priorizó el fortalecimiento del cabezal del puente debido al daño estructural ocasionado por el aumento excepcional del caudal.
El recorrido de inspección fue encabezado por Andrés Bautista García, ministro administrativo de la Presidencia. En la comunidad de Jamao al Norte se reportaron varias viviendas dañadas, y en el sector Los Brazos, ubicado sobre el río Yásica, el agua superó el nivel del puente, un fenómeno que no se registraba hace más de 46 años.
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En Gaspar Hernández se priorizó la restauración de cañadas y el refuerzo de intervenciones en ríos, con enfoque en garantías de largo plazo para la seguridad de la población.
Todas estas actividades se enmarcan en la política del Gobierno de República Dominicana de atender de forma urgente y coordinada a las comunidades que enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad a eventos climatológicos extremos.
El conjunto de estas decisiones gubernamentales, decreto presidencial, implementación de teletrabajo, supervisión técnica y rehabilitación de infraestructura, busca consolidar respuestas efectivas ante el impacto de lluvias intensas, centrándose en proteger la vida y el bienestar físico de la población en los distritos declarados en emergencia.
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