El Estado dominicano lanza una auditoría nacional para combatir el comercio ilícito y reforzar la fiscalización

República Dominicana ha formalizado una respuesta estatal coordinada para enfrentar el comercio ilícito mediante el despliegue de una auditoría nacional de permisos y licencias comerciales, una acción que según autoridades, busca frenar la competencia desleal y salvaguardar la economía del país. El Estado, al fusionar inteligencia de mercado y endurecer el control fiscal, anticipa una mejora en la trazabilidad y en la protección de las inversiones formales en todo el territorio.

En la más reciente sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, celebrada en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, se consolidó la integración de las áreas de inteligencia y fiscalización de los ministerios de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Hacienda y Economía. Estas estructuras gubernamentales coordinarán esfuerzos con organismos ejecutores como la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), generando un bloque único de acción estatal, según información brindada por el MICM en una conferencia de prensa difundida en la sesión.

El ministro de Industria, Comercio y MiPymes, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que el éxito de la Mesa de Coordinación radica en “haber institucionalizado el diálogo”, permitiendo convertir la inteligencia de mercado de los gremios empresariales en políticas públicas vinculantes. El funcionario subrayó el compromiso del gobierno al afirmar: “El Estado está escuchando al sector productivo. Cada inquietud presentada por los gremios ha sido catalogada y ahora se traduce en acciones concretas de fiscalización y revisión de permisos”.

Durante el encuentro, el funcionario identificó al comercio ilícito como “un ataque directo a la competitividad del país”, recalcando que la misión oficial es combatir la competencia desleal y proteger la salud del consumidor. Aseguró que toda actividad comercial en el país debe enmarcarse en la legalidad y que el Estado “nivelará el terreno de juego” para las industrias que cumplen con las normativas.

Nueva auditoría nacional y respaldo multisectorial

La auditoría nacional anunciada implica una revisión exhaustiva de los permisos y licencias comerciales existentes, con la adopción de nuevas métricas de trazabilidad y el fortalecimiento de los sistemas de control fiscal. Este proceso fue validado no solo por el liderazgo público, sino también con el respaldo activo de los principales referentes empresariales del país.

En la sesión participaron, entre otros el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el ministro de Trabajo, Eddy Olivares; y el director ejecutivo de Pro-Consumidor, Eddy Alcántara. El sector privado estuvo representado por Juan José Attías, primer vicepresidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), y Mario E. Pujols, vicepresidente ejecutivo de la organización. La presencia de estos líderes gremiales señala que las medidas no surgen de decisiones unilaterales del gobierno, sino que emergen de un proceso de escucha y articulación con los sectores productivos.

Según datos confirmados tras la reunión, la colaboración público-privada permite transitar hacia un marco regulatorio más estricto y transparente frente a la evasión fiscal y el comercio ilegal, dos problemáticas que históricamente han restringido el desarrollo formal del mercado dominicano.

El paquete de medidas pone énfasis en la protección del consumidor y la consolidación de un entorno competitivo para los actores que cumplen la ley. Las autoridades indicaron que la implementación de la auditoría nacional y sus nuevos mecanismos de fiscalización iniciará en los próximos meses, con la expectativa de reducir sustancialmente la incidencia del comercio ilícito.

La auditoría forma parte de una ofensiva más amplia cuyo impacto se medirá tanto en los niveles de recaudación como en la equidad en la competencia empresarial, conforme a la directriz planteada por Sanz Lovatón y ratificada por los representantes empresariales presentes en la mesa de coordinación.