El Gobierno trabaja contra reloj para conseguir adhesiones para un proyecto de ley que reemplace la actual emergencia en discapacidad, abandonando ese estatus por una normativa con lineamientos permanentes y que se puedan encuadrar dentro de los objetivos fiscales y presupuestarios de la Casa Rosada. La fecha límite es este miércoles, cuando las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados deben dictaminar los proyectos en danza.
Tal como adelantó Infobae, se mantendrá el nomenclador de prestaciones y los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad, aunque con condiciones más estrictas. Las variaciones ya venían siendo negociadas entre el oficialismo de La Libertad Avanza y los bloques de la oposición dialoguista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
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Las negociaciones están encabezadas principalmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la diputada de LLA que lidera el tratamiento del proyecto en los pasillos legislativos, Laura Rodríguez Machado.
Según pudo confirmar este medio, esta tarde habrá un encuentro cerca de las 16:00 en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados -con Rodríguez Machado y la diputada Silvana Giudici a la cabeza del bloque libertario- para destrabar la redacción del dictamen, con el objetivo de que se firme mañana y se trate posteriormente en sesión. Se espera que asistan Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Karina Maureira (La Neuquinidad), Nancy Picón (Producción y Trabajo), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y los representantes de Elijo Catamarca, MID y Unidos.
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“Está todo especialmente entre algodones. Hay bastante hermetismo porque cualquier cosa que salte es pasible de hacer saltar la térmica de las negociaciones”, cuentan en el oficialismo. La propuesta final que se conversará esta tarde en el Palacio del Congreso será tratada en la reunión de Mesa Política de esta tarde, a realizarse a las 13:00 en Casa Rosada.
La única persona que suele integrar ese círculo de altos funcionarios y que no podrá estar presente es el ministro de Economía, Luis Caputo. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, lo culpó como uno de los responsables de haber insertado “cambios inconsultos” en el proyecto de Presupuesto para el 2027 y que desataron un escándalo por contener retrocesos importantes en materia de discapacidad. Aun así, a lo largo de la última semana se reactivaron canales informales entre los negociadores del ala política y los referentes de la mesa económica para arribar a un punto medio.
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El saldo que dejó la revelación del proyecto presupuestario de la semana pasada fue la renuncia presentada este lunes por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches. Alegando “razones estrictamente personales”, el funcionario envió una carta en horas de la tarde al ministro de Salud, Mario Lugones, comunicándole su corrimiento del cargo que asumió hace más de un año, cuando reemplazó a Diego Spagnuolo en medio del escándalo de la causa por un presunto esquema de corrupción, cobro de coimas y direccionamiento de contratos en el organismo.

Pese a todo, en el Gobierno afirman que su renuncia todavía no está efectivizada. “Para que se materialice debería estar Javier Milei en el país”, indican. Vilches habría tomado la decisión de renunciar luego de meses de desgaste y de estar pensando en dar un paso al costado. Los cambios sobre el nomenclador y criterios de asignación para los programas que dependen de ANDIS que se vieron reflejados en el Presupuesto habrían sido la gota que colmó el vaso.
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Los cambios que apura el Gobierno
En la Casa Rosada quieren resolver la cuestión de discapacidad lo antes posible debido a la cercanía de la visita al país del papa León XIV. Una de las primeras actividades que tendrá en suelo argentino será una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, la institución que trabaja con miles de personas con discapacidad en todo el país y que actualmente sufre problemas en la cadena de pagos.
En diálogo con El Destape Radio, el director del Servicio de Discapacidad del Cottolengo, Fernando Montero, contó que la institución enfrenta diez meses consecutivos de desabastecimiento de insumos esenciales como medicamentos, pañales y apósitos producto de la interrupción de ciertos programas nacionales. A esto le sumó que “durante el 2024 y 2025 se congelaron los aranceles, o sea, se licuaron en relación a la inflación y luego de la ley de emergencia ahora se dan aumentos por IPC, pero de un arancel que está devaluado en un 30 a 35%”.
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Uno de los ejes del proyecto es la restitución del nomenclador de prestaciones, el instrumento que fija los precios que deben cobrar los prestadores de servicios y obliga a obras sociales y prepagas a pagar ese piso mínimo. Su eliminación en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 había encendido las alarmas del sector y fue catalogada como una “bomba” por Bullrich.

La discusión no es solo si se repone el nomenclador, sino bajo qué condiciones se actualizará: el Presupuesto proponía un ajuste trimestral a discreción de la Secretaría de Discapacidad, mientras que el proyecto en elaboración apunta a una actualización bimestral atada a la inflación, frente al esquema vigente de revisión mensual ligada al IPC.
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El otro cambio de peso es el endurecimiento de los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. El texto aún no está cerrado en uno de sus puntos más sensibles: si una persona que recibe el beneficio puede conservarlo al conseguir un trabajo registrado o si, como plantea el Presupuesto, ambos beneficios serían incompatibles. Los aliados dejaron en claro en la última reunión que solo acompañarán si el gobierno regulariza la deuda acumulada con los prestadores desde diciembre de 2024. Mientras tanto, la oposición, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, impulsó que las comisiones traten por unanimidad este miércoles la prórroga de la emergencia vigente. El oficialismo, en tanto, apuesta a presentar su alternativa “superadora” como la salida definitiva al conflicto.
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