
El oficialismo presentó este martes una propuesta a los bloques aliados para intentar superar la Emergencia en Discapacidad y dar vuelta la página tras el escándalo político que desataron los fuertes recortes en el área que estaban incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
Según estipula el artículo 1 de la nueva propuesta del oficialismo, el objetivo de la reforma es “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”.
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A diferencia de la propuesta incluída en el proyecto de Presupuesto 2027, el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad seguirá vigente y se continuará actualizando por inflación de manera mensual como en la actualidad. Los beneficiarios tendrán garantizado el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. Además, por pedido de la oposición, la pensión será compatible con un trabajo registrado siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles. A su vez, quienes empleen personas con discapacidad por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos.
Uno de los principales reclamos de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad giraba en torno a la eliminación del nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado porque hubiera implicado que cada obra social, prepaga o provincia fijara sus propios valores. Sin embargo, el nuevo dictamen del oficialismo ratifica ambas cuestiones, tal como están en la actual ley de Emergencia en Discapacidad.
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En concreto, el artículo 4 ratifica que continúa vigente el artículo 7° bis de la Ley N° 24.901, incorporado por la Ley N° 27.793. Este estipula que “los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley, determinados por el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y actualizados conforme a lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 274/24, o el que en el futuro lo reemplace, que determina el índice de movilidad de las prestaciones de jubilaciones, pensiones y asignaciones”.

Por otro lado, establece de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago. El reclamo por compensaciones hace referencia al artículo 13 de la ley de Emergencia en Discapacidad que establece una compensación para los prestadores por el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 que no quedó cubierto por las posteriores actualizaciones.
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Por otro lado, cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían adelantado que la nueva propuesta apuntaría a elevar los requisitos para acceder a la pensión por discapacidad. “Ya no bastará con tener el CUD (Certificado de Discapacidad) para acceder a la pensión, necesitamos que esta tenga un correlato con la realidad”, explicaron y señalaron que buscan aplicar la misma lógica que con los subsidios para que “cobre el que verdaderamente lo necesita”.
En ese sentido, el artículo 13 del nuevo dictamen establece que la Secretaría Nacional de Discapacidad adoptará un sistema de auditorías periódicas con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para que subsista el derecho al goce de la pensión no contributiva por invalidez laboral v la pensión por discapacidad”. Y agrega: “A tales fines, la mencionada Secretaría deberá, en primer término, verificar los requisitos documentales y socioeconómicos susceptibles de constatación objetiva mediante el cruce de información” con bases de datos públicos.
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Para garantizar que el área tenga presupuesto suficiente para el sostenimiento del sistema también se incorporó que las partidas “no podrán ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior”.
Fuentes de La Libertad Avanza destacaron que se mantienen los derechos de la ley vigente sin prorrogar la Emergencia, por lo que las partidas pasarán a estar en el Presupuesto y por lo tanto serán “más auditables”.
La propuesta del oficialismo fue presentada a los jefes de los bloques aliados en una reunión que encabezó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre otros participaron Oscar Zago (MID), Javier Sanchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La neuquinidad).
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Al término del encuentro, uno de los participantes del encuentro calificó la propuesta como “verdaderamente superadora” porque brinda “sostenibilidad fiscal dado que se incluye en el Presupuesto”. “Debería haber acompañamiento de todas las fuerzas porque es la Ley de Emergencia y más. Esto le va a dar previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores”, sintetizó un diputado aliado.
“La Emergencia nace por no tener Presupuesto y no tener los recursos necesarios. Los aliados que este miércoles firmen el dictamen del oficialismo lo harán por una cuestión de fe, confiando en que el Gobierno que mandó un Presupuesto de ajuste después le va a asignar las partidas necesarias para que el sistema funcione”, opinaron desde el peronismo, aunque aclararon que no conocían el texto del oficialismo.
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