El Reino Unido ratificó su política comercial en las Malvinas y calificó de “inaceptables” las sanciones a las empresas impulsadas por Argentina

El Reino Unido declaró este jueves que las acusaciones y sanciones de Argentina contra empresas que operan en las Islas Malvinas son “inaceptables” y “carecen de justificación legal”, y comprometió el respaldo pleno a quienes hacen negocios en el archipiélago. El comunicado oficial se publicó horas después de conocerse los detalles del proyecto de Ley de Soberanía Nacional que el gobierno argentino elevó al Congreso.

En su declaración, Kumaran reafirmó la posición histórica de Londres sobre las Islas: “Son británicas, sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”.

Y amplió: “En las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos que suministran bienes y servicios, directa e indirectamente, a las Islas, incluyendo en el sector de hidrocarburos”. En esta línea, la funcionaria remarcó que los cargos “contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal”, según el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés).

Kumaran también recordó que Argentina ya recurrió en otras ocasiones a presiones económicas similares contra los isleños, “sin embargo la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”. “El Reino Unido está en plena sintonía con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra individuos por hacer negocios con Islas es ilegítimo. Estos cargos contra empresas e individuos son inaceptables, sin justificación legal. Hay enormes oportunidades disponibles para los negocios”, concluyó.

Esta postura oficial de gobierno británico se inscribe en una secuencia de movimientos que arrancó el 15 de septiembre, cuando publicaron conjuntamente el documento “titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. La guía, dirigida a empresas que operen en el archipiélago o que suministren bienes y servicios de forma directa o indirecta, fijó la posición oficial de Londres ante las acciones legales que Buenos Aires viene ejecutando contra compañías del sector hidrocarburífero.

Ese documento apareció nueve días después de que Argentina presentara denuncias penales contra cinco firmas ligadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte.

En el núcleo de esa guía, el gobierno británico sostiene que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación interna no se aplica dentro de las islas ni sobre las compañías que desarrollan actividades allí. Además, advierte que no ve base jurídica para que tribunales fuera de Argentina ejecuten las medidas que Buenos Aires adopte contra esas firmas.

El gobierno británico, además, ofreció intervención directa para respaldar a subsidiarias o proveedores bajo presión en terceros países, y recomendó a quienes reciban comunicaciones de las autoridades argentinas que busquen asesoramiento legal independiente. El documento también recordó que sanciones impuestas por administraciones argentinas anteriores estuvieron vigentes durante años sin frenar el crecimiento de la economía insular —Rockhopper Exploration ya había sido inhabilitada por veinte años mediante una resolución de 2013, lo que convierte la situación actual en una segunda vuelta de sanciones para la compañía británica.

La reacción de Buenos Aires fue inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su “más enérgico rechazo” al documento y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel —país de origen de Navitas Petroleum, una de las licenciatarias del proyecto Sea Lion— para entregarles notas de protesta formal. En su comunicado, la Cancillería reafirmó que los archipiélagos “se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido” y acusó a Londres de pretender promover “actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas”.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, advirtió el gobierno.

En otro escalón de la tensión, ayer se conoció la Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por Javier Milei y también por los ministros de Economía, Luis Caputo, Defensa, Carlos Presti y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca reemplazar la Ley 26.659 de 2011 por un régimen más amplio que ya venía siendo aplicado a través del Decreto 868/2026.

A diferencia de la norma vigente, limitada a la actividad de hidrocarburos, el nuevo texto extendería las restricciones a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, en zonas que Argentina considera bajo su soberanía. Las penas previstas podrían llegar a los 20 años de prisión para determinadas conductas, con multas, inhabilitaciones y prohibición de operar en el país para los sancionados.

Más allá del régimen sancionatorio, la iniciativa incorpora la creación de un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado e integrado por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, más los titulares de las secretarías de Inteligencia y Legal y Técnica. El esquema apunta a articular de forma permanente las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia del Estado.

El pasado miércoles, en tanto, la Justicia Federal de Río Grande ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion. La decisión cautelar, dictada por la jueza federal Mariel Borruto, alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.