Malvinas: el Gobierno denunció un “entramado societario” para extraer petróleo y pidió investigar asociación ilícita y lavado

El Gobierno presentó esta mañana ante la Justicia Federal una denuncia penal por la existencia de un entramado societario para avanzar en la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización argentina y pidió que se investigue si, además de la violación al régimen hidrocarburífero, hubo asociación ilícita y lavado de activos. La presentación fue firmada por Pablo Quirno y apunta contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El escrito, de 19 páginas y al que accedió Infobae, sostiene que las compañías habrían intervenido con distintos grados de participación en la planificación, organización, financiamiento, contratación y desarrollo de actividades orientadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, un área sobre la que la Argentina reclama y preserva derechos soberanos.

La denuncia fue presentada por Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y retoma el anuncio difundido este domingo por la Oficina del Presidente. La hipótesis oficial parte de que las empresas no solo cuentan con licencias concedidas por autoridades británicas que la Argentina no reconoce, sino que habrían dado pasos concretos para convertir esas autorizaciones en una operación extractiva.

Según el planteo judicial, los elementos reunidos hasta ahora permiten inferir, en forma preliminar, “la existencia de un entramado societario” integrado por diversas personas jurídicas que habrían participado, bajo distintas modalidades, en la ejecución o explotación de actividades hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.

La denuncia ubica al proyecto Sea Lion en una fase de ejecución material

Uno de los ejes centrales de la acusación es la reconstrucción de los pasos que, según el Gobierno, llevaron al proyecto Sea Lion desde una etapa de planificación a una instancia de ejecución. Para sostener esa hipótesis, el Estado citó información societaria, técnica y corporativa difundida públicamente por las propias compañías involucradas.

La presentación afirma que Sea Lion no sería un emprendimiento aislado, sino parte de un conjunto de iniciativas impulsadas en el área de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. En ese marco, menciona como hito clave la Final Investment Decision (FID) adoptada para Sea Lion Northern Development.

De acuerdo con la denuncia, esa decisión implicó “la obtención de los mecanismos de financiamiento, la contratación de infraestructura crítica para el proyecto, la celebración de los principales contratos de ejecución” y la previsión de iniciar la producción comercial de hidrocarburos en 2028. Para el Gobierno, esa secuencia mostraría que el proyecto dejó de ser una expectativa futura para ingresar en una fase material.

El escrito agrega que la documentación técnica describe un desarrollo de explotación comercial offshore cuya primera etapa contempla la perforación de once pozos. Sobre esa base, la acusación enumera como actos materiales la adopción de decisiones finales de inversión, la contratación de infraestructura, la organización logística y la definición de cronogramas para el inicio de la actividad extractiva.

El Gobierno pidió individualizar a ejecutivos y ampliar la pesquisa a otros delitos

La principal figura penal invocada es la prevista en el artículo 7 de la Ley 26.659, que establece penas de cinco a diez años de prisión, además de multa e inhabilitación especial, para quien realice sin autorización actividades hidrocarburíferas en áreas alcanzadas por la norma. La denuncia plantea que la instrucción deberá determinar cuál fue el grado de avance efectivo de las operaciones y qué conducta le correspondió a cada firma.

Además, el Gobierno pidió que la responsabilidad no se limite a las sociedades. La presentación remarca que “la actuación de una persona jurídica no excluye la responsabilidad penal de las personas humanas” y reclama identificar a quienes hubieran adoptado decisiones de planificación, autorización, financiación, dirección, ejecución o supervisión del proyecto.

En ese punto, el escrito describe un esquema en el que Navitas Petroleum Development & Production Ltd. y Navitas Petroleum Atlantic United aparecen vinculadas directamente con el desarrollo hidrocarburífero; Navitas Petroleum LP, como controlante y accionista; JHI Associates Inc., como titular de licencias de exploración y explotación; y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., como accionista y sociedad vinculada a JHI Associates.

La denuncia también recuerda que Navitas Petroleum LP ya registra antecedentes administrativos en la Argentina y que en 2022 fue declarada ilegal su actividad, con una inhabilitación para operar en el país por 20 años. A la vez, solicita que la causa evalúe la posible comisión de delitos ambientales y aduaneros, y que determine si de la estructura societaria y financiera investigada pueden surgir figuras como asociación ilícita o lavado de activos.

Por último, el Gobierno requirió medidas de cooperación internacional para obtener información societaria, registral, bancaria, financiera, contractual y operativa de las personas humanas y jurídicas involucradas. También pidió que, si el avance del expediente lo justifica, se dispongan embargos, inhibiciones, secuestros y otras cautelares para asegurar multas, reparación de daños y un eventual decomiso de bienes o equipos vinculados con los hechos denunciados.