Universidad Nacional alerta que recortar la inversión educativa podría comprometer el futuro de Costa Rica

El Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) lanzó una advertencia sobre el impacto que podría tener una reducción de la inversión educativa en Costa Rica y llamó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a revisar las asignaciones incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

La posición del centro académico parte de un cambio estructural que Costa Rica ya enfrenta: menos nacimientos, mayor esperanza de vida y un acelerado envejecimiento de la población. De acuerdo con el análisis divulgado por la UNA, para 2050 aproximadamente una de cada cuatro personas en el país tendrá 65 años o más.

Para el CIDE, ese escenario no debería utilizarse como argumento para disminuir los recursos destinados a las nuevas generaciones. Por el contrario, considera que el país tendrá que garantizar desde ahora que una población futura proporcionalmente menor en edad de trabajar sea más saludable, mejor educada, altamente calificada y capaz de acceder a empleos de mayor calidad e ingresos.

La preocupación aumenta ante las cifras planteadas para el próximo ejercicio económico. Según el pronunciamiento, el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla una reducción aproximada de ₡19,000 millones (USD 41 millones) para el Ministerio de Educación Pública (MEP) en comparación con el presupuesto vigente de 2026.

Además, el CIDE señaló que Programas de Equidad, que financia alimentación, transporte y otros apoyos dirigidos a estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad, tendría una disminución estimada de ₡2,382 millones (USD 5 millones) respecto al año anterior.

La institución académica cuestionó que este ajuste se plantee en un contexto en el que muchas comunidades enfrentan desigualdad, pobreza, violencia y una creciente presencia del narcotráfico y el crimen organizado.

“El problema no debe analizarse únicamente desde las necesidades financieras inmediatas del Estado. Se trata de preguntarnos qué Costa Rica estamos construyendo para dentro de veinte, treinta y cuarenta años”, planteó el CIDE.

Menos estudiantes, pero mayor inversión por persona

Uno de los principales argumentos de la UNA es que la caída de la natalidad podría convertirse en una oportunidad para mejorar la calidad del sistema educativo.

Al existir cohortes estudiantiles más pequeñas, el país tendría la posibilidad de reducir el tamaño de los grupos, aumentar la atención individualizada, fortalecer la formación docente y recuperar aprendizajes rezagados, en lugar de traducir automáticamente la reducción de matrícula en menores presupuestos.

En educación preescolar y primaria, el CIDE señaló que persisten dificultades en lectura, escritura y comprensión, mientras que en secundaria siguen existiendo retos relacionados con la permanencia de los estudiantes y la calidad de los aprendizajes.

También destacó que los resultados internacionales muestran rezagos en matemática, ciencias y lectura, al mismo tiempo que Costa Rica enfrenta déficits de técnicos y profesionales altamente calificados.

La situación adquiere especial importancia para la competitividad del país, pues una menor cantidad de personas en edad productiva requerirá de trabajadores con mayor preparación y productividad.

En educación superior, el centro considera necesario ampliar la proporción de personas con formación técnica y universitaria, principalmente en áreas científicas, tecnológicas y profesionales vinculadas con las necesidades futuras del mercado laboral.

“Cuando nacen menos niños y niñas, cada uno de ellos adquiere todavía mayor importancia para el futuro colectivo del país”, sostuvo la institución.

Primera infancia y participación laboral

El pronunciamiento también pone atención en la cobertura de servicios educativos y de cuido para menores de tres años, que el CIDE califica como todavía baja en Costa Rica.

Ampliar esos servicios, argumenta, tendría un doble efecto: fortalecer el desarrollo infantil temprano y permitir una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Eso podría contribuir a aumentar la población económicamente activa en momentos en que el envejecimiento demográfico ejercerá una presión creciente sobre las finanzas públicas, la seguridad social y los sistemas de pensiones.

La UNA sostuvo que diferentes organismos y especialistas internacionales han señalado que, en sociedades con baja fecundidad y envejecimiento poblacional, la inversión en salud, educación y capital humano se vuelve aún más determinante para sostener la productividad y el crecimiento económico.

Cuatro peticiones al Gobierno y al Congreso

Ante el escenario, el CIDE formuló cuatro solicitudes principales a las autoridades.

La primera es impulsar un diálogo nacional amplio, plural y vinculante sobre la sostenibilidad de la inversión social y educativa, de manera que las decisiones superen la lógica de los presupuestos anuales.

La segunda consiste en proteger integralmente la inversión social dirigida a primera infancia, niñez, adolescencia y juventud, incorporando áreas como educación, salud, nutrición, cuido, seguridad y protección social.

El tercer planteamiento busca aprovechar la transición demográfica para mejorar la calidad educativa mediante una mayor atención personalizada, acompañamiento pedagógico y mejores condiciones de aprendizaje.

Finalmente, pide proteger y fortalecer la inversión pública en educación en todos los niveles, desde la primera infancia hasta la educación superior, y avanzar hacia el cumplimiento del mandato constitucional sobre financiamiento educativo.

Para el centro universitario, reducir el gasto educativo como respuesta al descenso de nacimientos podría generar consecuencias que solo serían visibles dentro de varias décadas.

“No se protege a las personas adultas mayores debilitando las oportunidades de las generaciones más jóvenes”, señaló el CIDE.

La institución sostiene que quienes hoy son niños, adolescentes y jóvenes serán precisamente quienes sostengan la productividad, el sistema de seguridad social y buena parte de los servicios públicos cuando la población envejecida sea mucho mayor.

Por eso, concluyó con una advertencia sobre el costo de priorizar únicamente las restricciones fiscales actuales.

“Atender nuestra deuda financiera es importante pero también debemos evitar contraer una deuda mucho más difícil de pagar: la deuda que significaría no haber desarrollado plenamente el potencial de las generaciones que deberán sostener Costa Rica dentro de treinta y cuarenta años”, indicó.